MIENTRAS AVANZA EL CIRCO ELECTORAL, SE PREPARA EL AJUSTE

La clase trabajadora salvadoreña debe mirar más allá de las elecciones de 2027

Erick Zelaya*

El Salvador comienza a entrar nuevamente en tiempo electoral. Los partidos hacen cálculos, aparecen candidaturas, se reorganizan alianzas, empiezan las disputas por espacios y el debate público poco a poco será empujado hacia la pregunta de quién participa, quién se abstiene, quién consigue una candidatura y quién logra algunos votos.

Durante los próximos meses nos querrán hablando de elecciones. Pero mientras las luces apuntan hacia el escenario electoral, detrás del telón avanza algo bastante más importante para la vida cotidiana de la clase trabajadora salvadoreña: la profundización del ajuste económico que tiene 2027 como un año decisivo.

No se trata simplemente de una especulación política. Los documentos del acuerdo entre el Gobierno salvadoreño y el Fondo Monetario Internacional permiten conocer la dirección general del proceso. El programa contempla una mejora del balance primario subyacente equivalente aproximadamente al 3.5 % del PIB durante tres años, con una parte sustancial del ajuste concentrada en el gasto público. Y 2027 está dentro de ese horizonte. Por eso la clase trabajadora debería comenzar a hacerse una pregunta diferente a la que dominará la propaganda electoral:

¿Qué escenario económico y laboral se está preparando para después de las elecciones?

Lo que está escrito: Hay datos que deberían preocupar seriamente al movimiento sindical.

La programación original del acuerdo con el FMI calculó que las medidas sobre ingresos aportarían alrededor del 0.7 % del PIB al ajuste acumulado para 2027. Por el lado del gasto, en cambio, se proyectaban medidas equivalentes al 2.8 % del PIB. Dentro de ellas se contemplaba una reducción de la masa salarial equivalente al 1.6 % del PIB, recortes en bienes y servicios equivalentes al 1 % y una racionalización de transferencias municipales de aproximadamente 0.2 %.

En conjunto, el ajuste previsto llegaría al 3.5 % del PIB para 2027.

Detrás de esos porcentajes hay clase trabajadora, hay plazas, hay salarios, hay hospitales, escuelas, municipalidades e instituciones públicas, hay familias que dependen de esos ingresos. Por eso cuando desde Washington o desde los escritorios gubernamentales se habla de «consolidación fiscal», el movimiento sindical tiene la obligación de traducir esas palabras al lenguaje concreto de la clase trabajadora.

Y el propio programa permite hacerlo, entre las medidas inicialmente señaladas aparecen eliminación de plazas vacantes, prohibición de incrementos salariales, modificaciones en mecanismos salariales del sector salud, restricciones a nuevos beneficios laborales, reducción real de determinados gastos y una reforma integral del servicio civil. (ley de la función pública).

La revisión posterior del programa agregó algo todavía más importante: la reforma del servicio civil debía buscar, entre otras cosas, relacionar las remuneraciones públicas con productividad y calificaciones, endurecer los criterios de contratación y contribuir a reducir la masa salarial del sector público en aproximadamente 1.5 % del PIB hacia 2027. Entonces la discusión no es si existe o no una orientación hacia el ajuste. Existe. Está documentada. La verdadera discusión es hasta dónde llegará.

 El escenario más negativo probable

El escenario que la clase trabajadora debe considerar no consiste necesariamente en un anuncio espectacular de decenas de miles de despidos durante un solo día.

Puede ser mucho más complejo. Después de años de reducción del empleo público, el ajuste puede entrar en una fase más estructural: menos plazas, congelamiento salarial, jubilaciones que no se reemplazan, contratos que no se renuevan, instituciones que se fusionan, funciones que se centralizan, servicios que se tercerizan y trabajadores públicos que terminan sustituidos por trabajadores privados más baratos y con menor estabilidad laboral.

