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Por David Alfaro
Bajo la fachada de una supuesta «modernización» y «eficiencia», el gobierno inconstitucional de Bukele ha lanzado un ataque directo contra los pilares de la seguridad social en El Salvador. La propuesta de una nueva Ley de Alianzas Público Privadas no es más que un caballo de Troya diseñado para desmantelar el control estatal sobre derechos fundamentales y entregarlos al mejor postor.
Al eliminar las prohibiciones que protegían la salud, la educación y el agua, el oficialismo rompe el último dique que evitaba que la dignidad humana fuera tratada como una mercancía. No se trata de «colaboración»; se trata de ceder la gestión de servicios básicos a empresas cuyo fin principal es el lucro, no el bienestar social.
Abrir la puerta a que privados operen hospitales, escuelas y sistemas de agua es, en la práctica, una privatización disfrazada que amenaza con profundizar la desigualdad y dejar a los sectores más vulnerables a merced de tarifas y rentabilidades. En un país donde el acceso a lo básico ya es una lucha, convertir derechos en negocios es una traición al mandato de protección social.
