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Los fundamentalismos religiosos, principales representantes del patriarcado en su lucha contra los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos

Alberto Romero de Urbiztondo

Movimiento por una Cultura Laica en El Salvador

El reconocimiento de derechos alcanzado por el movimiento feminista y de mujeres, cialis hace 20 años en la Conferencia Internacional de El Cairo sobre la Población y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing, sentaron las bases para la definición de los derechos sexuales y los derechos reproductivos y su inclusión en la agenda pública. El avance, lento pero progresivo, en su reivindicación y garantía, ha generado una fuerte reacción en los sectores más representativos del patriarcado que han visto amenazados sus mecanismos de control sobre la capacidad reproductiva de las mujeres.

El patriarcado, ha utilizado tradicionalmente la manipulación de la religiosidad de la población, para imponer normas y códigos morales controladores de la sexualidad humana, asignando a la mujer un destino ligado únicamente a la maternidad. Por ello, han considerado que la difusión y el avance en el acceso real a derechos sexuales y reproductivos, como una amenaza a sus mecanismos ideológicos y sociales de control, poniendo en riesgo la sociedad patriarcal. Esto explica que las mayores resistencias para el avance de estos derechos y su garantía a través de leyes y políticas públicas, la encontramos  entre  las jerarquías eclesiásticas, que presentan estos derechos como si fueran un ataque a las creencias religiosas, y con el argumento de defenderlas han generado una rearticulación del activismo religioso que, sin abandonar formas tradicionales de influencia, ha desarrollado nuevas estrategias de incidencia que es importante conocer, para poder neutralizarlas.

Un primer elemento a considerar es la fuerte presencia de la religiosidad en El Salvador. La mitad de la población (50.4 %) se considera católica romana, el 38.2 % evangélica, un 2.50 % dice pertenecer a otras religiones y el 8.9 % afirma no tener ninguna religión. Sin embargo esta religiosidad es más acentuada en las mujeres, ya que mientras el 13.10 % de hombres dice no tener adscripción religiosa, solo el  5.50 % de mujeres asumen no ser religiosas.

Esto nos revela la existencia una fuerte pluralidad de pensamiento y creencias en nuestro país, aunque con una gran mayoría de ciudadanía con afiliación religiosa y por tanto proclive a ser influida por las diversas jerarquías y liderazgos eclesiásticos.

A pesar de que nuestra Constitución contempla todas las características propias de un Estado laico: el respeto a la libertad de conciencia y creencias así como  su práctica individual y colectiva, la autonomía de lo político y de la sociedad civil frente a las normas religiosas y filosóficas particulares y por último la no discriminación directa o indirecta hacia seres humanos por sus creencias o convicciones o por sus opciones ni por sus comportamientos afectivos, sexuales y reproductivos, en la práctica los diversos órganos del Estado y la clase política actúan fuertemente coaccionados por el tutelaje y hegemonía ideológica que ejercen las jerarquías religiosas más influyentes. Persiste una gran  influencia de la Iglesia Católica, como herencia del pasado colonial, con un auge creciente de las iglesias evangélicas, que si bien tienen menos incidencia institucional, por su gran diversidad y no disponer de estructuras tan jerarquizadas, ejercen una gran influencia social en sectores populares y clases medias, a través de su amplia red de centros de oración.

En este marco, de amplia y plural religiosidad y débil  carácter laico del Estado,  las instituciones religiosas son  las principales sostenedoras del patriarcado y la heteronormatividad, manteniendo  su doble rol de agentes de socialización y actores políticos. A la vez que no renuncian y conservan los privilegios que tienen como institución religiosa, reclaman y ejercen su derecho, por otra parte legítimo, a ser parte de la sociedad civil, participando activamente en el debate político público para la conformación de leyes y definición de políticas públicas y haciendo uso de los mecanismos que el Estado democrático proporciona. Por ello hemos visto como se ha desarrollado una progresiva “ONGización” de lo religioso.

