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Redacción Nacionales
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Samuel Ramírez, integrante del Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), analizó, recientemente, el impacto del Régimen de Excepción y el alcance del informe presentado por el Grupo Internacional de Expertos (GIPES), documento que analiza posibles vulneraciones a derechos humanos durante la implementación de la política de seguridad impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.
Ramírez defendió, en Encuentro con Encuentro con Julio Villagrán, la validez del informe internacional y sostuvo que este se basa en testimonios de víctimas, de organizaciones sociales y actores vinculados al sistema judicial salvadoreño. Según explicó, el documento recoge información de familiares de detenidos, defensores de derechos humanos e incluso personas que han recuperado su libertad tras haber sido capturadas bajo sospecha de vínculos con estructuras criminales.
“El informe tiene sustento porque ha conversado con víctimas y con organizaciones que trabajan directamente con los afectados”, señaló Ramírez, quien afirmó que MOVIR ha documentado múltiples casos de personas detenidas sin que existan pruebas en su contra.
El Régimen de Excepción fue implementado en marzo de 2022 como respuesta a un repunte de homicidios atribuidos a pandillas, y desde entonces ha permitido la captura de decenas de miles de personas señaladas de pertenecer a estas estructuras. El gobierno ha defendido la medida como un instrumento clave para reducir la violencia y recuperar el control territorial, destacando una disminución histórica en los índices de homicidios en el país.
Sin embargo, organizaciones sociales y de derechos humanos han planteado preocupaciones sobre posibles irregularidades en los procesos judiciales. En este contexto, Ramírez aseguró que existen personas que llevan más de dos años en detención preventiva, algunos cuatro años, sin sentencia firme, lo cual evidencia debilidades en el sistema de justicia.
También señaló que MOVIR ha recibido testimonios de familiares que aseguran contar con documentación emitida por la Fiscalía General de la República en la que se indica que no se encontraron elementos suficientes para sustentar acusaciones, pero que aun así los detenidos continúan en prisión. Estas afirmaciones no han sido confirmadas oficialmente por las autoridades judiciales.
Otro de los puntos mencionados fue la situación de las visitas familiares. Ramírez sostuvo que muchas familias desconocen el estado de sus parientes detenidos, lo que ha generado incertidumbre entre los afectados. Según explicó, algunas madres recorren lugares donde personas privadas de libertad realizan trabajos como parte del “Programa Cero Ocio”, con la esperanza de identificar a sus familiares.
El representante de MOVIR dijo que el programa penitenciario “Cero Ocio”, mediante el cual internos participan en labores de infraestructura, agricultura y apoyo institucional está siendo utilizado por el gobierno con presos inocentes, por lo que deberían estar libres. De acuerdo con su testimonio, existirían casos en los que personas sin condena firme estarían participando en estas actividades, lo que, en su opinión, debería revisarse jurídicamente. Las autoridades han sostenido que estos programas forman parte de estrategias de reinserción y aprovechamiento del tiempo penitenciario, pero, muchos de los que participan en el programa no han sido condenados, y, además son los inocentes capturados bajo el régimen de excepción..
En relación con el informe del grupo de expertos internacionales, Ramírez afirmó que el documento recomienda restablecer plenamente las garantías del debido proceso, investigar denuncias de muertes en centros penitenciarios y facilitar mecanismos de reparación para posibles víctimas de detenciones arbitrarias. Asimismo, mencionó que el informe sugiere fortalecer la transparencia institucional y permitir mayor acceso de las familias a información sobre las personas detenidas.
Otro tema abordado fue la supuesta falta de desarticulación de las estructuras económicas de las pandillas. Según Ramírez, históricamente estas organizaciones manejaron importantes recursos provenientes de extorsiones y otras actividades ilícitas, por lo que consideró necesario esclarecer el destino de dichos fondos y profundizar investigaciones sobre redes de financiamiento.
Ramírez también indicó que organismos internacionales han recomendado brindar protección a defensores de derechos humanos y periodistas, que denuncian irregularidades relacionadas con el Régimen de Excepción. En ese contexto, señaló que participa en un programa de acompañamiento internacional impulsado por parlamentarios alemanes, destinado a monitorear la situación de personas consideradas en riesgo por su labor social.
Por su parte, el gobierno salvadoreño ha reiterado en diversas ocasiones que el Régimen de Excepción ha sido una herramienta fundamental para reducir la violencia generada por pandillas y mejorar las condiciones de seguridad en el país.
El debate en torno al informe internacional y sus conclusiones continúa generando reacciones en distintos sectores de la sociedad salvadoreña. Mientras organizaciones sociales consideran que el documento aporta elementos relevantes para revisar procedimientos judiciales, autoridades han insistido en que la estrategia de seguridad ha permitido avances históricos en materia de control territorial y reducción de delitos.
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