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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
La voz casi imperceptible de la madre Sofía Hernández, de CODEFAM detalla con claridad el sufrimiento y estragos que causó el conflicto armado de los años ochenta en la población que fue víctima de la violencia en esa época, que causó más 70,000 muertos y 10,000 desaparecidos.
“No es posible que con lo que pasó el pasado domingo (toma militar de la Asamblea Legislativa, por orden del presidente Nayib Bukele), se vuelva a dar otra guerra. Todas las víctimas del conflicto armado de los años ochenta, aún buscamos justicia, y no podemos creer que no ha terminado aún este dolor de la guerra, y algunos quieren ya, volver a enfrentarse en otro conflicto. Eso no es justo”, expresó.
Madre Sofía, representante del Comité de Madres y Familiares Cristianos por la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (COMAFAC), aún reclama el paradero de cuatro de sus familiares. Y a sus más de 70 años de edad aún espera una respuesta y el resarcimiento moral, psicológico y económico de parte del Estado salvadoreño, pues así lo garantiza en la Carta Magna.
“No pueden seguir exigiéndonos perdón y olvido, llevamos aún ese dolor”, acotó la activista pro derechos humanos en El Salvador.
Esta mañana víctimas, familiares y organizaciones de derechos humanos, realizarán el Sexto Plantón por la Verdad y Justicia para las Víctimas, en la Plaza Salvador del Mundo, desde las seis y treinta de la mañana. Como un recordatorio a la comisión especial que discute la Ley de Reconciliación Nacional, para que no termine convertida en una nueva Ley de Amnistía para los victimarios del conflicto armado en la década de los años ochenta.
La promesa del diputado presidente del órgano Legislativo, Mario Ponce, que el próximo 15 de febrero tendrían ya un “documento final”, que socializarán a través de foros públicos para su divulgación, es para Eduardo García, director ejecutivo de Pro-Búsqueda, una incertidumbre latente. Su contenido y disposiciones en la administración de brindarles a las víctimas: la verdad, justicia y reparación.
“No pueden creer los diputados que vamos a tomar simplemente lo que nos den, tres diputados de la mesa nos han dicho que no conocían la propuesta, otros tres nos han dicho que no han trabajado y que iban a tomar de base la propuesta de nosotros (Ley de Reconciliación Nacional), cuando sabemos que las víctimas quieren que se tome se les tome en cuenta, porque el tema de la justicia que todos y todas las víctimas directamente han venido solicitando desde hace muchos años, es hacer a un lado los intereses particulares o partidarios, y por fin puedan las víctimas recibir la justicia que vienen solicitando”, dijo.
Con respecto al tema de la Justicia Transicional, García señaló que existen tantas consideraciones a los victimarios, que de aplicarla a la población privada de libertad en la actualidad, las cárceles quedarían vacías de inmediato, por el manejo al que están sometiendo el sentido de la normativa.
“Acaso los diputados y diputadas creen que en el penal de máxima seguridad no tienen derecho a reconciliarse, que les pregunten a las víctimas o que los que tienen más de 65 años, con enfermedades crónicas (diabetes, hipertensión, insuficiencia renal) esos ya no estén encarcelados o le digan a un padre a la que le violentaron a su hija, que perdone al octogenario.
Cuando hay mucha gente afectada no podemos medir con diferentes raseros a las personas, porque hace treinta años causaron una atrocidad y a esa misma persona que le causaron una desaparición en la actualidad, le digan que debe solamente perdonar”, explicó.
Las organizaciones de derechos humanos no están solos, en la reciente visita “in loco”, de los magistrados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fueron enfáticos en sus “recomendaciones preliminares”, señaló la importancia que el Estado salvadoreño provea de “espacios y coordinación interinstitucional” en la planificación y aplicación de medidas de reparación a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.
Que incluye el caso emblemático de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, así como otras perpetradas durante esa época.
Así como el cumplimiento en sentencias emitidas por este organismo interamericano, en el caso de las hermanitas Serrano Cruz, Contreras y otros, que por la magnitud de los crímenes de Lesa Humanidad, deben dar una respuesta integral, que incluye un Banco Genético y la ratificación de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, entre otros tratados internacionales.
Madre Sofía define en sus palabras esta espera de cuatro décadas, “Como víctimas tenemos claro que debemos gritar que queremos verdad, justicia y reparación, para todas y todos los sobrevivientes, también para los masacrados, para los torturados y desaparecidos en la guerra.
No es justo que se les olvide, no es justo que nosotros como víctimas nos dejen sin recibir esa justicia para nuestros familiares”, puntualizó.
