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El informante sin rostro, sin nombre y que no tuvo necesidad de convencer a nadie de que sabía lo que decía, contó que a finales de mayo, había vivido la increíble casualidad de haber escuchado lo mismo en dos localidades separadas por 3,000 kilómetros: explicó que un día, en un billar, en un pueblo al norte de San Salvador, y otro día en un bar en Sinaloa, México, en mesas vecinas algunas personas hablaban de causar terror el 1 de junio de 2024 en la capital salvadoreña.
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
Una reciente investigación periodística revela que la Policía Nacional Civil confió en un persona que dijo haber escuchado en Guazapa (El Salvador) y en Sinaloa (México) planes terroristas para el primero de junio de 2024, orquestados por veteranos de la FAES y excombatientes del FMLN. Esta es la historia de cómo la PNC se basó en un escueto relato de una persona que no quiso incluso identificarse para acusar líderes veteranos de realizar actos terroristas.
A finales de mayo, según documentos policiales a los que medios de comunicación tuvieron acceso para hacer el reportaje, señala que un informante dijo que casualmente había visitado un bar en Guazapa y otro en Sinaloa (por supuesto viaje de trabajo), donde pudo oír cómo en mesas vecinas exguerrilleros, exmilitares y pandilleros de la MS-13 orquestaban sus planes para hacer actos de terrorismo el primero de junio de 2024, cuando Bukele asumiría su segundo mandato, el cual es considerado como de facto, ya que la Constitución prohíbe que un mandatario pueda ser presidente por 2 periodos consecutivos.
El informante y su mágica casualidad: le concedieron la verdad absoluta
El informante sin rostro, sin nombre y que no tuvo necesidad de convencer a nadie de que sabía lo que decía, contó que a finales de mayo había vivido la increíble casualidad de haber escuchado lo mismo en dos localidades separadas por 3,000 kilómetros: explicó que un día en un billar en un pueblo al norte de San Salvador, y otro día en un bar en Sinaloa, México, en mesas vecinas algunas personas hablaban de causar terror el 1 de junio de 2024 en la capital salvadoreña.
El presunto informante estuvo en el lugar, hora y momento exacto no solo una vez, sino dos veces y en dos países distintos. El informante no precisó en detalles sobre su presencia tanto en el bar de Guazapa como en México, tampoco mencionó fechas de esas reuniones.
La investigación señaló que el sujeto aseguró que entre los organizadores, estaba una docena de hombres que la mayoría pasan los 60 años de edad. Los policías, crédulos, le escucharon y, diligentes, salieron a detenerlos a todos.
El testimonio del sujeto al que la PNC le permitió decir y acusar “a medio mundo” sin siquiera sustentar con pruebas lo que estaba diciendo, se complementaría con varias versiones policiales adicionales llenas de contradicciones, inconsistencias, mentiras y engaños, que son la versión oficial que el sistema judicial aceptó para que de esas 12 personas detenidas, 11 cumplieran en junio de 2025 un año privadas de libertad.
Si se atiene a la versión oficial que tejieron los policías, el relato del informante en realidad ni siquiera existía formalmente cuando la Policía había ordenado la primera operación de búsqueda de los complotistas.
Antes que los investigadores de la DECO entregarán firmado (a las 3:00 p.m. del 30 de mayo 2024) el relato del informante a las autoridades del presunto plan; las autoridades ya habrían encaminado la cazería de los que el informante los acusaría de actos de terrorismo, es decir, la PNC adivinó el futuro; supo que iban a tener información de esa naturaleza y más aún contra una persona que mencionaría el informante.
Wilfredo Paredes es detenido en Guazapa la tarde del 30 de mayo de 2024
A la 1:00 p.m. dos horas antes de que se concretara el relato del informante, unos agentes recibieron una orden verbal para ir a Guazapa a localizar a una persona. La orden la dio un oficial no identificado de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO), ubicada en San Salvador, “ya que se tenía información dada por una persona, que no se quiso identificar por temor a represalias”, de que Wilfredo estaba reunido con un grupo reconocido en Guazapa por formar parte de una asociación de veteranos militares y excombatientes del FMLN y que “planificaban atentados terroristas en contra de la vida de personas, daños a la propiedad pública y privada a nivel nacional, acciones delincuenciales que realizarían el 1 de junio de 2024”.
