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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Alejandro Díaz, abogado de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, que integran la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, señaló que existen muchas situaciones que pueden considerarse delitos de Lesa Humanidad en el país, que el derecho internacional contempla en el Estatuto de Roma, lo que puede activar la Corte Penal Internacional (CPI).
“Se están configurando graves violaciones a derechos humanos, delitos internacionales desde la desaparición de corta duración, la desaparición forzada, la tortura que nos llevan al artículo 7 del Estatuto de Roma, crímenes de lesa humanidad como en el pasado conflicto con violaciones sistemáticas y generalizadas contra población civil”, ejemplificó Diaz.
El Artículo 7 del Estatuto de Roma contempla como “Crímenes de Lesa Humanidad” cualquier acto que se cometa como parte de un “ataque generalizado o sistemático en contra de una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.
Los delitos a los que se refiere el artículo anterior son : asesinatos, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional, torturas, violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, persecución de un grupo o colectividad y desaparición forzada de personas, entre otros.
El Salvador ha ratificado el Estatuto de Roma y, efectivamente, se configuran muchas situaciones de estas del artículo 7 y el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional (CPI), dijo. Antes se deben agotar todas las instancias nacionales, como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), ante la Procuraduría General de la República (PGR)”, dijo.
“Y así vamos construyendo el argumento y los casos que son ejemplarizantes porque son miles de casos de graves violaciones. Como el caso de Juan Castillo, que luego de ser liberado dos años después de ser detenido bajo el régimen de excepción fue entregado a su madre y falleció 13 días después, y no estaba vinculado a ningún grupo delictivo”, expresó Díaz.
El informe “Régimen de Excepción: Tres Años de Violaciones Sistemáticas y Generalizadas a los Derechos Humanos” contiene una propuesta para que el Estado de El Salvador retome las recomendaciones de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)”, por considerar que son salidas viables para las autoridades, lo que implica corregir estas acciones de vejámenes contra la población.
“Una de las principales recomendaciones (CIDH) es derogar este régimen de excepción, y generar medidas de reparación concretas que nunca se han realizado en el país. Porque se sigue revictimizando a mucha población”, comentó.
“Nosotros, como Tutela Legal hemos recibido casos de comités o comunidades que en la guerra fueron victimizados y sus casos no han llegado a la justicia, hablamos de masacres de El Mozote, El Sumpul, La Quesera, las masacres de San Vicente y Cabañas que están paralizadas con una intención de no llevar a la justicia a los responsables de ese grupo militar que sigue apoyando estas políticas represivas”, manifestó Alejandro Díaz.
Habeas corpus en silencio administrativo de la CSJ
El director de Tutela Legal “MJH”, Ovidio Mauricio, sostuvo que los Habeas corpus presentados ante la Corte Suprema de Justicia, que no fueron resueltos, están ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como el caso de los ambientalistas de Santa Marta, Cabañas.
“Aquí hablamos de una situación sistemática en esto y eso significa que hay violaciones gravísimas de lesa humanidad que podrían presentarse ante la CPI, perfectamente. Como organizaciones debemos agotar primero las instancias nacionales y regionales, para poder llegar hasta la CPI, ya nos hemos planteado eso y puede ser que presente posteriormente”, reafirmó Mauricio.
Miguel Montenegro, de la CDHES, consideró que con los casos que se han venido documentando en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (CIDH/Corte IDH), y el Sistema Universal de Naciones Unidas (ONU) “ya tienen conocimiento estos organismos de lo que está pasando en el país”.
“Ya ha habido resoluciones y recomendaciones, pero el gobierno de El Salvador, está cerrado a no responder a las peticiones que ha hecho el sistema universal e interamericano. Y como organizaciones de la sociedad civil hemos estado documentando estos delitos que tienen que ver mucho con el derecho internacional”, reiteró.
“Es muy importante en el sistema de la Corte Penal Internacional reunir una serie de elementos suficientes para encontrar todos esos hechos cometidos por el Estado y están contemplados en el Estatuto de Roma, que vienen a establecen que un gobierno, funcionario o civil, que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, procede a dictaminar la captura, como el caso de Netanyahu”, concluyó Montenegro.
