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@BeatrizCoLatino
Los representantes de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y la Iniciativa Social para la Democracia (ISD) presentaron ayer ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un Habeas Corpus ante el proceso de sanción que inició el Juez Levis Italmir Orellana en contra de la querella del caso Flores y que podría significar “una expulsión”.
De acuerdo con las organizaciones sociales, cialis purchase este proceso sancionatorio y penal responde a una clara intención de dejar fuera del caso a las organizaciones y que el mismo quede en la impunidad.
Ramón Villalta, clinic look de ISD, aseguró que este proceso “puede implicar la expulsión de la parte querellantes”, la parte querellantes ha sido la única que ha estado recurrentemente haciendo el requerimiento ante el juez para que ampliar información y otros diligencias que robustezcan el proceso.
Recordó que como querella han presionado para que se acuse del delito de lavado de dinero al ex presidente Francisco Flores y de evitar que se le concediera el beneficio del arresto domiciliar.
También, la querella ha hecho duras críticas al fiscal general, Luis Martínez, por la pasividad en el caso del presidente Flores, acusado de enriquecimiento ilícito, peculado y desobediencia de particulares.
“Obviamente, lo que estamos observando aquí, es que existe una deliberada intención de eliminar la querella para que no siga denunciando la opacidad, la oscuridad con la que se pretende manejar este caso”, sentenció Villalta. El juez aseguró en un comunicado oficial que el proceso se abrió por considerar que la querella ventiló información reservada y “habló de hechos falsos”.
Ante tales aseveraciones los querellantes y los representantes de las organizaciones sociales denunciaron, ante la PDDH al fiscal y el juez, mientras que en la CSJ presentaron el Habeas Corpus.
“El llamado también es a la CSJ para que inicie un proceso sancionatorio, no solo en contra del juez Italmir, sino que lleve adelante todo el proceso pendiente de depuración de jueces. Este sistema de Justicia nos está demostrando nuevamente que no se cumple con la aplicación de justicia”, explicó el representante del ISD.
Los enfrentamientos entre el fiscal, juez y la querella no son nuevos. El año pasado, en junio, el juez Orellana decidió decretar reserva total al caso, ante eso, fue la querella la que solicitó ante la Sala de lo Constitucional que la levantará.
Días después, la Sala de lo Constitucional resolvió que la reserva tenía que ser levantada y que todos “las personas interesadas en ser parte del proceso o el público podía solicitarlo ante el Tribunal, porque era un derecho Constitucional fundamental”.
En septiembre, la querella también volvió a darle un giro a las órdenes del operador de justicia, quien concedió al ex presidente Flores el arresto domiciliar.
Tanto la querella como la Fiscalía, tras la presión, presentaron una apelación ante la Cámara Primera de lo Penal. Luego de varios días, la Cámara ordenó detención preventiva para el ex mandatario.
Otro de los puntos en este proceso que ha puesto frente a frente a la querella y la Fiscalía, son las críticas hechas para Luis Martínez por no excusarse del proceso, ya que tuvo una relación de trabajo con el ex presidente y la ex primera dama Lourdes de Flores.
La semana pasada, el fiscal confirmó que fungió como suplente en la junta directiva de una empresa de Lourdes de Flores.
Para Bertha Deleón, abogada querellante, esta decisión de iniciar un proceso sancionatorio y penal no les sorprende.
“El artículo 132 del código Procesal Penal no establece la separación del caso como una separación, pero dada las contrariedades y arbitrariedades que se han cometido en este proceso, tanto el fiscal como el juez no sorprenden”, dijo Deleón.
La abogada exhortó a la Sala de lo Constitucional a mantenerse vigilante del desarrollo de este proceso.
Actualmente, la Sala de lo Constitucional mantiene vigente el proceso de amparo, porque se solicitó que la misma se pronuncie sobre la “reserva o impedimento” que puso la Fiscalía y el Juzgado para que la querella conozca el informe de FinCel”.
Además, esperan que se resuelva ante la petición de Habeas Carpus, que se presenta en casos de detenciones injustificadas o cuando existe una amenaza.
Los querellantes se mostraron preocupados por esta iniciativa que pone en peligro la libertad de expresión y de opinión, no solo de los abogados, sino de los usuarios de las organizaciones sociales.
