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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Angélica Cárcamo -presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)- manifestó que la cifra a vulneraciones del ejercicio periodístico van desde el bloqueo de información pública hasta amenazas verbales, acosos digitales, daños a equipos hasta despidos injustificados. Los que fueron documentados en 125 casos, para en el año 2020.
El Informe de Situación de la Libertad de Expresión en El Salvador 2020, presentado por su presidenta Angélica Cárcamo y Susana Peñate, integrante de la Junta Directiva, dan cuenta de una serie de agresiones contra periodistas, trabajadores de la comunicación, así como, violaciones a los derechos laborales del gremio, que fueron registrados en el Centro de Monitoreo de Agresiones a Periodistas.
El informe se preparó en varios capítulos: Amenazas y Restricciones al Ejercicio Periodístico; Agresiones en el Ámbito Digital, con un enfoque de género, por como afectó a las mujeres periodistas en el derecho a la Libertad de Expresión y el Acceso a la Información, que admitieron ha tenido “retrocesos significativos”, solo para el año 2020.
“Para la APES, es preocupante como el año 2020, comparado a otros informes de los años 2018 y 2019 se ha venido en un aumento constante de vulneraciones a la prensa. El año 2020, cerramos con 125 afectaciones al ejercicio periodístico, comparado al 2018 que reportó 65 casos y el año 2019, con 77 casos registrados. Y si comparamos 2018 y 2020, prácticamente los casos se han duplicado. ¿Qué es lo preocupante? que en años anteriores eran por contextos de violencia social, llámese pandillas, crimen organizado u otros instancias gubernamentales. Y en el año 2020, el 90 % de las afectaciones se centran en entidades del Estado, en específico funcionarios que provienen del órgano Ejecutivo”, enfatizó Cárcamo. De las vulneraciones más comunes, explicó la presidenta de APES, es donde los funcionarios no permitían a los periodistas obtener declaraciones en algunos temas de interés público, sobre todo, a periodistas de determinados medios de comunicación que se dedican al periodismo investigativo. Mientras, a otros colegas no se les permitió el ingreso a instancias de Gobierno y mucho menos a realizar preguntas al funcionario que convocaba la conferencia a la prensa.
“En el Occidente y Oriente del país, las restricciones se centraron por casos de la Policía Nacional Civil, sobre todo durante la pandemia del COVID-19; entre marzo y junio, se registraron casos de colegas que intentaron realizar coberturas de campo con lo que sucedía con los cercos sanitarios, se les impidió a los colegas, sobre todo los medios comunitarios, realizar sus coberturas e incluso se les obligó a borrar material gráfico, eso también, se repitió en las afueras del CIFCO (Centro Internacional de Ferias y Convenciones, ahora Hospital El Salvador) a dos medios televisivos”, indicó.
Sobre el acoso digital, Cárcamo reseñó que desde las elecciones de 2019, las afectaciones a periodistas registra un alza que provienen en su mayoría de funcionarios, que encabeza el presidente de la república, Nayib Bukele; además, de bloquear de su cuenta de twitter a periodistas.
“A este acoso digital del Gobierno del presidente Bukele, siguen sus funcionarios, las cuentas de simpatizantes y las cuentas anónimas -aunque no descartamos- que dentro esas cuentas anónimas algunas sean “bots” (cuentas creadas digitalmente para atacar una figura determinada), con el fin de que la persona atacada, se autocensure y no siga cuestionando o divulgando información que pueda ser contraria a un funcionario en concreto”, indicó.
El “bloqueo al acceso de información pública”, que afirmó Cárcamo, se ha podido verificar en conferencias de prensa y redes sociales. Esas obstrucciones a cuentas sociales de funcionarios con énfasis a periodistas que realizan “periodismo de investigación”. “Me ha pasado a mí, con el secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, puedo decir es preocupante el tema de las restricciones”, al alegar que se solicita “información pública”, que es de interés de la población por transparencia, agregó.
“El Centro de Monitoreo recibió 23 denuncias consideradas como ataques digitales, el 16 % como bloqueo al acceso de información pública. Y entre otros agresores a periodistas el 12.8 % fue la Policía Nacional Civil; el Gabinete de Salud Ampliado con 6.4 % de casos. Mientras, el resto de agresiones provienen de instituciones públicas, medios de comunicación, seguidores de partidos políticos, manifestantes, Casa Presidencial, sindicalistas, supuestos pandilleros y usuarios de redes sociales”, afirmó.
Otra de las categorías documentadas por la APES son los “despidos injustificados”, que es una condición de inseguridad laboral en medios de comunicación en general y que es una práctica a nivel nacional.
Aunque, la presidenta de APES señaló que el número ha sido más bajo, pero no se puede ignorar que se han violentado los derechos del trabajador, al recibir incompletas las indemnizaciones que incumple la ley. Que se agrava por la “indiferencia” del Ministerio de Trabajo, para tomar medidas al respecto, pese a un convenio que existe sobre este tema.
El informe remarcó, además, las irregularidades con instituciones de contraloría social, como el Instituto de Acceso a la Información Pública, cuyos funcionarios han sido escogidos de manera irregular y un ataque abierto a la transparencia en el quehacer público del Gobierno. Además, la deuda pendiente de la Asamblea Legislativa, por la no aprobación, aún, de la Ley de Protección a Periodistas, que continúa sin discutir su contenido, agregó Susana Peñate. “Justamente, esta semana le hice una consulta al presidente de la comisión Legislativa y Puntos Constitucionales, si iban agendar la discusión del contenido de la ley, pero no dijo que no estaba agendada la Ley de Protección a Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Ya están atrasados en el tema de la ley, tenemos también, temor que no sea retomada este mes de febrero por las elecciones. Queremos hacer un llamado y les pedimos, que no sea utilizada políticamente o electoralmente, esta normativa busca proteger a un sector laboral que realiza un servicio importante para la democracia”, finalizó Peñate.