Asistimos a lo que se ha dado en llamar  secularismo estratégico, es decir la defensa de principios y normas de origen religioso a partir de estructuras ciudadanas y con argumentación explícitamente no religiosa. El discurso de los activistas religiosos para oponerse a las feministas, a los movimientos por la diversidad sexual y a los DSyDR en general y defender  normas morales tradicionales, de origen religioso,  se realiza sin hacer referencia a lo sagrado, a Dios o a la doctrina oficial de una iglesia, sino utilizando argumentos que, más allá de su veracidad y calidad científica o racional, son exclusivamente seculares, no religiosos.

Ante el trabajo de incidencia y movilización que realizan el movimiento de mujeres y LGTBIQ para la aprobación de leyes y políticas que garanticen  los derechos sexuales y reproductivos de la población, estos grupos “antiderechos” han desarrollado una intensa movilización y capacidad de incidencia.

Toman de los movimientos sociales sus formas de denuncia, movilización, propaganda e incidencia y formulan sus propuestas utilizando  lenguaje y conceptos de los defensores de DDHH, se autonombran defensores de ”la vida”,  del derecho del “no nacido”. Se pretenden legitimar como representantes de la ciudadanía, afirmando por ejemplo,  que la “mayoría del pueblo” está en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

Su discurso lo basan en la interpretación que hacen de investigaciones y argumentos científico, la mayoría de veces elaborados por instituciones fundamentalistas o conservadoras, que supuestamente prueban la “ineficacia” del condón, el terrible “trauma” post aborto, que el embrión  es una “persona”, que la homosexualidad es un “enfermedad” que tiene cura o que  el VIH-SIDA. lo transmiten los homosexuales.

Estos grupos fundamentalistas, aunque tienen su origen en instituciones religiosas, han ido evolucionando. Inicialmente manifestaban su pertenencia  religiosa especifica como una característica identitaria de la organización, después han ido interiorizando esta pertenencia religiosa y no la han manifestado públicamente, hasta llegar a des-identificarse de cualquier pertenencia religiosa y presentarse con una identidad institucional aconfesional que se expresa en la defensa de bienes, que se consideran comunes y públicos, como “la vida”, “la familia”, “la niñez”. Pero a través de los cuales promueven que es  más importante la vida del embrión que la de la mujer gestante, que la única familia posible es  la patriarcal y heterosexual y que los padres tienen la potestad de negar a sus hijas e hijos una educación afectiva sexual o decidir que sean adoctrinados en una religión desde la escuela.

Estos grupos han promovido su crecimiento entre la juventud, en especial la que proviene de colegios religiosos, canalizando las aspiraciones juveniles de justicia, defensa del más débil o el nacionalismo contra la injerencia extranjera, para concretarlas en una agenda civil que encuentra un sustrato en el pensamiento religioso hegemónico y en la defensa de la agenda conservadora sobre sexualidad y familia tradicional heterosexual. Igualmente, desarrollan entre las mujeres discursos que utilizando el lenguaje de defensa de sus derechos, en realidad  promueven sus roles tradicionales.

En una distribución de tareas, estos grupos desarrollan el activismo, la confrontación en la calle y los medios de comunicación, como movimientos ciudadanos y con argumentaciones no explícitamente religiosas. Por su parte las jerarquías religiosas aparecen apoyando y legitimando a esta “ciudadanía”, haciendo uso de su autoridad simbólica y su capacidad de movilización institucional.

Los movimientos fundamentalistas, que se autodefinen como firmemente nacionalistas, forman parte, sin embargo, de redes internacionales dirigidas por instituciones religiosas y políticas. Los llamados movimientos “pro vida”, son las filiales nacionales de Vida Humana Internacional/Human Life International (HLI),  una organización con sede en USA, dirigida por un sacerdote católico, que trabaja contra la distribución de anticoncepción, la educación sexual, el aborto y las técnicas de reproducción asistida. Desde 1998 tiene una Oficina en Roma para colaborar con el Vaticano, en especial con la  Academia Pontificia para la Vida, fundada en 1994 por Karol Józef Wojty?a, que es un “tanque de pensamiento” vaticano, para estudiar, informar y formar sobre los principales problemas de biomedicina y de derecho, relativos a la vida, en la relación directa que  tiene con la moral cristiana y las directivas del Magisterio de la Iglesia. Desde esta institución se elaboran los discursos argumentativos que utilizan los grupos fundamentalistas. Así mismo, es la promotora de la creación de Cátedras de Bioética en las Universidades Católicas y del Opus Dei, donde se forman muchos de los profesionales que en los hospitales y otras instituciones tendrán la decisión sobre la aprobación de un aborto, inseminación in vitro o políticas de anticoncepción.

