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Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y elementos de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) no deben atender órdenes ilegales que estén al margen de la ley. “La lealtad no es como la dice el ministro, al presidente, la lealtad es a la Constitución de la República”, dijo Saúl Baños
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
“Aunque no se realizó lo que iba a hacer el presidente de la República (Nayib Bukele) disolver el Parlamento, si se rompió el orden constitucional”, explicó el director Ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), Saúl Baños, quién asegura que el país y la ciudadanía se encuentra en zozobra ante una crisis política, ya que continúa una campaña para generar amenazas y miedo.
El director de FESPAD hizo un llamado al pueblo salvadoreño a la razonabilidad y cordura, serenidad y evitar acompañar actos que pueden ser ilegales y que pongan en riesgo la estabilidad política económica y social del país.
“El domingo pasado se recordaron los años del conflicto, no quisiéramos que nuestros hijos e hijas vivan esa situación, por un capricho de una persona o grupo de personas que están rompiendo el orden constitucional y la paz social, la relativa paz social, la cual no vivimos pero es una aspiración. Todavía estamos a tiempo de retroceder. Que el presidente deponga las pretensiones supuestas que nosotros creemos que tiene, y que no son la aprobación de los 109 millones de dólares”, sostuvo.
Baños aseguró que la fiscalía debería de investigar a Walter Araujo, ya que está actuando al margen de la ley, ante el llamamiento que hace para este domingo en la Asamblea Legislativa. Y es que Araujo ha sido el principal impulsor del movimiento para este domingo.
“Esas expresiones que hace para tomarse la Asamblea Legislativa, e incluso le hace el llamamiento a la Sala de lo Constitucional que si ellos no se hacen a un lado, los vamos a traer, así lo plantea. Eso debería de ser objeto de investigación por parte de la FGR”, explicó el abogado.
Por otro lado, el director de FESPAD hizo un llamado, al retomar la medida cautelar número 4 de la Sala de lo Constitucional, al ministro de Defensa y director de la PNC, pero que se hace extensivo al presidente de la República, a cualquier funcionario de la FAES y de la PNC. Ya sean mandos superiores o mandos medios.
Baños les recordó que los agentes de la PNC y elementos militares no deben atender órdenes ilegales, que estén al margen de la ley. “La lealtad no es como la dice el ministro, al presidente; la lealtad es a la Constitución de la República”, dijo.
Además, recordó que la mayor parte, por no decir la totalidad de gente razonable, est diciendo que ha cometido un error o que es posible que lo estén asesorando mal, y que se empecine en esta iniciativa sumamente peligrosa. También los organismos internacionales, el cuerpo diplomático en el país, e incluso el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson han condenado los hechos.
Intereses electorales
El presidente de la República, Nayib Bukele ha justificado las acciones del domingo 9 de febrero, en la Asamblea Legislativa, sobre la base de la no aprobación de los fondos de $109 millones de la fase III del Plan Control Territorial. No obstante, esta no podría ser la razón final del mandatario salvadoreño, ya que a juicio del director, esto es lo más mínimo del presupuesto superior a los $700 millones para seguridad.
“Me lleva a plantear que es otra justificación del presidente, y que las intenciones posiblemente sean otras. Podríamos inferir que la intención es política electoral, ya que la legislación actual de 1983 no permite la reelección del presidente de la República, no permite que sus familiares en cuarto grado de consanguinidad puedan ser candidatos a la presidencia ni su esposa. Cómo lo podría lograr, haciendo una nueva Constitución”, explicó.
De igual manera, plantea la posibilidad de que Bukele buscaba disolver la Asamblea Legislativa y crear una nueva, que trabaje y apoye directamente el trabajo del Ejecutivo. Este acto- sostuvo Baños- es peligroso para su gobierno mismo porque le generaría condiciones de ingobernabilidad profunda, por lo que instó a que cambie de postura, que siga los debidos procesos, que respete institucionalidad del país y que sea más prudente.
Y es que la solicitud de los $109 millones de dólares para negociar con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), irá destinado al fortalecimiento de la institucionalidad de las instituciones de seguridad, pero no a mejorar las condiciones de los agentes policiales y militares, ya que irá destinado para la compra de un buque, por valor de $13 millones de dólares, un helicóptero, miras de visión nocturna, chalecos antibalas y cámaras de video vigilancia.
Y es en esto último donde se ha bloqueado el proceso de aprobación, ya que se ha planteado que la única empresa que puede proveer estos recursos es una empresa cuestionada en México, que también ha sido señalada de patrocinar el viaje en jet privado al viceministro de Seguridad, Osiris Luna.
“Aprobarlo o no de manera inmediata no resuelve de por si el problema de inseguridad. El préstamo aun cuando lo ratifiquen no es que mañana le van a dar la plata, eso pasa por un procedimiento del banco que es lento de aquí a dos o tres meses. No es tanta la urgencia”, comentó Baños.
Además, sostuvo que la Asamblea en su momento debe aprobar dicho préstamo, ya que es de interés nacional.
La FGR
Por otra parte, respecto al comunicado emitido por la FGR, Baños aplaudió esta iniciativa de apertura de una investigación de los hechos suscitados el domingo 9 de febrero, pero advierte que esta entidad debe actuar de la manera correcta, ya que no se trata de apresar a una persona que se cree que cometió un delito, sino, de seguir un procedimiento para encontrar posibles culpables de poner en riesgo el orden constitucional.
“Hacer un llamado a la fiscalía para que actúe prontamente y no tenga miedo, que atienda el llamado, porque de no hacerlo, también le recurriría una investigación por omisión de lo que mandata la ley”, dijo Baños.
Asamblea Legislativa
De igual manera, Saúl Baños condenó que la Asamblea Legislativa ante esta situación est dejando a un lado temas de relevancia para la ciudadanía, bajo la excusa de esta situación que enfrentan desde hace dos semanas.
Temas como la aprobación de la Ley de Reconciliación Nacional, cuyo plazo se vence el próximo 28 de febrero, prórroga que le dio la Sala de lo Constitucional. Asimismo, la Ley General de Agua, que está detenida ante la situación que están enfrentando. Además, el problema que se ha generado en el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
