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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Organizaciones campesinas y ambientalistas consideraron necesario diseñar políticas públicas que garanticen la soberanía alimentaria en el país, pues la pandemia del COVID-19 ha evidenciado los planes del gobierno para reforzar la importación masiva de alimentos, que está sujeto a acuerdos y Tratados de Libre Comercio (TLC), afectando y desplazando a pequeños productores de hortalizas y granos básicos, acrecentando los niveles de dependencia alimentaria y limitando la posibilidad de producir nacionalmente.
Durante la emergencia del Coronavirus el Gobierno ha denominado “reserva estratégica de granos básicos”, invirtiendo millones de dólares en la compra de 33,000 toneladas métricas de maíz blanco a países como México y más de 2,000 toneladas métricas de alimentos variados a Curazao, entre otras compras, sin embargo, esta decisión es de gran preocupación para los productores de granos básicos que por décadas no han contado con el apoyo necesario y a pesar de ello mantienen la estabilidad en el abastecimiento nacional.
El presidente de la Asociación Cámara Salvadoreña de Medianos y Pequeños Productores Agropecuarios (CAMPO), Luis Treminio afirmó que no hay necesidad de importar maíz, porque el país cuenta con 22 millones de quintales y solo se requieren 18 millones al año. Las medidas gubernamentales revelan la necesidad urgente de legislar en el tema de soberanía alimentaria, ya que ello permitiría una verdadera “reserva estratégica de alimentos” generada por productores y cooperativas locales, además, de promover y facilitar insumos y técnicas agroecológicas para cambiar la forma convencional de producción.
La Federación de Hortalizas y Frutas lamentó que en las disposiciones estatales de abastecimiento de alimentos prevalezcan las importaciones, sin considerar al productor local, quienes en la emergencia del COVID-19 reportan pérdidas en la zona norte del país, Chalatenango y Metapán. De igual manera, la Asociación de Ganaderos de El Salvador registró pérdida de productos lácteos, estimadas en aproximadamente en 225,000 dólares diarios, debido al cierre de empresas locales y la prohibición de circulación, situación que se agrava con la entrada de productos provenientes de otros países de Centroamérica.
CESTA y el MOVIAC plantearon la urgencia de una legislación a favor de la soberanía alimentaria y nutricional, y renunciar al modelo económico neoliberal que privilegia jugosos negocios, en el marco de Tratados de Libre Comercio, que únicamente benefician a grandes corporaciones. Diferentes sectores del campo han manifestado en más de una ocasión, que tienen la capacidad de abastecer el mercado nacional; no obstante, necesitarán el apoyo de las autoridades estatales para la facilidad de créditos, insumos y herramientas agrícolas.
Asimismo, mostraron su preocupación porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), dijo que no compraría a cooperativas ni a pequeños productores semilla certificada, para los paquetes agrícolas que son entregados a los agricultores; incluso anunció un convenio comercial con la transnacional Bayer para la compra de semillas, la acción fue duramente criticada por ambientalistas debido al origen y riesgo de manipulación genética en las semillas de las transnacionales.
