Saúl Méndez
Colaborador
La Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES) rechazó las declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, quien el pasado 16 de noviembre acusó a las organizaciones defensoras de derechos humanos de buscar mantener al país “pobre y violento”. La entidad calificó estos señalamientos como estigmatizantes y advirtió que representan un ataque contra la labor de defensa y promoción de los derechos fundamentales.
Las declaraciones del funcionario fueron brindadas durante la II Conferencia Internacional sobre Estado y Democracia (CIED 2026), donde también cuestionó el papel de los organismos internacionales y defendió la continuidad del régimen de excepción con base en cifras oficiales de seguridad.
Ante estas afirmaciones, la CDHES manifestó que las organizaciones de derechos humanos no defienden estructuras criminales ni buscan el retroceso del país, sino que su labor consiste en proteger a las personas inocentes, acompañar a las víctimas de abusos de poder y velar por el cumplimiento del Estado de derecho.
La Comisión advirtió que estigmatizar a quienes documentan posibles vulneraciones de derechos humanos es una forma de silenciar las voces críticas y desviar la atención de las responsabilidades del Estado.
La CDHES también sostuvo que la seguridad ciudadana no es incompatible con el respeto a los derechos fundamentales.
“La verdadera pacificación de una sociedad no se sostiene únicamente sobre estadísticas de reducción de homicidios, sino sobre el respeto irrestricto al debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías constitucionales. Presentar detenciones masivas y la suspensión permanente de derechos como el único camino viable ignora el dolor de miles de familias salvadoreñas que sufren detenciones arbitrarias”, sostuvo.
La CDHES también expresó su preocupación por las denuncias de vulneraciones a derechos humanos registradas durante el régimen de excepción. Según la organización, la sociedad civil ha documentado más de 6 000 denuncias y cientos de personas han fallecido bajo custodia estatal sin haber sido vencidas en juicio, por lo que consideró que el Estado debe investigar cada una de las muertes ocurridas en centros penitenciarios y garantizar una reparación integral a las personas que fueron detenidas injustamente.
Otra de las observaciones de la Comisión fue la importancia de respetar los compromisos internacionales adquiridos por El Salvador en materia de derechos humanos. Advirtió que descalificar el escrutinio de los organismos internacionales debilita la institucionalidad democrática y recordó que el Estado tiene la obligación de rendir cuentas y garantizar condiciones adecuadas para el trabajo de personas defensoras y periodistas.
La CDHES exigió el cese de los discursos de estigmatización por parte de funcionarios públicos contra organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales; el restablecimiento de las garantías constitucionales y la derogatoria del régimen de excepción.
Asimismo, demandó investigaciones independientes, transparentes y exhaustivas sobre las muertes en centros penitenciarios y las detenciones arbitrarias, además de garantizar el acceso a la justicia, el debido proceso y la libertad de las personas inocentes privadas de libertad.
”La CDHES reitera su compromiso inquebrantable de acompañar al pueblo salvadoreño, documentar la verdad y defender la dignidad humana frente a cualquier forma de autoritarismo”, concluyó.
Diario Co Latino 134 años comprometido con usted