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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Vengo a expresar mi preocupación porque cuando tenemos varias décadas de lucha buscando justicia y reparación, pero vemos estas acciones de los abogados defensores, de dilatar el proceso (penal), entendemos que es una estrategia para la impunidad”, aseveró, José Cruz Vigil, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM).
Alrededor de una veintena de organizaciones de derechos humanos y Memoria Histórica, que acompañan el proceso de las víctimas en el caso de la Masacre de El Mozote y sitios aledaños, denunciaron la tentativa de “paralizar el juicio”, por lo que hicieron un llamado al órgano Judicial, a garantizar el acceso al derecho a la justicia de los sobrevivientes y víctimas de este Crimen de Lesa Humanidad, ocurrida en diciembre de 1981.
Los representantes de la APDHEM, junto a las organizaciones que integran la Mesa Contra la Impunidad, la Comisión de Trabajo pro Memoria Histórica, el Grupo Gestor para una Mesa de Reparaciones y los integrantes del equipo legal que representan la acusación particular en el proceso judicial de las víctimas de El Mozote, calificaron los intentos “reprochables de entorpecer el proceso judicial”, cuando ya se encuentra en una fase de obtención de pruebas esenciales y su inminente elevación a juicio.
“Acusados ya están y solo habría que llegar al punto central de aplicar las sanciones que les corresponden a cada uno de los implicados. Y como víctimas, nos preocupa, porque muchos de los que iniciaron este proceso ya murieron esperando ese momento de justicia, verdad, reparación y la garantía de no repetición de estos actos, como menciona la sentencia”, agregó Vigil.
La recusación del juez Jorge Guzmán, del Tribunal de Instrucción de San Francisco Gotera, Morazán, ha sido presentada por tres del grupo de abogados defensores de los militares de Alto Rango, identificados en puestos de decisión durante el conflicto armado y los hechos acaecidos. Los abogados defensores afirman que hay “imparcialidad comprometida”, por una tesis de graduación en que el juez, supuestamente da “opinión sobre la Masacre de El Mozote”.
Ante este argumento David Morales, de Cristosal, que integra el equipo de la acusación particular en el caso de El Mozote, calificó estas acciones de la defensa como estrategias destinadas a demorar, retardar e inclusive paralizar la elevación a juicio contra los imputados de la Masacre de El Mozote, frente a la abundante cantidad de pruebas testimoniales, técnicas y científicas en contra de los imputados.
“Los alegatos de la defensa no reúnen los requisitos de ley, ni requisitos técnicos para que sea procedente la acusación; porque se necesitan argumentos serios, comprobables y razonables, sobre la imparcialidad del juez y este no es el caso. Porque su tesis no supuso en modo alguno el proceso judicial. Y ni siquiera pensaba en ser juez, era un estudiante de derecho”, explicó Morales.
No obstante, reconocer que la defensa tiene derecho a presentar peticiones, lamentó que estas acciones han ido más allá, señalado también a diferentes “personas juzgadoras”, quienes deberán conocer del incidente. Al recusar a un magistrado de la Cámara de Segunda Instancia, quien debería resolver la recusación contra el juez Guzmán. Y esta recusación a la Cámara, de inmediato la tendrá que conocer la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“Ahora, un abogado defensor está presentando dos recusaciones a dos magistrados de la Sala de lo Penal (Doris Luz Rivas Galindo/Leonardo Ramírez Murcia), recusación que deberá conocer la Corte Suprema de Justicia en Pleno. Entonces, lo que debería ser un mero incidente de recusación que la Cámara de Segunda Instancia, debió resolver, ahora se convierte en un incidente que deberá conocer eventualmente la Corte Plena”. “Esta es una estrategia para retrasar por meses la elevación a juicio, la elevación a segunda etapa de debate de prueba y sentencia definitiva. De un grupo de defensa de los imputados que no han sido activa en la presentación de pruebas de descargo y no ha podido demostrar la inexistencia de la masacre que tiene abrumadora pruebas presentadas al proceso”, reiteró Morales.
Wilfredo Medrano, de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, integrante del equipo de la acusación particular en representación de las víctimas, hizo un llamado al órgano Judicial a no permitir este tipo de prácticas de los abogados defensores en el caso de El Mozote, alegando que todas las causales para recusar jueces y magistrados, no se encuentran establecidas en el Código Procesal Penal, y que en ninguna de las causales existe lo que alegan para rechazar a los juzgadores.
“En ese sentido, consideramos grave que pretendan apartar del conocimiento al juez (Guzmán) que maneja el proceso de manera imparcial. Y le ha dado las garantías a los imputados, como gozar de medidas sustitutivas a la detención provisional, porque están en libertad, y de ser parcial el juez (Guzmán), no hubiese aplicado el Código Penal actual, son solo alegaciones sin fundamento, sin sustento legal y con un ataque visceral que ha llegado al irrespeto a su investidura”, declaró Medrano.
El caso de El Mozote y sitios aledaños están interconectados con otros sucesos similares, porque se trató de un momento histórico cuando sucedieron estos actos de terrorismo que en su mayoría provinieron del Estado. Por tanto, la relevancia de obtener justicia expresaron las organizaciones que acompañan a las víctimas y sobrevivientes por más de tres décadas de y otros crímenes de Lesa Humanidad.
Dorila Márquez insistió: “Ahora, los defensores de esos criminales y asesinos que nos quitaron nuestras familias están dilatando la justicia a las víctimas. Les pido a las organizaciones que nos acompañen, la Corte (SJ) y los medios de comunicación, que son la esperanza para ver la justicia ante la ingratitud de quitarnos a nuestras familias hasta criaturas dentro del vientre de sus madres”, puntualizó.
