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Redacción Nacionales
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Michelle Orellana, abogada de FESPAD, integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, dijo que tenían clara la necesidad de interactuar y unir esfuerzos con el Cuerpo Diplomático acreditado en el país, para dar un nuevo impulso al anteproyecto de Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos ante la Asamblea Legislativa.
“Tomando un poco el contexto actual de país, el pasado mes de mayo la Asamblea Legislativa envió la propuesta de ley presentada en el año 2018, por la Mesa por el Derecho a Defender Derechos al archivo. Entonces, es necesario un acercamiento con la Asamblea Legislativa, y con actores claves para hacer posible la presentación de una nueva propuesta”, explicó Orellana.
La reunión con miembros del cuerpo diplomático, tuvo como fin plantear nuevas estrategias en torno a la propuesta de ley, además de compartir sus análisis sobre la situación de los derechos humanos en general que se registran en el país.
“Necesitamos interactuar con el Cuerpo Diplomático, a manera que se convierta en un catalizador para establecer un diálogo abierto, consensuado y respetuoso en los márgenes de la participación ciudadana activa, porque, es cierto, que hay algunos mensajes que podrían interpretarse como positivos, no así desde la Asamblea Legislativa”.
“De hecho, El Salvador tiene una larga historia en materia de defensa de los derechos humanos, tenemos personas defensoras que han dado hasta su vida, entre ellos, Monseñor Oscar Romero. Entonces, la defensa de los derechos humanos ha sido una constante y dejar de verlos como una utopía, que son irrealizables o son una ideología política, inclusive han opinado”, indicó.
El objetivo básico de la ley es garantizar que cualquier ciudadano o ciudadana tengan protección así como, su derecho a defender derechos sean estos individuales o colectivos, con la garantía que el sistema y las instituciones del Estado salvadoreño lo respeten y cumplan.
“Todo los días nos levantamos y vamos al trabajo, vamos a estudiar, ejercemos nuestro derecho a informarnos, ejercemos nuestro derecho a expresarnos, circulamos libremente y en realidad todos esos son derechos humanos, es todo lo que hacemos pero necesitamos que estén garantizados”.
“Aclaro, no son concesiones, no son regalos de los gobiernos, sino derechos producto de luchas de personas defensoras de derechos humanos, reconocidos a través de la historia”, indicó Orellana.
Para Eduardo García, director ejecutivo de Pro Búsqueda e integrante de la Mesa por el Derecho a Defender Derechos, lamentó la situación que vive la ciudadanía en la actualidad al manifestar el “deterioro” de la democracia desde hace dos años en el país.
“Estamos asustando el futuro de los jóvenes que quieren estudiar, porque se les está cambiando el libro por un fusil, eso me parece altamente peligroso”, dijo García, al señalar la decisión de militarizar la sociedad, como se impulsó en la década de los años setenta y ochenta, con gobiernos de corte militar y cívico militares, que solo dejaron luto e impunidad.
“Pese a tantos viajes del presidente (Nayib Bukele) a países del Primer Mundo, no ha tomado en cuenta que estos países invierte en educación y en salud y no en militares. Sin ir lejos, tenemos un punto de referencia más cercano que es Costa Rica, sin ejército y es modelo de una sociedad civil fuerte”, dijo García.
Sobre las medidas gubernamentales que calificó de impositivas o autoritarias, García citó la Ley del Bitcoin, que tendría curso legal desde el 7 de septiembre próximo, pese a reiterados rechazos de la ciudadanía, y que traería distorsiones a la economía. Y así como protestaron por la dolarización de la economía, el actual gobierno recurriendo a “viejas prácticas”, de gobiernos anteriores.
“El otro punto que quiero mencionar es la decisión de limpieza de las mesas de trabajo en la Asamblea Legislativa, que mandaron al archivo anteproyectos importantes -y en esto creo- que estos diputados y diputadas de Nuevas Ideas, no se imaginan el daño que han hecho a la sociedad en general, a las víctimas del conflicto armado, a los grupos minoritarios del país”.
“Cuanto esfuerzo y trabajo tuvieron las madres , para acompañar y presentar estas propuestas que han quedado sin leese, mucho menos discutidas, por mandarlas al archivo, esto es revictimizante para las Madres que su propuestas de reconciliación o la propuesta de reparación que han hecho. Han sido desoídas, creo que son errores cometidos y creo que debemos desconfiar de personas que dicen hablar en nombre de Dios o el pueblo, porque la historia nos ha demostrado que esto no es así”, reiteró García.
Mientras, el padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), señaló durante su intervención ante el cuerpo diplomático, que los derechos humanos en el país, nunca han sido el fuerte en general. Y que el respeto a estas prerrogativas dependían mucho de la atención que diera el poder a este tema y la capacidad organizativa de la gente para presionar en favor de la defensa de los derechos humanos.
“En El Salvador, siempre ha habido gobiernos autoritarios y el de ahora, no es la excepción, pero (antes) hubo siempre resquicios que facilitaban un diálogo, una presión o una negociación e incluso con los gobiernos militares, previo a la guerra civil (años ochenta) que se fueron cerrando en la medida que se fue militarizando el país”.
“Después de gobiernos militarizados y la guerra se vino un gobierno más vinculado al Capital que fueron los gobiernos de ARENA y los que, se abrió alguna perspectiva de diálogo. Posteriormente, se vino un gobierno del FMLN, que tal vez, tenía mucho menos poder material que los gobiernos militares o de ARENA, pero tenía un poder simbólico pero se agotó relativamente pronto. Y en esos últimos 30 años, hubo más apertura al diálogo, derechos humanos y respetar los marcos legales”.
“Después del triunfo electoral de (Nayib) Bukele y la Asamblea Legislativa actual, ha habido una cooptación de todas las estructuras del Estado, en que prácticamente ha cerrado las puertas al diálogo, a la negociación, incluso, en países que negociaban fácilmente con El Salvador, como los Estados Unidos, han tenido dificultades a la hora de negociar y mucho más que nosotros en el tema de derechos humanos que siempre ha tenido déficit”, reiteró Tojeira.
El director del IDHUCA reiteró la importancia de contar con el apoyo de la Comunidad Internacional que ha sido testigo de la “situación autoritaria” y así crear vínculos que ayuden en este campo de los derechos humanos en el país.
“Yo creo que la comunidad de derechos humanos que hay cada vez, más representaciones de diferentes sectores, algunos que han sido golpeados en muchos aspectos por el autoritarismo presente. Entonces, tener una ley de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que los proteja y contar con una alianza con la Comunidad Internacional, se puede impulsar mecanismos iniciales con la comisión parlamentaria para el avance y descenso del autoritarismo”, puntualizó.