Las organizaciones “anti derechos” de origen evangélico, también tienen fuertes vínculos con redes internacionales, en especial con la Mayoría Moral y la Nueva Derecha Cristiana de USA, creada por  fundamentalistas cristianos y ultraconservadores, convirtiéndose en una  fuerza política  del ala más conservadora del Partido Republicano con el objetivo de  apoyar las campañas electorales del Presidente Ronald Reagan y después de George Bush padre y George Bush hijo. Su agenda tiene entre sus objetivos  “liderar como cristianos  la batalla contra el aborto, que es un asesinato por encargo”,  “oponerse a la desintegración de la familia tradicional en América” y “a la promoción de los matrimonios homosexuales”.  El liderazgo evangélico más beligerante en contra de los derechos sexuales y reproductivos, está vinculado o ha sido formado, por redes evangélicas internacionales como La Alianza en Defensa de la Libertad/ Alliance Defending Freedom (ADF),que defiende el derecho de los pastores para hablar de política en las iglesias o la Conferencia Nacional de Liderazgo Cristiano Hispano (NHCLC), que ha absorbido  a la Confraternidad Evangélica Latina (CONELA), de perfil neoconservador creada para contrarrestar al movimiento evangélico más progresista.

Frente a estos actores conservadores presentes no solo en El Salvador, sino en toda  Latinoamérica,  se han ido teniendo avances y retrocesos en la conquista de los derechos sexuales y reproductivos.

Estos grupos fundamentalistas han desarrollado estrategias parlamentarias como la organización, al interior de los  órganos legislativos, de bancadas y bloques  anti-derechos, en Brasil, Costa Rica, Perú y México. Han controlado Comisiones legislativas de Derechos Humanos o de la Mujer, desde donde han impulsado legislación de apoyo a las propuestas fundamentalistas. Esta estrategia cuenta con el apoyo de la Acción Mundial de Parlamentarios y Gobernantes por la Vida y la Familia,  creada en Chile en el 2007

En el ámbito jurídico han promovido reformas constitucionales, para poner “candados” legislativos que impiden  la aprobación de futuras leyes a favor del matrimonio igualitario o la despenalización del aborto, inmovilizando el avance de los derechos.  Una estrategia similar la han utilizado para intentar revertir derechos ya alcanzados, presentando acciones de inconstitucionalidad, contra leyes que garantizaban derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo no siempre han g eneradoretrocesos, como en Bolivia, cuyo Tribunal Constitucional, aunque ha ratificado la ilegalidad del aborto, garantiza su despenalización por causales, facilitando los requisitos para su aplicación en casos de violación, a la vez que recomendó al Congreso promulgar una Ley de Derechos Sexuales y Reproductivos.

En la defensa por el derecho a decidir, se han logrado algunos avances, que aunque parciales, permiten garantizar, en algunos casos el derecho a decidir de las mujeres, como ha posibilitado la aprobación en Perú del Protocolo de Aborto Terapéutico que reglamenta su práctica para salvar la vida de la mujer durante las 22 primeras semanas de gestación.

Para impedir la efectiva aplicación de legislaciones que permiten el aborto no punible en Argentina, los fundamentalistas están promoviendo la objeción de conciencia de los profesionales de salud, para dificultar el acceso de las mujeres, no solo a los servicios de interrupción legal del embarazo, sino incluso, la implantación de Dispositivos Intra Uterinos (DIU), como está ocurriendo en la ciudad argentina de Córdoba. De forma similar en Bolivia los Obispos católicos promueven el reconocimiento de la “objeción de conciencia” para aquellos trabajadores de la salud que se nieguen a practicar abortos.

