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Redacción Nacionales
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La violencia que durante décadas afectó a El Salvador no surgió de manera repentina ni puede explicarse únicamente por la aparición y expansión de las pandillas. “Las pandillas desaparecieron visiblemente, pero eso no quiere decir que la pandilla ha terminado”, manifestó Juan Carlos Torres, director de la Maestría en Cultura de Paz de la Universidad Don Bosco.
Para el académico, el fenómeno de la violencia es resultado de un largo proceso histórico marcado por la guerra, la posguerra, la exclusión social, la falta de oportunidades para los jóvenes y políticas de seguridad que privilegiaron la represión sobre la prevención.
Durante una entrevista en el programa Encuentro con Julio Villagrán, Torres sostuvo que para comprender la violencia actual es necesario revisar sus antecedentes. Recordó que el país atravesó una prolongada etapa de violencia política durante el siglo XX y que, con la guerra civil, las muertes alcanzaron cifras cercanas a 80,000 personas. Sin embargo, señaló que la violencia no terminó con la firma de los Acuerdos de Paz.
Según su análisis, la transición de la guerra a la paz dejó importantes problemas sin resolver. Muchos excombatientes, tanto de la guerrilla como de las Fuerzas Armadas, tuvieron dificultades para incorporarse a la vida económica y social, mientras las comunidades arrastraban resentimientos, pérdidas familiares y profundas fracturas. A ello se sumaron las deportaciones de jóvenes vinculados a pandillas desde Estados Unidos, quienes regresaron a comunidades marginalizadas sin suficientes mecanismos de reinserción.
El resultado fue la transformación de la violencia. Con el fin del conflicto armado desapareció el enemigo claramente identificado, pero surgieron nuevas expresiones criminales relacionadas con secuestros, tráfico de armas, narcotráfico y posteriormente estructuras pandilleriles que fueron consolidando el control territorial.
Torres cuestionó las respuestas exclusivamente represivas implementadas desde comienzos de la década de 2000. Durante el gobierno de Francisco Flores se impulsó el plan Mano Dura, mientras que posteriormente, durante la administración de Antonio Saca, se implementó el Plan Súper Mano Dura. Estas políticas buscaban contener el crecimiento de las pandillas mediante capturas y encarcelamientos.
Sin embargo, según el académico, las redadas y detenciones no resolvieron el problema. En muchos casos, los jóvenes capturados recuperaban su libertad pocos días después y regresaban a sus comunidades con mayor resentimiento. Al mismo tiempo, el sistema penitenciario terminó convirtiéndose en un espacio desde el cual las estructuras criminales podían organizarse.
La separación de pandillas en distintos centros penitenciarios también contribuyó, de acuerdo con Torres, a fortalecer su organización interna. Los líderes capturados comenzaron a mantener capacidad de comunicación y control sobre los territorios, mientras las estructuras que anteriormente se enfrentaban en las calles adquirían mayores niveles de coordinación.
Frente a la estrategia represiva surgieron programas de prevención de violencia. Torres explicó que durante esos años se desarrollaron iniciativas con participación de municipios, organizaciones comunitarias y cooperación internacional. Los observatorios de violencia permitieron identificar zonas de mayor incidencia delictiva y diseñar acciones de prevención.
La lógica era modificar las condiciones que favorecían el delito. Mejorar la iluminación, recuperar espacios públicos, construir canchas y organizar actividades culturales y deportivas eran parte de una estrategia que buscaba reducir las oportunidades para la comisión de delitos.
Posteriormente, durante el gobierno de Mauricio Funes tomó fuerza una estrategia basada en la prevención social y el diálogo. Torres explicó que se impulsaron consejos municipales de prevención de violencia, con participación de organizaciones comunitarias, instituciones públicas, Policía Nacional Civil y otros sectores.
En ese contexto también surgió la llamada tregua entre pandillas de 2012 y 2013. Torres aclaró que Funes no se presentó directamente como mediador, sino como facilitador de un proceso destinado a que las dos principales estructuras pandilleriles alcanzaran acuerdos para disminuir los homicidios.
El proceso contó con la participación de intermediarios y diferentes sectores, entre ellos representantes religiosos, funcionarios públicos y organismos internacionales. La Organización de Estados Americanos también tuvo presencia en el proceso.
La tregua permitió una reducción significativa de los homicidios, pero terminó colapsando. Torres sostuvo que las pandillas consideraron incumplidos algunos compromisos y posteriormente se produjo una nueva escalada de violencia. El país alcanzó en 2015 una tasa de homicidios de alrededor de 103 por cada 100,000 habitantes, uno de los niveles más elevados registrados en la historia reciente.
Para Torres, la experiencia demuestra que la violencia no puede enfrentarse únicamente con medidas de fuerza. Tampoco considera suficiente recurrir exclusivamente al diálogo sin mecanismos institucionales sólidos. La prevención, la participación comunitaria y la atención de las condiciones sociales que favorecen la violencia deben formar parte de una política integral.
El académico también llamó la atención sobre el papel de los jóvenes. Recordó que durante años las políticas públicas no escucharon suficientemente a las nuevas generaciones ni atendieron sus necesidades de educación, empleo, participación y oportunidades.
La discusión sobre las raíces de la violencia cobra relevancia nuevamente en el contexto del régimen de excepción vigente desde 2022. En la actualidad, luego de cuatro años de Régimen de Excepción, duda de la erradicación de las pandillas, como lo muestra la narrativa gubernamental.
“Las pandillas desaparecieron visiblemente, pero eso no quiere decir que la pandilla ha terminado; el gobierno los llama remanentes, en El Salvador la violencia pandilleril ha desaparecido pero la violencia social sigue vigente”, manifestó Juan Carlos Torres.
El Salvador enfrenta el desafío de construir una paz sostenible. La experiencia de las últimas décadas muestra que la violencia puede transformarse y adoptar nuevas expresiones cuando las causas sociales permanecen sin resolver.
El reto, por tanto, no consiste únicamente en reducir los homicidios, sino en evitar que las nuevas generaciones reproduzcan los ciclos de violencia que han marcado al país. Para ello, la prevención, la inclusión social y la construcción de una cultura de paz siguen siendo componentes fundamentales.
