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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
Representantes de la Fundación Roque Dalton y del Laboratorio de Investigación y Acción Social contra la Impunidad (LIASCI) presentaron una solicitud a la Sala de lo Constitucional, para que esta instancia pida un informe a la Asamblea Legislativa de cómo avanza el proceso de formulación de una Ley de Justicia Transicional y Restaurativa para víctimas del conflicto armado.
La formulación de una legislación sucesora de la Ley de Amnistía, declarada inconstitucional en julio de 2016, ha sido percibida por distintos sectores de la sociedad civil como paralizada por la falta de voluntad de los legisladores. La sentencia de inconstitucionalidad dictaminaba que la Asamblea Legislativa debía promulgar una ley que tomara en cuenta a las víctimas de la guerra civil.
“La justicia tiene que ser ‘pareja’; si no, no es justicia; pedimos justicia para todos aquellos afectados durante el conflicto, por la guerrilla y por el Ejército, estamos pidiendo el cese de la impunidad. Los crímenes de guerra y de lesa humanidad no pueden quedar impunes, si quedan impunes en una nueva ley vamos a repetir el mismo círculo”, expresó Juan José Dalton, quien añadió que ha entablado demandas contra miembros de la exguerrilla por el asesinato de su padre, el poeta Roque Dalton, y contra el Ejército por torturas al ser capturado en el marco del conflicto armado.
Benjamín Cuéllar del LIASCI manifestó, que los procesos de consulta a víctimas del conflicto no se están realizando en la debida forma.
“La primera consulta fue en Chalatenango y avisaron a los participantes un día antes, llegaron unas trece personas y encuestaron solo a seis”, dijo. Sobre la idea de algunos diputados de tomar en cuenta las opiniones de ambas partes beligerantes en el conflicto, Cuéllar dijo que debe excluirse a los victimarios de la formulación de una Ley de Justicia Restaurativa; pues “ellos no deben ser parte decisoria del contenido de esta ley, porque tratarán de protegerse; la sentencia de la Sala de lo Constitucional habla de la participación de las víctimas, no de los victimarios”.
El pasado 12 de julio, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia fijó como plazo final el 13 de noviembre de este año, para que la Asamblea Legislativa formule y apruebe una legislación que imparta justicia a víctimas de la guerra civil.
Este lunes un conglomerado de organizaciones defensoras de derechos humanos, las cuales presentaron una propuesta de ley en mayo pasado, se reunieron con parlamentarios que estudian el proyecto de ley para solicitarles agilizar el proceso de consolidación de una ley integral que contemple no solo el reconocimiento de los hechos enmarcados en la guerra; sino también su reparación y de cumplimiento a lo dictaminado por la Sala de lo Constitucional.
