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Organizaciones piden endurecimiento de penas en caso de violencia sexual contra niños

Alma Vilches
@AlmaCoLatino

Alos pies del monumento a la Constitución, cerca de 250 personas se manifestaron pacíficamente por la resolución de la Cámara Primero de lo Penal, la cual determina que las acusaciones imputadas al magistrado Jaime Eduardo Escalante, contra una niña de 10 años no son un delito, sino una falta.

Karla Rauda, representante del movimiento ciudadano Tocar Niñas Sí Es Delito explicó que la concentración fue de carácter pacífico, inclusivo y pluricultural, donde participaron mujeres, hombres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores, quienes expresaron su indignación por el sistema de justicia imperante en el país.

“Exigimos al Estado acciones concretas no solamente en el caso del magistrado Escalante, sino endurecimiento de las penas en casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes; que no haya prescripción de los delitos de índole sexual donde las víctimas sean menores de edad, legislación pronta y precisa para que la falta de tocamientos impúdicos pase a ser delito y no siga como falta, y en el caso de niños lleve una penalidad de cárcel”, afirmó Rauda.

A la vez, reconoció la necesidad de garantizar una vida sin violencia, de cualquier tipo, contra niñas, niños y adolescentes, sin embargo, en el caso del magistrado Escalante es necesario que el Estado tome medidas concretas a corto plazo para que este delito no quede impune.

La representante del movimiento ciudadano Tocar Niñas Sí Es Delito señaló que es grupo de salvadoreños interesados en promover no solo concentraciones de personas, sino además apoyar desde las áreas laborales cambios sustanciales en las leyes para que la impunidad no siga perpetuándose en ningún caso, especialmente en los que afecta a la niñez y adolescencia.

El caso del magistrado Escalante se dio cuando en estado de ebriedad manosea y toca las partes íntimas de una niña de 10 años, ante lo cual el Congreso le retira inmunidad y es enviado a juicio; pero la Cámara Primero de lo Penal se declara incompetente, porque para ellos el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) cometió una falta y no un delito.

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