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3 años de régimen
Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“El Salvador ha retrocedido en los pequeños avances de fortalecimiento de la institucionalidad y respeto a los derechos humanos logrados a partir de la firma de los Acuerdos de Paz”, dijo Alejandro Díaz, de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
“Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos se cuentan por miles y no existe institucionalidad en el país que dé respuesta a las masivas denuncias de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos de personas bajo tutela del Estado y delitos sexuales, entre otros”, agregó Díaz.
Miembros de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, acompañados por el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), Comisión de Derechos Humanos El Salvador (CDHES) y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica de El Salvador, presentaron el informe “Régimen de Excepción: Tres Años de Violaciones Sistemáticas y Generalizadas a los Derechos Humanos”.
Sobre los tres años de “Estado de Excepción”, Alejandro Díaz declaró que es una “política de seguridad” que ha vulnerado derechos humanos en los últimos años, sumado a los 6 seis años de gobierno que calificó de “continuismo” desde el cual se ejerce este tipo de graves violaciones de derechos humanos de la ciudadanía.
“El informe presenta los antecedentes de esta situación, y se señala la continuidad de políticas de represión que no son ajenas a los anteriores gobiernos y se evidencian más como las violaciones a derechos humanos y acuerdos con las pandillas, luego de noticias internacionales. Y claro también, hechos de corrupción”, indicó.
“Y lamentablemente, el incremento de la militarización en la seguridad no es nada ajeno a otros gobiernos. Y en esa línea se presentan esos antecedentes en el informe que presenta como se fue construyendo este régimen, la cooptación de las instituciones del Estado, el golpe al Sistema Judicial y consolidar leyes represivas en el país”, reiteró Díaz.
El informe también recoge las últimas reformas que han generado “captura de personas inocentes”, que por consecuencia ha generado el hacinamiento penitenciario: esas reformas destacan la construcción de pruebas irregulares, reformas a la ley juvenil, los juicios masivos, que serán implementados dentro de unos meses.
Todo este régimen y políticas se están aplicando a las defensores y defensoras de derechos humanos en El Salvador, como lo hemos denunciado esta semana por el incremento de la persecución y las capturas, y solo solicitamos un debido proceso para estas personas defensoras, añadió.
“Llevamos más de 415 casos registrados, MOVIR tiene su registro actualizado todos los días, porque no hay cifras oficiales. Y son más de 85 mil detenidos. Esta cifra va a aumentar y lo seguiremos denunciando”, sostuvo Díaz.
Estado de excepción genera miedo y control social
Mientras, Samuel Ramírez, señaló que comparten las valoraciones y cifras del informe de Tutela Legal, ya que como Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), recaban a diario y directamente información de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
“Recordemos, somos un movimiento que nace a partir del régimen y con Tutela Legal hemos presentado más de 600 Habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia. Aquí, la PDDH es un cero a la izquierda, no está haciendo su papel, y la procuradora, debería renunciar por dignidad”, indicó Ramírez.
“Nos hicimos presentes ante la Procuraduría General de la República, para pedir a esos funcionarios que cumplan con sus deberes; también en la Fiscalía General de la República, por los actos arbitrarios en la Asamblea Legislativa e incluso llegamos al mismo comisionado de derechos humanos, Andrés Guzmán, que renunció hace unos días. A él, presentamos 258 expedientes de personas inocentes, de acuerdo a la documentación que revisamos y sin ningún resultado”, sostuvo Ramírez.
En cuanto a las víctimas, señaló que algunas familias denunciantes han recibido llamadas para verificar esa información presentada, pero de este proceso no les ha dado una respuesta gubernamental sobre esas capturas arbitrarias de sus familiares, porque no tienen vínculos con grupos de pandillas o maras.
“Creemos que el régimen no está dispuesto a liberar a los inocentes. Hay una estrategia de dar largas a la Fiscalía para que no agilice esas condenas o la libertad de muchas personas, porque el régimen además de ser una herramienta que combate a las pandillas, también es una herramienta que le permite gobernabilidad a Bukele”, afirmó Ramírez.
“Ya se acostumbró a puro miedo someter al pueblo salvadoreño, hemos visto la persecución a la comunidad El Bosque, Ivania Cruz, Rudy Joya, Alejandro Henríquez, el pastor Ángel Pérez y la captura de Fidel Zavala. Y ya por cumplir un año de la captura de los dirigentes de la Alianza Salvador en Paz, de Pepe, Juan Melara, Atilio Montalvo, que son personas firmantes de la paz en este país”, expresó.
Para el coordinador del MOVIR, la incertidumbre del paradero o la situación de vida de familiares capturados, mantiene en zozobra a «madres buscadoras», de sus seres queridos. Lo que calificó como un delito de parte de las autoridades por la situación de desaparición forzada de la ciudadanía salvadoreña.
“Muchos casos no se sabe qué pasó con ellos, no sabemos si están vivos o muertos, no hay visitas familiares, ni los abogados pueden entrar para hablar con estas personas, entonces, creemos que hay una situación lamentable a tres años del régimen”, opinó.
“Felicitamos a Tutela Legal por este valiente informe y pedimos a la comunidad internacional que ponga más atención a El Salvador, porque la represión se está agudizando. Y los líderes de derechos humanos tienen miedo de alzar la voz, porque el régimen no perdona a nadie. Por esto pido unirnos y exigir el respeto de los derechos humanos y realmente contar con un Estado de Derecho”, manifestó Ramírez.