El Estado seguiría funcionando. Pero funcionaría con menos empleo público estable, y eso puede presentarse bajo palabras aparentemente neutras: supresión, modernización, eficiencia, productividad, racionalización, transformación institucional o digitalización. Para la familia trabajadora el nombre importa bastante menos que el resultado, si desaparece el puesto de trabajo, desaparece el salario. Si el salario permanece congelado mientras aumenta el costo de vivir, desaparecen prestaciones, disminuye el salario real.

Si una actividad pública pasa a una empresa contratista, el trabajo puede continuar existiendo mientras desaparecen la estabilidad, determinadas prestaciones y parte de la capacidad de organización sindical. Eso sería una reestructuración del Estado como empleador.

Después vendrán las pensiones

El programa con el FMI también coloca la sostenibilidad del sistema de pensiones entre las reformas estructurales necesarias. El propio Fondo identifica conjuntamente la eficiencia del servicio civil y la viabilidad del sistema previsional como componentes de la estrategia fiscal.

Aquí la alarma debe extenderse del sector público hacia toda la clase trabajadora. Porque un despido afecta inmediatamente al trabajador despedido y a su familia, una reforma de pensiones afectará a generaciones enteras de trabajadores públicos y privados. Edad de retiro, años necesarios para pensionarse, cotizaciones, aportes patronales, monto de las pensiones, financiamiento del sistema, uso de los fondos acumulados.

Cada una de estas cuestiones toca directamente una parte del salario que los trabajadores han producido durante décadas. Todos estos cambios están a la vuelta de la esquina y se cocinan mientras nos concentramos en las elecciones, sería una irresponsabilidad sindical esperar hasta que una reforma llegue terminada a la Asamblea Legislativa para comenzar a discutirla y a prepararnos para detenerla o peor aún reaccionar a una reforma regresiva hasta que esté aprobada. La clase trabajadora debe entrar al debate antes.

Primero las elecciones; después, ¿la factura?

Aquí aparece el problema político, El país camina hacia las elecciones de 2027. El propio Tribunal Supremo Electoral ya desarrolla oficialmente el ciclo electoral correspondiente, los partidos políticos todos representantes de fracciones de la burguesía han lanzado sus candidatos, eso significa que durante meses una parte enorme de la discusión nacional girará alrededor de candidaturas, partidos, propaganda, encuestas, disputas electorales y cálculos políticos, ese ruido puede convertirse en la mejor cortina para que las cuestiones económicas fundamentales pasen a segundo plano. Y existe además una coincidencia que el movimiento sindical debería observar cuidadosamente. El programa con el FMI contempla revisiones durante marzo y septiembre de 2027, vinculadas al cumplimiento de metas previamente establecidas. Por eso debemos mirar 2027 no solamente como un año electoral. Debemos mirarlo también como un año de cumplimiento del programa de ajuste.

Mientras unos estarán contando votos, la clase trabajadora tendrá que contar plazas, mientras unos discutirán candidaturas, nosotros tendremos que revisar salarios, mientras unos repartirán propaganda electoral, nosotros tendremos que estudiar el presupuesto. Porque la pregunta fundamental no será solamente quién resulte electo. Será: ¿quién pagará la factura del ajuste?

El peligro de discutir únicamente quién participa en las elecciones

La clase trabajadora salvadoreña no puede permitirse quedar atrapada durante meses en una discusión exclusivamente electoral. ¿Participar?, ¿No participar?, ¿apoyar X candidato?, ¿llamar a votar o a no votar?, todas esas discusiones pueden tener importancia política. Pero ninguna responde por sí misma a la pregunta fundamental: ¿qué hacemos frente al ajuste que ya está en marcha?

Un trabajador despedido no recuperará su empleo porque una organización haya obtenido algunos votos, una trabajadora cuyo salario pierde poder adquisitivo no resolverá su situación porque un dirigente consiga una candidatura, un pensionado no defenderá su pensión mirando propaganda electoral, y un sindicato destruido no se reconstruye cada tres o seis años alrededor de una urna. Se reconstruye organizando trabajadores.

