Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Rafael Garciaguirre, abogado de dos de los veteranos procesados de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, solicitó al Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado una reconsideración de la audiencia programada hasta marzo de 2027, debido a la salud de los procesados.
«Hemos considerado, en nuestra calidad de defensores particulares de dos veteranos procesados, que el plazo que el tribunal ha establecido para llevarse a cabo esa audiencia es demasiado, tomando en cuenta que el plazo de instrucción (de investigación) ya tiene varios meses de haber prescrito y, por lo tanto, en nuestro entender jurídico y de justicia consideramos que es demasiado el tiempo que la autoridad judicial ha considerado para programar la audiencia”, expresó el profesional.
Para esta petición se han tomado en cuenta dos elementos, uno de ellos el de humanidad y, el otro, jurídico. El primero de ellos, debido a la avanzada edad de los veteranos, quienes padecen de enfermedades crónicas.
“La mayoría están afectados de su salud con enfermedades crónicas y, es más, por esos motivos fue que se suspendió una de las audiencias”, dijo el abogado.
En cuanto al elemento jurídico, se han centrado en dos puntos: en la Constitución de la República y los Tratados Internacionales sobre derechos humanos.
“El artículo 2 de nuestra Carta Magna dice que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad y a ser protegida en la conservación y defensa de tales derechos. Aquí se enmarca entonces la seguridad jurídica tan fundamental”, comentó el abogado en declaraciones a la prensa.
En cuanto a lo que establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos, se trata de normas que El Salvador ha firmado desde hace décadas. “Tenemos el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos donde se establece el derecho a la libertad personal (…), dice que toda persona detenida o retenida tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad”, explicó.
Garciaguirre señala que en la misma Convención Americana, en el artículo 8, habla sobre las garantías judiciales y dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable.
El abogado señaló que el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que durante el proceso toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad a las siguientes características: a ser juzgado sin dilaciones indebidas.
“Toda persona debe ser juzgada sin dilaciones y ahí es donde nosotros hemos considerado basarnos para solicitarle a la autoridad judicial que tenga bien resolver nuestra petición y resolverla a favor de los procesados”, puntualizó Garciaguirre.
Mientras que Lourdes Palacios, del Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas de El Salvador (COFAPPES), señaló que la decisión de trasladar la audiencia hasta marzo de 2027 es una dilatación del proceso judicial. Los veteranos permanecerán 34 meses en prisión «sin ninguna prueba».
Es de recordar que la audiencia única contra los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, Atilio Montalvo, José Santos Melara, Julio Alfonso Mira, José Eliseo Segura, Wilfredo Paredes, Carlos Mejía, Roberto Antonio Esquivel, Eliseo Alvarado Guevara y José Ismael Santos, se ha suspendido en dos ocasiones por supuestos problemas de conexión y por citas médicas de los procesados.
Junto a los veteranos y excombatientes también está detenido el comunicador Luis Alberto Menjívar. Todos fueron acusados hace más de 2 años por presuntos actos terroristas; sin embargo, la FGR no ha logrado probar esas acusaciones.
“Consideramos que es injusto que se esté retrasando todavía más esa ‘detención provisional’ porque no hay pruebas, la Fiscalía no tiene pruebas y retrasar para marzo expone a las personas a sus condiciones de salud. Por la edad de los procesados se enfrentan a estos padecimientos crónicos pero también a la mala atención que existe en los centros penales, como quedó demostrado en el caso de Atilio Montalvo que por esa mala atención de su salud estuvo a punto hasta de perder su vida”, destacó Palacios.
A su juicio, este caso es “político” y se han convertido en “víctimas del régimen”. “Es evidente que al postergar la audiencia para marzo de 2027, justo un mes después de las elecciones, pueden convertirse en cualquier ficha de cambio pero también los vuelve a ellos sujetos de decisiones políticas y no de un sistema judicial independiente”, finalizó.
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