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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR) y familiares de personas detenidas injustamente realizaron este domingo un plantón frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador para pedir la liberación de los inocentes detenidos, visitas a sus familiares e información, pues desde que fueron capturados no han sabido de ellos.
Samuel Ramírez, coordinador de MOVIR, explicó que desde el viernes se ha realizado un “plantón digital” para pedir la liberación de los presos detenidos injustamente.
“Creemos que las redes sociales son un aliado de los movimientos sociales, y en este caso de los defensores de derechos humanos. Nosotros nos hemos cansado, es un calvario exigir libertad a los inocentes, que se respeten los derechos humanos y no ha cambiado absolutamente nada”, agregó Samuel Ramírez.
A juicio de Ramírez, El Salvador se conoce a escala internacional, no por el turismo o el Surf City, sino por las acciones que ha realizado el Gobierno en materia de derechos humanos.
“Las denuncias del régimen ya se les salieron de control a Nayib Bukele y creemos que hay mucha oportunidad para que sigamos con esta batalla y ahora estamos en redes sociales, también lo hemos hecho en la calle y en las diversas instituciones del Estado”, dijo el dirigente MOVIR.
En el plantón, se concentraron madres, esposas, hermanas, hermanos donde exigieron, por lo menos, ver a sus familiares detenidos, ya que desde que han sido capturados han perdido todo contacto que les indique incluso, si están con vida.
El Gobierno, por su parte, guarda silencio sobre las muertes dentro de los centros penales; Bukele ha asegurado, tiempo atrás, que los reos cuando se mueren es por normalidad, en referencia a causas naturales. “Bukele nunca ha reconocido un muerto en la cárcel y si dice que mueren, dice que es normal. Dice Andrés Guzmán (comisionado presidencial de DDHH) que de algo tienen que morir”.
Ramírez hizo un llamado a Guzmán y al mismo Bukele a que den respuesta sobre los 258 paquetes de arraigos que presentaron hace un par de semanas sobre 258 personas donde demuestran su inocencia.
Relatos
Maribel Méndez, una madre que tiene detenido a dos hijos dijo a Diario Co Latino que tiene tres años de no saber sobre sus hijos y ha buscado auxilio en instituciones como la FGR porque no pueden costear un abogado.
“Venimos por nuestros hijos inocentes, a ellos se los llevaron, ya tienen tres años y no sabemos de ellos, si están vivos o están muertos. Allá adentro están muriendo, están enfermando con enfermedades gástricas, durmiendo en pavimento donde no tienen que estar ellos”, lamentó la madre.
Méndez tiene a dos hijos detenidos por el régimen de excepción a José Méndez y Jonathan Méndez, jóvenes que no tenían nada que ver con pandillas.
“Nosotros le decimos al gobierno que nosotros no andamos defendiendo pandilleros, mareros, delincuentes, no andamos defendiendo extorsionistas, nosotros defendemos personas inocentes, gente trabajadora, hijos de personas que no tienen nada que ver con las pandillas”, enfatizó Maribel Méndez.
La madre recordó que, como familia, también sufrieron con las pandillas, “cuando se agarraban a balazos, nosotros lo que teníamos que hacer es solo cubrirnos, cuidarnos de que no nos fueran a caer una bala cuando se agarraba la MS con la 18”.
En el momento que llevaron a sus hijos, los agentes policiales le informaron que estaban limpio, y que saldrían a los 3 días… ya han pasado 3 años y aún no los han liberado. La madre cuenta que ha llevado los arraigos de sus hijos a la Fiscalía General de la República, ya que no tiene para costear un abogado privado.
Ana Gloria Avelar López, otra madre, de 60 años, quien tiene detenido a su hijo, ha pedido al Gobierno que libere a los inocentes o que por lo menos, dejen visitarlos en los centros de detención.
El 30 de mayo de 2023, en su vivienda en Ciudad Real, Santa Ana, le capturaron a su hijo Emanuel Antonio Aldana, de 35 años. Aldanal se desempañaba como mecánico electrónico en una empresa de origen estadounidense, la Yazaki Arnecom, tenía 8 años de laborar en la empresa e incluso había viajado a Nicaragua para capacitaciones y estaba próximo a ir a México, pero el régimen se lo impidió.
La captura de Aldana, según comentó la madre fue “por chambres”, es decir, por una llamada anónima. La PNC, en el régimen, se ha visto envuelta en escándalos por arrestar sin confirmar la autenticidad de la denuncia.
Los agentes policiales llegaron a la vivienda de habitación y le pidieron que saliera para hacerles una pregunta sobre “un disturbio” que sucedía.
“Me dijo, -voy a salir-. Él usaba lentes, lo sacaron sin sus lentes, lo sacaron sin zapatos. Lo sacaron porque él acababa de llegar de trabajar”, comentó la madre.
“Solo dijeron que era alguien que lo denunciaba. Solo dijeron que por eso lo iban a sacar de la casa a hacerle las preguntas. No le dijeron, -mira vos sos pandillero- no. Le dijeron que le iban a hacer la pregunta y estando afuera lo pescaron. Dijeron que estaba haciendo cosas ilícitas, pero no”.
Según la madre, en la ficha policial le colocaron que “es un gatillero”. La comunidad fue en una especie de caravana a la delegación donde se lo habrían llevado para demostrar, como potenciales testigos, que Antonio no tenía nada que ver con pandillas.
El régimen de excepción inició el 27 de marzo de 2022, ya tiene más de tres años y aún no se sabe, cuando finalizará.
