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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
La capacidad de El Salvador para garantizar estabilidad económica y social, salud, educación y seguridad es el principal cuestionamiento de especialistas en temas migratorios ante el acuerdo firmado, la semana pasada, por los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador.
Aunque aún no ha sido presentado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, se ha conocido que en el “acuerdo relativo a la cooperación respecto al examen de solicitudes de protección” El Salvador se compromete a recibir a solicitantes de asilo que Estados Unidos no quiere en su territorio.
“Debemos poner recursos para la persona que lo esta solicitando, el país debe tener la capacidad de brindar refugio. La pregunta es ¿tendríamos capacidad para brindar seguridad, salud, educación a los refugiados?”, cuestionó César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI).
“Si nos volvemos atractivos para la migración internacional, nos vamos a llenar y la pregunta es ¿tenemos la capacidad para recibir a esta población?”, agregó Ríos, quien expuso la vulnerabilidad del país al ser una zona de tránsito para migrantes.
El director del INSAMI recomendó al gobierno estadounidense la presencia de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para la administración de las peticiones de asilo dado la nula capacidad institucional del país para atender solicitudes, en caso de que se dieran en grandes cantidades.
“Esperaríamos que Estados Unidos invierta en la administración (…) la que puede ser garante de la administración de esta práctica es ACNUR, que hasta hoy no ha dicho nada”, puntualizó Ríos en una entrevista radial.
El acuerdo firmado el 20 de septiembre pasado, también ha desatado cuestionamientos sobre si vuelve a El Salvador el “tercer país seguro”, como lo ha firmado hace unas semanas entre Guatemala y el país norteamericano.
“Si no somos capaces de garantizar vida digna a nuestra propia ciudadanía, mucho menos a personas de otras nacionalidades que además no quieren quedarse en El Salvador (…) no hay una intención de dañar una gestión gubernamental determinada, es a partir de la experiencia en otras naciones que han firmado convenios de país seguro”, dijo la directora regional de programas de CRISTOSAL, Celia Medrano.
La representante de CRISTOSAL y activista pro derechos humanos señaló contradicciones en las declaraciones de funcionarios de Gobierno con el documento suscrito, en específico en el punto de brindar oportunidades para que salvadoreños trabajen en Estados Unidos de forma regular, el cual fue afirmado por la ministra de Relaciones Exteriores Alexandra Hill, y no se encuentra planteado en la carta de entendimiento.
Determinó que el documento habla del rol de El Salvador en tramitar solicitudes de asilo y recibir a los extranjeros que Estados Unidos le transfiera, sin restricciones de nacionalidad, a excepción de migrantes salvadoreños.
“Eso significa que al igual que Guatemala estamos convirtiéndonos en países bodegas de solicitantes de asilo de otras nacionalidades, y estaríamos en la obligación de no generar procesos migratorios de deportación contra los solicitantes porque estaría pendiente su petición en Estados Unidos. En la experiencia conocida de salvadoreños que piden de refugio en otros países, este puede durar hasta tres años y después de ese periodo puede ser denegado”, expuso Medrano en un diálogo televisivo.
Otra de las entidades que ha presentado su postura ante el documento firmado fue Cáritas El Salvador, la cual pidió saber en concreto lo suscrito por ambas naciones.
“Se dice de un país seguro, ¿seguro para quién? Por problemas de violencia está saliendo la mayor cantidad de personas (…) queremos saber en concreto qué es lo que se ha pactado. Solo sabemos lo que se ha dicho pero no los términos del acuerdo”, indicó el Antonio Baños, director de Cáritas.
“Creemos que es muy mala señal, es violatorio lo que EE. UU. hace. Toda persona tiene derecho a pedir refugio y debe diligenciar su caso en el país, sino se convierte en una devolución”, expresó.
Cabe destacar que los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores esperaban este lunes la visita de la canciller para que explicara las implicaciones que tiene para El Salvador el acuerdo firmado con Estados Unidos, sin embargo, al no contar con su asistencia, esta fue reprogramada para el 7 de octubre. La canciller salvadoreña se encuentra en Estados Unidos, participando en la 74a Asamblea General de las Naciones Unidas.
Algunos legisladores afirmaron que “habría que analizar” si el acuerdo suscrito por la ministra Hill Tinocco y el secretario de Seguridad Nacional en funciones de los Estados Unidos, Kevin McAleenan, tuvo que haber pasado por el congreso salvadoreño para su aprobación, entre otras inquietudes.
