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Editorial
El tema de las reformas constitucionales y las leyes secundarias en lo electoral han sido lo puntos de debate no solo de algunos partidos políticos, sino de analistas políticos críticos al régimen de Nayib Bukele.
El 29 de abril, el presidente pidió a la Asamblea Legislativa, por medio de la red social X, reformar el artículo 79 de la Constitución para crear una circunscripción electoral para que los salvadoreños en el exterior tengan 6 diputados. La Asamblea, inmediatamente, aprobó la reforma, vía exprés, como suele hacer la Asamblea ante las órdenes del presidente Bukele, y el 7 de mayo fue ratificada.
Antes, para que una reforma a la constitución tenga validez, una asamblea legislativa aprobaba la reforma y la siguiente Asamblea, tres años después, la ratificaba. Hoy, con la reforma al artículo 284 de la Constitución, una misma Asamblea puede aprobar una reforma constitucional, y horas después la ratifica.
Hasta antes de la ratificación de la reforma al art. 79, El Salvador contaba con 14 circunscripciones electorales, una por departamento, pero hoy son 15.
Durante una semana, la duda era cuántos diputados iba a tener la circunscripción 15, si aumentaría a igual número de diputados, o si recortarían diputados a cualquiera de las circunscripciones nacionales.
Las dudas desaparecieron el 7 de mayo, al ratificar la reforma, pues la Asamblea, dominada por el oficialismo, destinó seis escaños para la “diáspora”, para ello le quitó 5 diputados a San Salvador y uno a La Libertad.
El debate hoy no está centrado en el derecho que tiene o no la diáspora en tener diputados, sino por qué seis, y por qué se le quitan a San Salvador y La Libertad. Justamente en esto último está la respuesta y el debate a la vez.
Y es que, de acuerdo con analistas y expertos en estudios de opinión política, como Carlos Araujo, el partido Nuevas Ideas cuenta con un grave rechazo de la población por desarrollar una labor parlamentaria aprobando leyes que el Ejecutivo le ordenan, por eso es común que no solo la oposición política, sino, otros sectores de la población, llama a los diputados del partido oficial y a sus aliados como “puya botones”.
El temor del propio Bukele es justamente perder diputados en los departamentos donde vive la población más informada del país, y por ende más críticos como San Salvador y La Libertad.
Según Araujo, los cálculos del oficialismo son que, al recortar el número de diputados, logrará que la oposición no obtenga diputados. En la actual legislatura, San Salvador cuenta con dos diputados opositores, Marcela Villatoro, de ARENA, y Claudia Ortiz, de VAMOS.
Mientras que, en La Libertad, que según el último censo le corresponde 8 diputados, actualmente tiene 7, pero al quitarle uno se queda con 6. Ahí, el último escaño lo consiguió el diputado Francisco Lira, de ARENA.
Los tres diputados de oposición han desarrollado un excelente papel, que, gracias a ellos, aunque su voz no cuenta, a pesar de hacer buenas propuestas para el pueblo, por capricho del oficialismo no se aprueban. En algunos casos, ese capricho raya en lo ridículo, como lo ocurrido recientemente cuando en la Comisión Política, la diputada Claudia Ortiz hizo una petición para que se llamara al ministro de Hacienda a dicha comisión, pero no obtuvo ningún voto, solo el de la propuesta, pero, inmediatamente, la diputada presidente de la comisión del oficialismo hizo la misma petición, y todos votaron unánimemente.
Sin lugar a dudas, las reformas constitucionales tienen “olor a amaño”.
