Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
A través de un comunicado de prensa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “mantiene serias preocupaciones por los impactos en los derechos humanos derivados de la prolongación excesiva e indebida del régimen de excepción en El Salvador”.
El régimen de excepción como política pública de seguridad lleva impuesta más de 4 años, pues se aprobó el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte en los homicidios; sin embargo, por investigaciones periodísticas de El Faro se conoció que dicha matanza se dio luego que se cayeran las negociaciones que tenía el gobierno de Bukele con las pandillas para reducir el número de homicidios.
La Asamblea Legislativa ha aprobado 49 prórrogas consecutivas; la más reciente, el 26 de marzo de 2026. Con ello, se mantiene la suspensión de los derechos a la defensa y la inviolabilidad de las comunicaciones, así como la ampliación del plazo de detención administrativa.
Según el último decreto oficial de extensión, la renovación se motivó en “la aún existencia de grupos terroristas” que “de no erradicarse por completo su accionar, permitiría un retroceso a los logros obtenidos”.
Desde el inicio del régimen han sido detenidas más de 91,500 personas, según información del mismo Gobierno salvadoreño; a partir de ello, organizaciones de la sociedad civil estiman que la población penitenciaria en el país superaría actualmente las 130 mil personas privadas de libertad. Asimismo, se habrían registrado al menos 500 muertes bajo custodia estatal entre el inicio del régimen de excepción y el 10 de marzo de 2026.
La CIDH, en su informe “Estado de Excepción y Derechos Humanos en El Salvador”, publicado en 2024, planteó los impactos de esta medida en la vigencia de los derechos humanos. En particular, en relación con las denuncias de detenciones ilegales y arbitrarias sistemáticas y generalizadas; así como de actos de tortura, muertes bajo custodia y condiciones inhumanas de detención, afectaciones a las garantías judiciales, la protección judicial y el debido proceso, tal cual han registrado organizaciones de derechos humanos en El Salvador como Cristosal, que, de hecho, tuvo que exiliarse del país por su persecución. Su principal vocera, Ruth Eleonora López, fue detenida en mayo de 2025.
En su comunicado de prensa, la CIDH consideró que la mejora de los índices de seguridad en el país indicaría que no persisten las razones objetivas iniciales que justificaron la emergencia. En este contexto, “el Estado debe evaluar rigurosamente si la decisión de mantener esta medida excepcional resulta compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los principios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad”.
El organismo regional explicó que, en audiencia pública realizada en su 195 periodo de sesiones, organizaciones de la sociedad civil reiteraron su preocupación por la existencia de un patrón de persecución penal y el uso de medidas propias del régimen de excepción contra personas defensoras de derechos humanos y voces críticas, tales como el caso de Ruth López, voceros de Unidehc, Enrique Anaya, sindicalistas, ambientalistas, etc.
La CIDH tomó nota de la información presentada según la cual el modus operandi de las graves violaciones de derechos humanos documentadas en el marco de la política de seguridad podría evidenciar la posible configuración de crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, según lo expuso la CIDH, el Estado salvadoreño rechazó la existencia de una política o práctica orientada a la comisión, tolerancia o promoción de graves violaciones de derechos humanos, incluida cualquier política de maltrato estatal, y negó la existencia de una política de persecución de voces críticas, cuando la realidad es distinta.
El Estado reiteró que el régimen de excepción “ha contribuido” a la reducción de la violencia y a la recuperación del control territorial y reducir otros delitos de alto impacto como la extorsión y el reclutamiento forzado.
La CIDH reiteró al Estado salvadoreño su llamado a poner fin al uso continuado del régimen de excepción como parte de su política de seguridad para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia común.
Pues la CIDH enfatizó que el Estado salvadoreño debe asegurar “en todo momento y conforme al debido proceso las garantías judiciales indispensables para la protección de los derechos a la vida y a la integridad personal. Además, mantiene su deber de investigar, juzgar y sancionar las denuncias de graves violaciones de derechos humanos”.
Sobre la pena perpetua en el caso de los delitos de homicidio, violación y terrorismo, aprobada el mes pasado por la Asamblea Legislativa, la Comisión advierte que su aplicación, en un contexto de suspensión del derecho a la defensa, “podría comprometer seriamente el debido proceso frente a la imposición de penas de máxima gravedad”.
