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Yaneth Estrada
@caricheop
El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (IDHUCA) en su balance de derechos humanos 2017 reconoció los esfuerzos del Gobierno por mejorar la cobertura de salud pública, pero recomendó unificarlo (Ministerio de Salud y Instituto Salvadoreño del Seguro Social) para tener una mayor cobertura.
De acuerdo al informe de gestión 2017, desde el año 2014 a la fecha el Ministerio de Salud (MINSAL) completó 192 obras de infraestructura y equipamiento en Unidades Comunitarias de Salud y en hospitales a un costo de más de 40 millones de dólares, de estos 36 son del primer nivel de atención, 8 son de hospitales y 2 nuevas farmacias especializadas, aunque esto no es suficiente para atender al 75% de la población más pobre y vulnerable del país.
José María Tojeira, director del IDHUCA, expresó que “en cuanto a la situación de derechos básicos ligados a la vida el Estado salvadoreño no solo ha fallado en la protección adecuada de la población, sino que ha respondido a la violencia existente con una violencia desproporcionada”.
También mencionó que en El Salvador la pensión promedio para los hombres es un 39% mayor que para las mujeres. Así como que entre las personas mayores de 65 años el 19.7% de los hombres reciben pensión y solo el 13.8% de las mujeres de la misma edad acceden a este beneficio.
Sobre la injusticia social explicó que, según la CEPAL, la décima parte de la población salvadoreña concentra el 43% del ingreso nacional.
Asimismo, criticó el mal funcionamiento de las instituciones de justicia que ha llevado a que en el 2007 El Salvador se convirtiera en uno de los países con mayor número de privados de libertad por habitante del mundo. Cerca de 600 privados de libertad por cada 100 mil habitantes, con un sistema judicial que no tiene en cuenta el principio de racionalidad y no se preocupa por las víctimas.
Mientras que el principio de presunción de inocencia garantizando el artículo 12 de la Constitución es sistemáticamente despreciado por la Fiscalía General y olvidado por la mayoría de los jueces en El Salvador.
