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Distintas organizaciones de el país, entre ellas Pro Búsqueda, ARPAS, Cristosal, entre otras, se pronunciaron en contra de las declaraciones dadas por el presidente Nayib Bukele. Foto Diario Co Latino/Fernando Velásquez

Organizaciones rechazan postura confrontativa del presidente Bukele

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

El presidente Nayib Bukele está normalizando el discurso de odio”, dijo Norma Ramírez, representante de ARPAS, al señalar que el mensaje a la nación del 24 de septiembre no abona al respeto del Estado de Derecho y, por el contrario, debilita el juego democrático que existe en cualquier país en el mundo.

“La oposición política” o “el 3 %”, como suele llamar el mandatario a las organizaciones sociales o la población que apela al derecho a la libertad de expresión, para cuestionar el ejercicio del poder desde el Ejecutivo es, para Ramírez, “una situación preocupante porque estigmatiza la labor de la defensa de los derechos humanos”.

“En todo este proceso, como vimos el jueves, hay un constante ataque también a los medios de comunicación. En su mensaje presidencial, hace una normalización del discurso de odio, tanto a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, con descalificaciones e insultos a quienes hacen una labor de investigación de acciones del Gobierno. Y preocupa, sobre todo, porque el Gobierno es el responsable de generar armonía social y, con estas acciones, no contribuyen a esto”, expresó.

Asimismo, Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Cristosal, Pro Búsqueda y el IDHUCA, que trabajan en casos emblemáticos de asesinatos de lesa humanidad, desapariciones forzadas de niños y niñas durante el conflicto armado y torturas, calificaron de inapropiadas y carentes de base legal las declaraciones en torno a casos como la masacre de El Mozote, una de las más mortíferas a nivel latinoamericano en el siglo XX.

Ovidio Mauricio González -coordinador de Tutela Legal MJH- manifestó que la obstaculización a los archivos militares el pasado 21 de septiembre, en la diligencia judicial del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, ordenada por el Juez Jorge Guzmán, fue una evocación al pasado represor del poder militar.

“Los compañeros que estuvieron en la diligencia (y lo ocurrido) nos recuerdan los años del conflicto, en donde se arremetía a las personas defensoras de derechos humanos. Y el mismo presidente Bukele agredió a las organizaciones, dándoles el nombre de fachada, esto es una agresión verbal. Por lo que parece que estamos volviendo a los años de la guerra, pero esta situación debe parar, entendamos que la Fuerza Armada no es otro poder, solo hay tres poderes en la Constitución. ¿Por qué la Fuerza Armada no puede ser investigada? Hay delitos de lesa humanidad señalados”, sostuvo.

Asimismo, Noah Bullock (director de Cristosal) llamó a la unidad a las organizaciones de defensa de derechos humanos, para evitar situaciones de conflicto social que hicieron daño a la convivencia de la población salvadoreña a lo largo de su historia.

“Es preocupante escuchar al presidente utilizando su plataforma para plantear que el país está dividido en dos bandos, uno bueno y uno malo; que nosotros creemos que no es cierto y mucho menos como organizaciones de derechos humanos y periodistas, que formamos un pilar de democracia y la opinión crítica no es un ataque. Es parte de un proceso constructivo, que busca el bienestar y justicia de la gente. Y en relación a la masacre de El Mozote, es una de las más grandes, cometidas en el continente americano en tiempos modernos, y lo que sucede en el juzgado de Gotera es el homicidio más grande y requiere una investigación seria, que es lo que piden las víctimas sobrevivientes”, acotó. Manuel Escalante, del IDHUCA, afirmó que una persona defensora de derechos humanos tiene como sentido y objetivo proteger a las víctimas y, en la medida que se ven expuestos a estos señalamientos, a la larga le pasa la factura a la sociedad civil, al dejarlas sin protección en sus derechos fundamentales.

“En el ámbito de los derechos humanos se puede hacer mucho y esto no inició en junio de 2019, este es un trabajo de muchas décadas en donde han participado muchas personas y distintas instancias internacionales conocen y dan seguimiento a esto. Como la negativa de entregar los archivos militares o la violencia contra los abogados de las víctimas, que hizo que se pronunciara la Alta Comisionada de DDHH y la CIDH, porque El Mozote está dentro de una sentencia de la Corte IDH, que darán un dictamen para que esto se procese y este Gobierno ha mostrado interés, supuestamente, por el Caso Jesuitas, aquí en El Salvador, porque también va a requerir de esos archivos militares y el Gobierno se está moviendo para deslegitimar El Mozote y tener la posibilidad de cerrar otros procesos judiciales”, reafirmó.

Eduardo García (Pro Búsqueda) consideró que existe un “reciclaje” de los discursos de poder político que hacían señalamientos de odio y violencia a las personas defensoras de derechos humanos, para acallar la voz de la oposición gubernamental.

“Es triste que en aquellos tiempos éramos izquierdos, los comunistas, pero es más triste que en un país en donde avanza la democracia, avanza la libertad de expresión, vengamos a ser de nuevo los grupos de fachada o los grupos afines. ¿Cuándo la desaparición de una niña o niño tiene un sesgo ideológico?, ¿o cómo podemos obviar las 136 osamentas de niños menores de cuatro años en El Mozote?”, acotó.

Sobre la participación ciudadana, Morena Murillo, integrante de APROCSAL, hizo un llamado a la población a no permitir un “retorno a la guerra” de los años ochenta, que afectó a muchas familias y cuyas repercusiones aún permanecen en la impunidad.

“No podemos permitir este discurso de odio y descalificación a las personas, que son ataques a organizaciones, a periodistas y medios de comunicación; es una apología del delito y, realmente, el presidente Bukele está llevando el odio hacia las organizaciones y en tiempos de guerra los que eran señalados desaparecían o eran asesinados, no volvamos a repetir esa situación de miedo y terror. Porque al señalar al padre Tojeira, a FESPAD, Cristosal, periodistas y medios de comunicación es una apología del delito”, puntualizó.

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