En su estrategia de retomar reivindicaciones de los movimientos sociales latinoamericanos, para intentar legitimar la agenda fundamentalista, estos grupos utilizan la fuerte identidad nacional o local de la población, para presentar la defensa de los derechos sexuales y reproductivos como injerencia de países ricos para dominar a nuestros pueblos, impidiendo su crecimiento e imponiendo costumbres extranjeras. Una estrategia similar son las iniciativas para declarar países o ciudades como “pro vida”, queriendo presentar la negación de derechos, como una afirmación de la propia identidad local. Manipulan las tensiones entre poderes locales y gobierno central como hacen en Argentina o se presentan como defensores de  las reivindicaciones de los pueblos originarios, diciendo que  el aborto es una estrategia de “exterminio étnico”, tal como han hecho algunos grupos fundamentalistas en Bolivia.

Para garantizar su hegemonía ideológica, los grupos fundamentalistas, están pretendiendo imponer la educación religiosa obligatoria en las escuelas públicas, como ha hecho la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) mediante la presentación de un memorial con 135.000 firmas,  violando el carácter laico del Estado y frenando el derecho a educación e información sobre sexualidad. De forma similar,  la Conferencia Episcopal de Uruguay se ha opuesto al uso de  la Guía de educación y diversidad sexual. Ambos casos parecidos a lo ocurrido con el Manual de educación afectivo sexual “De adolescentes para adolescentes”, elaborado por los Ministerios de Educación y Salud de El Salvador y que fueron quemados en el año 2000, por orientación  del Obispo, sin importar que más del 32 % de embarazos sean de niñas y adolescentes.

En este contexto es también importante señalar que existen grupos de ciudadanos y ciudadanas que desde su opción religiosa promueven los derechos sexuales y reproductivos, como las Católicas por el Derecho a Decidir o Creyentes por la Ley Civil, grupo evangélico peruano que lucha por la unión civil de parejas del mismo sexo o teólogos y teólogas como Ivonne Guevara de Brasil, María López Vigíl de Nicaragua o Fray Julián Cruzalta de México, que elaboran un discurso alternativo que da cabida a los derechos sexuales y reproductivos dentro de la religiosidad.

La experiencia nos muestra que para poder avanzar y consolidar  en legislación y servicios que nos garanticen los derechos sexuales y reproductivos en Latinoamérica, debemos de trabajar de forma paralela para que en nuestros países, el carácter laico del Estado sea efectivo, con leyes y normas que lo regulen y con un funcionariado que lo garantice y lo haga cumplir. Algunas medidas concretas para lograr serían las siguientes:

•Una educación laica que permita que la niñez y juventud reciban formación afectiva sexual accesible a su edad, con una base científica y basada en derechos.

•Servicios de salud que garanticen el acceso real a información y métodos de anticoncepción, tanto para personas adultas como para jóvenes.

•Confidencialidad e intimidad en la atención en los servicios de salud sexual y reproductiva, garantizando el secreto profesional del personal sanitario.

•Protocolos de salud que garanticen la atención adecuada a mujeres que han enfrentado violencia sexual o violación, incluyendo contracepción de emergencia y retrovirales.

•Regulación clara de las obligaciones del funcionariado prestador de servicios, garantizando el carácter laico del estado y sin que sus creencias y códigos morales particulares incidan en la atención.

•Clara separación y autonomía  del Estado respecto a las iglesias, para la definición de leyes y políticas públicas, que no podrán tener como única  base de sustentación creencias o normas morales religiosas.

•Legislación antihomofobica que impida ampararse en la libertad religiosa para denigrar y estigmatizar a la población LGTBIQ

•Reconocimiento igualitario del matrimonio civil, sin distinción del sexo de las personas contrayentes.

Un Estado laico es condición necesaria, aunque no suficiente, para que en nuestro país se consolide la agenda feminista. Porque, sin dominio sobre la propia conciencia y el propio cuerpo, es imposible el ejercicio de la libertad, la ciudadanía y la democracia.

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