El ajuste puede golpear también al sector privado

Sería otro grave error considerar este problema exclusivamente como una cuestión de empleados públicos. Si disminuye el empleo estatal, se contienen salarios, se reducen determinadas transferencias y se contrae gasto corriente, existe potencial para efectos sobre el resto de la economía. Menor ingreso disponible significa menor consumo, menor consumo golpea al comercio y los servicios, la tercerización puede trasladar trabajadores hacia empleos privados más precarios. Y una eventual reforma previsional alcanzaría directamente a trabajadores del sector privado.

Por eso la respuesta tampoco puede ser únicamente: defendamos el empleo público. Tiene que ser: defendamos las condiciones de vida de toda la clase trabajadora: Empleados públicos y privados, trabajadores industriales, maestros, personal de salud, trabajadores municipales, maquila, comercio, construcción, servicios, trabajadores por cuenta propia empobrecidos, jubilados y futuros pensionados. Aquí existe una posibilidad de reconstruir algo que años de fragmentación sindical han debilitado: una agenda común de clase.

Hay que prepararse antes del golpe

El sindicalismo salvadoreño ha cometido demasiadas veces el error de reaccionar después. Después del despido, después de la reforma, después de la captura, después de la desaparición de una organización, después de la aprobación de una ley.

Esta vez tenemos elementos para anticiparnos. El programa económico está publicado. Las metas existen, el horizonte 2027 está establecido.

Por tanto, desde ahora debería construirse un seguimiento sindical permanente del Presupuesto 2027, las plazas públicas, las remuneraciones, las reformas al servicio civil, los contratos externos, las transferencias municipales y cualquier propuesta relacionada con pensiones.

Eso permitiría pasar de la denuncia posterior a la alerta temprana y la organización preventiva.

No esperar a 2027

El peor escenario no sería únicamente que venga una nueva fase del ajuste. El peor escenario sería que llegue y encuentre nuevamente a la clase trabajadora fragmentada, desorganizada y entretenida en una disputa electoral ajena a sus necesidades inmediatas.

Por eso el momento de discutir el Presupuesto 2027 no es cuando esté aprobado, es ahora, el momento de discutir las pensiones no es cuando aparezca una reforma terminada, es ahora, el momento de organizar a los trabajadores amenazados por nuevas reestructuraciones no es después de recibir la carta de despido, es ahora, y el momento de reconstruir organización sindical tampoco puede quedar subordinado al calendario electoral. Porque mientras el país observa el espectáculo de las candidaturas, existe un calendario económico que continúa avanzando.

Ese calendario tiene metas fiscales, tiene reducción del gasto, tiene reforma del servicio civil, tiene pensiones pendientes, y tiene 2027 marcado como un año fundamental del proceso de consolidación fiscal.

Que el ruido electoral no nos impida escuchar lo que viene

La advertencia a la clase trabajadora salvadoreña es sencilla:

No se distraigan.

Mientras nos quieren convertir nuevamente en espectadores de una competencia electoral, se están definiendo decisiones que pueden afectar nuestros salarios, nuestros empleos, nuestros servicios públicos y nuestras futuras pensiones.

No sabemos todavía cuál será la profundidad definitiva del ajuste de 2027. Pero conocemos su dirección, conocemos compromisos importantes y conocemos quiénes suelen terminar pagando las políticas de austeridad cuando los trabajadores no tienen fuerza organizada suficiente para disputar sus consecuencias.

Por eso nuestra respuesta no puede ser esperar, hay que organizar, hay que informar, hay que documentar, hay que unir las luchas del sector público y privado, hay que defender salarios, empleo, contratos colectivos, servicios públicos y pensiones, y sobre todo, hay que recuperar la independencia política de la clase trabajadora.

Porque cuando termine el circo electoral, cuando se apaguen las tarimas, se retiren las banderas y desaparezca la propaganda, la clase trabajadora seguiremos allí: En las fábricas, en los hospitales, en las escuelas, en las municipalidades, en los comercios, en los servicios. Produciendo la riqueza que mantiene funcionando este país.

Y si detrás de las elecciones de 2027 se prepara una profundización del ajuste, la clase trabajadora no debe esperar sentada a conocer cuánto le tocará pagar.

Debe comenzar desde ahora a organizar la resistencia.

*Luchador social, Sindicalista en El Exilio y Columnista