Siete años de Bukele: entre la dictadura y el apoyo popular

Editorial

 Este 1 de junio, Nayib Bukele cumple siete años al frente de la Presidencia de la República y dos años de su segundo mandato inconstitucional con clara acciones y muestras dictatoriales. Aunque mantiene altos niveles de popularidad y un amplio respaldo ciudadano, su permanencia en el poder continúa generando un intenso debate sobre el estado de la democracia, la institucionalidad y el respeto al orden constitucional en El Salvador.

Bukele llegó al Ejecutivo en 2019 impulsado por el descontento de la población hacia el histórico bipartidismo. Su victoria representó una ruptura con la clase política tradicional y despertó expectativas de transformación. Sin embargo, a lo largo de estos años, diversas decisiones de su gobierno han sido señaladas por organizaciones sociales, juristas y sectores de la oposición como acciones que han concentrado el poder y debilitado los contrapesos democráticos.

A lo anterior hay que agregarle el alto grado de corrupción, que no es ni la sobra de lo que se acusaba a los gobiernos del bipartidismo.

Recientemente, el Ministerio de Hacienda, presionado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) difundió los activos y pasivos de los funcionarios del Gobierno, que lejos de tranquilizar a la opinión pública, los señalamientos de corrupción parecieran comprobarse, sobre todo en algunos casos de funcionarios.

Y es que, a pesar de que al ingresar al gobierno presentaron un informe patrimonial a cero, hoy resultan con sendas cuentas en los bancos y propiedades en zonas exclusivas.

Otro factor muy cuestionado de este gobierno es el alto endeudamiento, en siete años en la presidencia Bukele ha endeudado al país en cerca de 14 mil millones de dólares, es decir a duplicado la deuda que dejaron los dos gobiernos del FMLN y los de ARENA.

Entre los episodios más lamentables en el marco institucional se encuentra la irrupción militar y policial en la Asamblea Legislativa en febrero de 2020 para presionar por la aprobación de un préstamo destinado al Plan Control Territorial. Posteriormente, durante la pandemia de COVID-19, varias medidas restrictivas adoptadas por el Ejecutivo fueron objeto de controversias constitucionales.

El punto de inflexión llegó el 1 de mayo de 2021, cuando la nueva Asamblea Legislativa destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general, una decisión que fue interpretada por diversos sectores como una ruptura del equilibrio institucional. Más adelante, la nueva Sala emitió una resolución que abrió la puerta a la reelección presidencial inmediata, permitiendo la candidatura de Bukele para un segundo mandato consecutivo.

El debate sobre la constitucionalidad de esa decisión sigue vigente. Mientras el oficialismo sostiene que la interpretación judicial fue válida, sus críticos argumentan que contradice disposiciones expresas de la Constitución que históricamente habían impedido la reelección inmediata. A ello se suman las reformas aprobadas en 2025 que habilitan la reelección indefinida y modifican la duración de los períodos presidenciales, cambios que profundizan las preocupaciones sobre la concentración de poder.

Otro aspecto central de las críticas se relaciona con el régimen de excepción vigente desde 2022. Aunque la estrategia de seguridad ha sido reconocida por reducir significativamente los índices de violencia y criminalidad, organizaciones nacionales e internacionales han denunciado detenciones arbitrarias y posibles violaciones a los derechos humanos, y, lo más grave, se ha convertido también en una herramienta de persecución política.

A siete años de Bukele, hay presos políticos, los casos más emblemáticos son el encarcelamiento de la abogada y defensora de los Derechos Humanos, Ruth Eleonora López, Enrique Anaya y los dirigentes de la Alianza El Salvador en Paz, que en esta edición se retoma en las páginas nacionales. Más de un centenar de presos políticos registran organizaciones como Comité de Familiares de Personas Presas y Perseguidas Políticas en El Salvador (COFFAPES), el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular y CONADESA, entre otras.

Además, en el gobierno de Bukele hay un listado de buenos salvadoreños en el exilio, incluido una cincuentena de periodista y defensores de los Derechos Humanos.

A siete años de su llegada al poder, el balance del gobierno de Nayib Bukele en cuenta institucionalidad y violaciones a los derechos humanos es alto, por eso que ha sido señalado de probablemente haber cometido delitos de lesa humanidad y de instaurar en el país una dictadura.