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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Organizaciones ambientalistas y de derechos humanos de Guatemala y El Salvador se pronunciaron ante la amenaza que representa para el agua, la biodiversidad y la vida de la población el proyecto de minería metálica Cerro Blanco, subsidiaria desde 2017 de la empresa canadiense Bluestone Resources.
La amenaza ambiental no solo trasciende por la cantidad de material estéril, colas (desechos) y drenaje ácido que llegaría a las aguas del río Ostúa (Guatemala), que conecta con el lago Güija (El Salvador), que a su vez, es tributario del río Lempa, sino por el cambio de la actividad minera que deja de ser subterránea por la de cielo abierto.
Las organizaciones Colectivo Ecológico Madre Selva, JPC, ACAFREMIN, AMAES y Rescatemos el Lempa, plantearon la necesidad “urgente” de un acercamiento y trabajo de ambo gobiernos para crear un Tratado de Aguas Transfronterizas, que proteja la cuenca hidrográfica, preserve los ecosistemas y prevenga la salud de las poblaciones en la zona.
El proyecto minero Cerro Blanco, en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, se encuentra desde el año 2007, tratando de extraer metales preciosos de las entrañas de los cerros, que no ha tenido éxito por la oposición de las organizaciones ambientalistas guatemaltecas para que sea clausurado y por no superar las observaciones técnicas hechas por el ministerio de Medio Ambiente de Guatemala a sus Estudios de Impacto Ambiental.
“El proyecto minero Cerro Blanco (Guatemala) desde su principio ha estado marcado por la impunidad y la corrupción”, afirmó Julio González, activista de Madre Selva.
Al mismo tiempo, señaló que han identificado todo tipo de irregularidades jurídicas que hacen estas empresas transnacionales con los gobiernos del área centroamericana, de las que se valen para agenciarse y obtener todo tipo de privilegios en las licencias de explotación que literalmente saquean los recursos patrimoniales y colectivos de los territorios.
“En el informe de la CICIG explican que descubrió que fue a través del financiamiento electoral ilícito que estas empresas financian a futuros candidatos, quienes serán los que tomen futuras decisiones de medio ambiente para que entren con esas facturas y se las paguen con esos permisos ambientales y privilegios a esas empresas”, explicó.
Asimismo, descartó que la minería contribuya al desarrollo en estos países, al señalar González que en Guatemala, la inversión es apenas el 0.07% del Producto Interno Bruto (PIB). Y con el agravante según los estudios sociológicos de los últimos 20 años, cuando se introdujo la minería en Centroamérica, solo aumentó la pobreza y la migración.
“Esas políticas mineras que benefician a estas grandes transnacionales son producto precisamente de esas reformas jurídicas que realizan periódicamente que en el caso de Guatemala, llegaron al extremo como el acuerdo gubernamental (317 año 2019) que permite la actualización de esas licencias y permisos ambientales”, acotó.
“Son políticas que están lejos de los gobiernos para proteger a los pueblos, su agua y biodiversidad. Son eminentemente políticas para proteger a las empresas mineras. Y creo que la soberanía reside en el pueblo, entonces, debemos exigir a los gobierno todas las medidas necesarias de protección de las aguas que compartimos y que defendemos los derechos de la salud y la vida”, argumentó González.
Los ambientalistas advirtieron también de las consecuencias funestas al medio ambiente y algunas de estas irreversibles que provendrán del proyecto minero Cerro Blanco, que según Nelly Rivera, del Colectivo de Mujeres Ambientalistas de El Salvador, como a la Cuenca Ostúa-Güija-Lempa, por el drenaje constante de aguas termales y bombeo de pozos artesanales, que han contribuido a desecarse, lo que obliga a los pobladores a profundizar nuevos pozos en busca de agua.
“Hemos acudido a Parlamento Centroamericano, la Asamblea Legislativa, Cancillería y hasta en la Embajada de Guatemala. Hemos estado en muchos espacios, es más, el año pasado solicitamos una entrevista con el vicepresidente (Félix) Ulloa y jamás nos respondió”, manifestó.
“Eso es falta de interés o descalificación que hace de las organizaciones sociales y especialmente de mujeres. El gobierno guatemalteco ha enviado un memorándum al gobierno salvadoreño, para decir que de ese tema no hablará, y nos preocupa que este gobierno lo esté aceptando, y no busque dialogar o tratar de abordar esta problemática. Es una falta de voluntad política”, alegó Rivera.
Armando Teos señaló que si el ministerio de Medio Ambiente guatemalteco, “actualice el permiso ambiental” a la minera, este proyecto afectará directamente con el impacto ambiental lo que consideró “preocupante” para las comunidades de Asunción Mita y Metapán que comparten aguas.
“Las magnitudes en los cambios solicitados van desde procesar mil toneladas diarias de material para procesar 10,952 toneladas diarias. De extraer 3.32 millones de toneladas de material en túnel de 73.4 kilómetros, para extraer 133.8 millones de toneladas en tajos con una profundidad de hasta 370 metros de alto y 1,200 metros de longitud”, señaló.
“Todo este material posteriormente se convierte en desechos que se depositan en cerros, los que van a generar drenaje ácido y polvo dañino a la salud. La empresa estima que extraerán cerca de 38.4 millones de metros cúbicos de agua por 12 años que dure la explotación, lo que impactará riachuelos y acuíferos”, sostuvo Teos.
Cidia Cortés, del Movimiento Ecofeminista de El Salvador, advirtió que la empresa tiene la expectativa que en 11 años, extraerán 3 millones de onzas de oro y 10 millones de onzas de plata, lo que contaminará en poco tiempo los ecosistemas compartidos por ambos países.
“Hay estudios donde se establece la elevada cantidad de arsénico, cobre y hierro, que es el material estéril y que están en las colas (desechos), eso significa que al entrar en contacto con la lluvia habrá un deslizamiento por la misma posición geográfica de la mina, todo caerá al río Ostúa y las quebradas Las Salinas y Acachapa, todas drenan a ese río”, afirmó.
“Hemos demostrado con estudios científicos y técnicos que la contaminación viene desde el momento que inicia la extracción del agua termal de la mina Cerro Blanco, cuando estaban instalando infraestructura, esos bombeos han llegado al lago de Güija, los que hemos monitoreado desde el 2009”, reafirmó Cortés.
