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“En síntesis, la LEAX impone una carga financiera equiparable a la confiscación de hecho”, sintetizó CRISTOSAL.
Redacción Nacionales
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Un análisis de la Fundación Cristosal señala que la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada por el oficialismo esta semana, “transgrede la esencia misma del derecho a la asociación, libertad de expresión, al ejercicio libre del periodismo y el derecho a defender derechos”.
El martes 20 de mayo, Nuevas Ideas aprobó de forma exprés la Ley de Agentes Extranjeros para imponer un impuesto del 30% a las donaciones que reciben las oenegés que operan en El Salvador.
CRISTOSAL aseguró que la Ley de Agentes Extranjeros indica que los sujetos obligados son todas las personas natural o jurídica, nacional o extranjera, que dentro del territorio de El Salvador respondan a intereses, sean controladas o financiadas, directa o indirectamente por un mandante extranjero.
“Las limitaciones que impone esta Ley van desde lo financiero hasta la cancelación de la personalidad jurídica de personas jurídicas que llevan años operando. Asimismo, la Iey contempla la posibilidad de que la Fiscalía General de la República acuse a directivos de ONGs por el delito de lavado de dinero y activos, en caso de que se intente financiar a asociaciones, fundaciones y organizaciones por medios distintos a los regulados por la ley”, señaló Cristosal en una síntesis.
La Ley, también permite que el Ejecutivo ejerza “un férreo” control político sobre toda actividad realizada por una organización catalogada discrecionalmente como «agente extranjero». Respecto a lo financiero, analizó Cristosal, la Ley permite que autoridades estatales congelen cuentas bancarias de cualquier asociación, fundación, iglesia o personas naturales que sean catalogadas como agentes extranjeros. Además, impone un impuesto confiscatorio del 30%, que funciona como un impuesto al flujo de capital, y que será retenido y entregado directamente por las entidades financieras”.
Asimismo, toda donación nacional será afectada con el 30% de este impuesto, y se afecta toda transferencia, incluyendo las donaciones o cualquier tipo de financiamiento a proyectos generales o específicos, en general toda actividad financiada por «agentes extranjeros», ya sea por transferencias internacionales o provenientes del territorio nacional, incluyendo intermediarios.
CRISTOSAL sostiene que la Ley no esclarece si a este impuesto especial se sumará el 10% aplicable a toda donación. AI sumar todos los impuestos que deberán pagar las organizaciones, asociaciones y fundaciones catalogadas como «agentes extranjeros», la carga tributaria sería mayor al 50% de los ingresos brutos, ya que las organizaciones deberán pagar, además del nuevo tributo que asciende a un 30%, el 13% de IVA (impuesto indirecto), el impuesto sobre la Renta, que sería de entre 10% y un 30% de los ingresos imponibles.
“En síntesis, la LEAX impone una carga financiera equiparable a la confiscación de hecho”, sintetizó CRISTOSAL.
Señalan que la Ley permite que el Gobierno exima de este tributo a las asociaciones, fundaciones, personas naturales y jurídicas sin establecer parámetros objetivos, lo que se traduce en trato desigual no justificado. “Este tipo de legislación permite que las autoridades estatales premien o castiguen a las personas jurídicas, según su afinidad con el Ejecutivo y generan condiciones favorables para el clientelismo político y la represión a las libertades fundamentales”.
En el marco normativo existen disposiciones que de forma expresa le ordenan al Registro de Agentes Extranjeros a informar, cada 6 meses, a la FGR sobre todas las actividades realizadas por las personas catalogadas como “agentes extranjeros», para fines de lavado de dinero y activos.
En el ámbito administrativo sancionatorio, la Iey “incluye multas altas y desproporcionadas”, que serán impuestas de forma arbitraria, ya que la Iey incluye una cantidad considerable de conceptos jurídicos indeterminados que podrán ser utilizados para imponer multas, sanciones e incluso para solicitar la cancelación de la personalidad jurídica de cualquier entidad.
El núcleo esencial de la Libertad de Expresión y de Asociación implica que el Estado no debe intervenir en los asuntos internos de las personas jurídicas, ni debe autorizar las actividades de estas entidades. “El Estado no puede condicionar el ejercicio de los derechos relacionados con las libertades, pues dichas medidas implican censura previa, además de fomentar la criminalización y el control político de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil”.
La fundación se sociedad civil, indicó que al igual que el anteproyecto de Ley de 2021, la Ley aprobada con dispensa de trámite posee similitudes con la Ley de Agentes Extranjeros de Rusia y de Nicaragua.
La Ley de Agentes Extranjeros se aprobó en menos de dos horas sin discusión y con dispensa de trámite; se aprobó en medio de fuerte tensión social por la criminalización de defensores de derechos humanos. De hecho, Ruth Eleonora López fue capturada el domingo pasado y no se le ha acusado formalmente, su detención se debe, según las mismas organizaciones, por defender los derechos humanos.