El informante, o “el fantasma”, como lo señalaron los medios, añadió que Wilfredo vestía con camisa roja, un jeans azul y calzaba botas azules, y agregó que en su vivienda hallarían artefactos que parecían explosivos.
A las 3 de la tarde de ese día, señala la investigación, los agentes lo retuvieron y le hicieron dos preguntas: Si pertenecía a algún grupo de veteranos de guerra, “respondiéndonos de una manera nerviosa que no”; y después, si tenía en su poder algún explosivo en su vivienda, “respondiendo que no”.
Nerviosismo de Paredes motivó a la PNC a su captura
La PNC, por notar el nerviosismo de Wilfredo porque se podría tratar de una captura arbitraria, lo detuvo por eso, por ponerse nervioso.“Se puso nervioso, alterándose, oponiendo resistencia e intentó darse a la fuga, pero fue neutralizado, seguidamente de una manera molesta dijo que desconocía de lo que le estaban preguntando y que se iba a retirar del lugar, por tal razón se procede a la detención”. Los agentes registraron su arresto a las 3:20 p.m. y le incautaron su teléfono celular.
Wilfredo fue el primero de las 11 personas detenidas entre el 30 de mayo y el 3 de junio de 2024 y que ahora en octubre de 2025 cumplen 16 meses encarceladas y sin haber sido juzgadas.
A las 7 de la noche de ese 30 de mayo, la Policía allanó la casa de Wilfredo y dijo haber encontrado en ella unos cilindros de distinto tamaño -unos de cartón, otros de plástico PVC-, sellados con cemento en ambos extremos y con mechas pirotécnicas.
El testimonio del informante era la prueba 1 contra Wilfredo y los demás. La prueba 2 eran esas “bombas” halladas en la vivienda del señalado como “explosivista” del FMLN durante la guerra civil.
Sin embargo, Wilfredo apenas tenía nueve años de edad cuando estalló la guerra civil en El Salvador en 1980, y según los mismos documentos oficiales en manos del gobierno de Bukele, este “explosivista”, como lo catalogó la PNC, no fue parte de la guerrilla. Su nombre no está ni ha estado en la lista oficial de exmilitares y exguerrilleros combatientes que registra por ley el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE).
La prueba 3 es producto de esa captura de Wilfredo. Cuando la PNC tuiteó sobre las capturas a las 10:19 de la noche del 30 de mayo, anexó un audio que presuntamente probaba que Wilfredo hablaba de colocar explosivos con temporizadores, pero la Policía nunca encontró temporizadores o dispositivos similares ni tampoco materiales para su fabricación, y lo que se escucha en el audio son declaraciones generales sobre planes para realizar actividades no especificadas.
PNC mintió con las detenciones
En ese tuit de la PNC, se enlistó a personas que incluso no habían sido detenidas, uno de ellos, Roberto Antonio Esquivel Moreno; a esa hora aún cuidaba carros en una residencial en el distrito de Mejicanos, de San Salvador Centro. La PNC no lo tuvo bajo custodia hasta pasada la 1 de la madrugada del 31 de mayo. El veterano del ejército José Ismael Santos, también durmió libre esa noche y las tres siguientes. Pasaron cuatro días hasta que fuera detenido a las 8:00 p.m. del 3 de junio. La Policía lo detuvo en San José Guayabal, en Cuscatlán. También, Douglas Ernesto Recinos Magaña, nunca estuvo bajo arresto de la PNC. Recinos Magaña es un particular que coordina el Movimiento Auténtico Salvadoreño, y es imputado ausente.
Entre los detenidos estuvieron José Santos Melara y José Atilio Montalvo, este último, firmante de los Acuerdos de Paz, por identificación del informante. Estos dos promovieron una marcha el 15 de septiembre de 2021, la cual fue considerada como una de las más significativas en el Gobierno de Bukele.
El informante dijo a los agentes que en los últimos días de mayo, en un billar de Guazapa, se habían reunido veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes de la guerrilla del FMLN para planear los supuestos atentados. El informante, citado por los policías, detalló uno por uno, con nombres completos, a los supuestos asistentes a estas reuniones: el exsargento Eliseo Alvarado Guevara, presidente de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Armada; junto a Orlando Cartagena, Wilfredo Paredes, Julio Alfonso Mira Dimas, José Ismael Santos; José Santos Melara Yanes, dirigente de la Asociación de Veteranos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); Roberto Antonio Esquivel y Carlos Mejía, ambos miembros de la Asociación de Veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador (AVFAES). Los señaló, además, de mantener relación con Melara Yanes “alias Pepe, quien ha realizado coordinaciones para la obtención de los explosivos que se utilizarían para este momento”.
