Redacción Nacionales
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El sector docente salvadoreño enfrenta una doble crisis marcada por el deterioro de sus ingresos tras el retiro y la parálisis en obras de infraestructura educativa. Así lo advirtió el dirigente de Bases Magisteriales, Paz Zetino Gutiérrez, durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, donde cuestionó el manejo de los fondos previsionales y la ejecución presupuestaria en el ramo de Educación.
Uno de los puntos expuestos por el representante gremial radica en la situación de los maestros jubilados. Según estimaciones del sindicato, más del 90 % del profesorado retiró el anticipo del 25 % de su cuenta individual de ahorro para pensiones. Zetino Gutiérrez rechazó las declaraciones de algunos diputados oficialistas que calificaron de “irresponsables” o “sinvergüenzas” a quienes accedieron a dicho porcentaje.
El dirigente explicó que la decisión de retirar esos fondos —que para un docente con un ahorro acumulado de 30,000 dólares el 25 % representó entre 7,000 y 8,000 dólares— obedeció a los bajos salarios del magisterio. Detalló que un educador requiere trabajar entre 30 y 35 años para alcanzar un sueldo cercano a 1,000 dólares mensuales, lo que obliga a cubrir gastos de transporte, alimentación y deudas durante toda su carrera.
La consecuencia de haber retirado ese anticipo se refleja hoy en el monto de sus jubilaciones. Mientras la reforma previsional vigente elevó la pensión mínima a 400 dólares para quienes no tocaron sus ahorros, los docentes que retiraron el 25 % quedaron excluidos del ajuste y perciben una asignación bruta de 304 dólares. Tras los descuentos de servicios de salud, el ingreso líquido ronda apenas los 280 dólares mensuales.
“¿Cómo un adulto mayor, que entregó su vida a la enseñanza y padece enfermedades propias de la vejez, puede subsistir o acceder a medicina privada con 280 o 304 dólares?”, cuestionó Zetino Gutiérrez, quien criticó que el Estado haya utilizado más del 80 % de los fondos de pensiones —más de 8,000 millones de dólares— tras suspender durante cuatro años el pago de intereses y capital, provocando pérdidas individuales superiores a 3,000 dólares.
Ejecución presupuestaria en Educación
En el ámbito financiero del sector educativo, el representante de Bases Magisteriales denunció una brecha constante entre los montos aprobados y los recursos ejecutados. Con base en registros del Ministerio de Hacienda y del Banco Central de Reserva (BCR), procesados por el economista José Luis Magaña, en 2025 el presupuesto votado para Educación equivalió al 4.19 % del Producto Interno Bruto (PIB), pero el gasto devengado cerró en 3.63 %.
La tendencia continuó en 2026: de una asignación equivalente al 4.41 % del PIB, hasta agosto solo se había ejecutado el 2.68 %. Para Zetino Gutiérrez, esta disparidad —sumada al anuncio de que el presupuesto de 2027 proyecta alcanzar el 8.1 % del PIB— responde a un diseño propagandístico o a una estrategia de ahorro que deja sin financiamiento la inversión pública y el funcionamiento escolar.
El Gobierno hace alarde del presupuesto en Educación, pero desde el 2021 la ejecución con lo aprobado es bajo.
Para el otro año, el Gobierno ha presupuestado el 8 % del PIB; pero, de acuerdo con la experiencia, la ejecución será menor, con el agravante de que el 8 % es inflado, pues, han agregado partidas de otros ministerios, como la DOM, el MOP y hasta de la Asamblea Legislativa.
Aulas cerradas y clases en condiciones adversas
El impacto de la baja ejecución presupuestaria se refleja en el programa gubernamental «Dos escuelas por día», lanzado en mayo de 2025. Según los datos oficiales revisados por la gremial, tras 17 meses de vigencia se han intervenido 1,090 centros educativos, pero únicamente 225 obras han terminado, y no todas fueron entregadas a las comunidades.
Esta situación mantiene fuera de sus instalaciones a 865 grupos de estudiantes y docentes.
Zetino Gutiérrez relató que en múltiples planteles las entidades ejecutoras —la Dirección de Obras Municipales (DOM), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y Centros Penales— ordenan desalojar y cerrar las escuelas bajo la promesa de iniciar trabajos inmediatos, pero las obras quedan paralizadas durante meses.
Sin presupuesto para alquilar locales adecuados, directores y maestros se han visto obligados a impartir clases en casas comunales, iglesias, viviendas particulares o corredores improvisados sin agua potable ni servicios sanitarios suficientes. Para Bases Magisteriales, estas condiciones provocan un daño pedagógico severo en el aprendizaje, comparable al rezago registrado durante la pandemia.
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