Diario Co Latino 133 años informándote con credibilidad
Artículos relacionados
Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“A veces sueño que voy corriendo, que me caigo en los barrancos. Padezco de dolores de cabeza, porque hubo tanta sangre derramada. Y se, que es por todo eso de la guerra, tanta sangre que corrió. Las víctimas somos la verdad de la guerra”, expresó Dora Dubón, sobreviviente de la masacre de Los Duboncitos, en Nueva Trinidad, Chalatenango, en el año de 1980.
“Eran las ocho de la mañana, pude ver la columna de soldados que venían matando a la gente -no habían guerrilleros en ese lugar-, cuando vi al grupo de soldados sacando a las mujeres de cada casa y las mataban. Yo tenía 14 años, temblaba todo mi cuerpo por el gran miedo y no podía ni sostener a un niño porque no me podía detener, vi como golpearon a mi madre y mataron a otros parientes, corrí, me escondí y pude sobrevivir, pero hay cosas que no pueden olvidarse, como las mujeres con los pechos desfloronados por las ráfagas, y otras, las embarazadas, les sacaron los niños y se los ponían en la boca. Como víctimas nos sentimos dañados, y queremos que el gobierno del presidente Nayib Bukele ponga una casa para las víctimas y poder dialogar y nos den ayuda psicosocial y económica, porque nos han suspendido esa ayuda”, lamentó Dubón, de 56 años de edad.
La Asociación de Sobrevivientes y Víctimas de la Masacre del Sumpul y otras Masacres de Chalatenango, la Asociación Sumpul, y abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, participaron de la consulta que realiza a escala nacional el procurador para la defensa de los derechos humanos (PDDH), José Apolonio Tobar.
No obstante, estas consultas y conversatorios con las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado no tienen vinculación directa con la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional, a fin que la Asamblea Legislativa, dote al país de una Ley de Reconciliación Nacional, luego de la derogación de la Ley de Amnistía en el año 2016, y tampoco, con las reuniones que sostienen un grupo de diputados con víctimas y organizaciones de derechos humanos, actualmente.
“Hago una lectura positiva sobre los testimonios de las víctimas que se han podido expresar de forma libre, clara y concisa sobre sus necesidades, es desgarrador escuchar esos testimonios de lo que vivieron y que gracias a Dios, sobrevivieron, y esto lo vamos a utilizar para presentar un posicionamiento frente a la Asamblea Legislativa, que tenga la claridad de las exigencias de las víctimas y sus familiares, a efecto de cumplir los cuatro requisitos que la Sala (de lo Constitucional) estableció para la emisión de esa nueva ley. De lo que hemos escuchado hasta ahora, algunos están claros y piden prisión -pero la mayoría- después de veintiocho años de firmados los Acuerdos de Paz. ¿Qué vamos a resolver con la prisión? más les gustaría, nos han dicho las víctimas -y esto lo vamos a documentar- es que les den ayuda, asistencia médica, psicológica, servicios básicos, buenas calles, sus hijos tengan becas y que se les entregue una pensión digna”, detalló Tobar.
Las visitas de la Procuradoría para la Defensa de los Derechos Humanos culminarán luego de las visitas a los departamentos de: Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y Cabañas, información que serán vertidas en una matriz de datos generando un consolidado, y así emitir un pronunciamiento y recomendaciones a la Asamblea Legislativa, para que garanticen los derechos de esta población.
Para Julio Rivera Guardado, directivo de la Asociación Sumpul, este tipo de actividades reviste una importancia trascendental para las victimas, al decir que en el departamento de Chalatenango cuenta con un registro de sesenta masacres, de las cuales, la más emblemática es la Masacre del Sumpul, ocurrida un 14 de mayo de 1980, en donde más de 600 personas de la población civil fueron ejecutadas por el ejército salvadoreño.
“Después de la firma de los Acuerdos de Paz hemos presentado demandas ante el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango, para que se haga justicia. Los años han ido pasando, primero fue Tutela Legal del Arzobispado, hoy Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, que nos han venido acompañando en ese proceso -sin que hasta hoy tengamos una respuesta efectiva- ahora entregamos un documento a la Procuraduría (PDDH), para que una fuerza junto a nosotros las víctimas y se logre dar impulso al debido proceso a las investigaciones (Fiscalía General de la República), para que las masacres del Sumpul y otras, obtengan verdad, justicia y reparación”, acotó Rivera.
Tras el escrito presentado por la Asociación de Sobrevivientes y Víctimas de la Masacre del Sumpul y otras Masacres de Chalatenango, la Asociación Sumpul y Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, esperan que el procurador Tobar impulse acciones para “sentar en el banquillo de los acusados” a los responsables, realizando las diligencias judiciales, explicó Alejandro Díaz de Tutela.
“No podemos contemplar, como las víctimas van falleciendo y pidiendo justicia, lamentamos que la jueza de Primera Instancia no haya sido más efectiva o diligente, con el caso (Masacre del Sumpul), que se lleva con el Código (Penal) de 1973, donde el juez tiene facultades de investigación, es por esto que pedimos al Procurador (Tobar), que verifique el proceso, porque incluso hay dos resoluciones de la PDDH en este caso del Sumpul, que no se están cumpliendo en las instancias del Estado, que está relacionado a la justicia, reparación y dignificación de las víctimas.
Y también solicitamos un perdón formal de parte del Estado, y no se ha hecho, por falta de voluntad de las autoridades de gobierno”, puntualizó.