Ese relato por el que se hizo la acusación de terrorismo era tan flojo que a uno de los detenidos, después de más de cinco horas de interrogatorio, los policías debieron liberarlo tras admitir que había sido un error lo que su fuente les había dicho. Del informante lo único que se sabe es que es una persona del sexo masculino y tiene más de 18 años, según los registros de agentes policiales.
Supuesta alianza entre exmilitares, exguerrilleros y jefes pandilleros para hacer caos en San Salvador
Dijo además que otros “complotistas” eran miembros de la Mara Salvatrucha-13, que no solo eran pandilleros, sino jefes de la estructura criminal, a quienes identificó con sus alias Greñas de Stoner y Donki de Stoner. Así quedaba armado aquel rompecabezas en el que ahora constituían una alianza entre exmilitares, exguerrilleros y jefes pandilleros para supuestamente hacer caos en San Salvador el 1 de junio de 2024; sin embargo, ni la PNC, ni el informante y ni la FGR han podido respaldar tales acusaciones.
El 13 de junio de 2024, la FGR acudió ante el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador y presentó la acusación por dos delitos: organizaciones terroristas y actos terroristas utilizando explosivos.
El proceso de detención contra los veteranos y excombatientes estuvo plagada de técnicas de engaño por parte de la PNC a fin de que los señalados salieran de sus viviendas para que fueran arrestados o que con engaños fueran a la delegación policial para realizarles “solamente preguntas”, pero estando en el lugar fueron capturados; como típicamente funciona las detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción.
Sobre las bombas que presuntamente se encontraron en la vivienda de Paredes, ningún especialista pudo verificar el alcance y funcionamiento de estas. La Policía los llamó “bombas” listas para detonarse en gasolineras, supermercados, oficinas de gobierno y plazas públicas. La versión policial señala que estos “explosivos” se activarían con temporizadores; sin embargo, nunca se encontraron ni temporizadores ni materiales para la construcción de estos.
Según la PNC, los ahora detenidos, pretendían “sembrar terror y dar a conocer la fuerza nacional de la oposición salvadoreña quien no está de acuerdo con la reelección del presidente y aprovechar los periodistas que vendrán de todas las partes del mundo y empañar la imagen del presidente y el plan de seguridad y combate frontal con las maras o pandillas”.
El procesado muerto
La investigación periodística señala que después de las 11 capturas iniciales y cuando la Fiscalía retomó el caso para presentarlo a tribunales, la acusación incluyó a cuatro personas más, dos veteranos de la Fuerza Armada y un ciudadano particular vinculado a organizaciones sociales, quienes no fueron capturados y fueron clasificados como “imputados ausentes” del proceso. Asimismo, se acusó a Juan Enrrique Siguachi, quien también fue declarado imputado ausente, y razón tenía, pues estaba muerto.
La acusación de la Fiscalía presentada a tribunales ya incorporaba información distinta a la que el presunto informante dio a la PNC. Se mencionaba a Siguachi como parte de la conspiración. Pero su participación no encajaba, pues el informante había dicho que los planes para estallar bombas el 1 de junio se habían discutido a finales de mayo, y para entonces Siguachi, vinculado a los veteranos de la Fuerza Armada y originario de Izalco, Sonsonate, tenía cuatro meses de fallecido.
Sin embargo, la historia de la Fiscalía, es que el plan venía fraguándose desde finales de 2023, unos seis meses antes de las capturas.
En junio, el Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de San Salvador envió a detención a los 11 detenidos hasta enero 2025. La FGR pidió una prórroga al periodo de investigación, luego de esos 6 meses más, la FGR volvió a pedir una nueva extensión por seis meses para seguir con las investigaciones.
A finales de la primera semana de julio de 2025, el Tribunal concedió arresto domiciliario para José Atilio Montalvo, luego de que casi muriera en prisión por falta de atención médica. Las 10 personas restantes continúan en la cárcel, en la Penitenciaría Occidental, en Santa Ana.
El reportaje que este medio utilizó como base fue el de Voz Pública que en su artículo menciona que el texto contó con la colaboración de la Asociación Periodística Intermedios, el respaldo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y de la Red Centroamericana de Periodistas (RCP).
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