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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Andrea Ortiz, lideresa del cantón San Antonio Abad, municipio de Ciudad Arce, La Libertad, denunció que en su comunidad donde habitan alrededor de 800 mujeres, cerca de 600 fueron violentadas durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, en forma física, psicológica, económica, sexual e institucional.
Uno de los casos es el de una madre que acudió con su hijo al ISSS de Santa Tecla, ahí el vigilante la maltrató físicamente al tomarla del brazo y sacarla a empujones, porque solo supuestamente atendían pacientes con coronavirus.
La mujer al no recibir la atención en el Seguro Social fue a otro hospital del sistema público y tampoco la recibieron, por último, se vio obligada a hipotecar su casa para obtener el dinero e ingresar al niño en una clínica privada, el menor fue diagnosticado con peritonitis y casi muere por no haber sido aceptado en el momento que consultó al ISSS.
Otra de las mujeres de la comunidad fue grave al hospital, ella es hipertensa y llevaba un fuerte dolor en la vesícula, debido a esto se le elevó la presión y tenía dificultad para respirar, sin hacerle ningún examen la trasladan al área de COVID-19, como ella ya tenía conocimientos de sus derechos les dijo que no la dejaran ahí y fue llevada a otro lugar, esa misma noche la operaron y le dieron el alta médica al siguiente día.
“No solo se vivió violencia intrafamiliar, física o psicológica, sino también de las instituciones, en mi comunidad durante todo ese tiempo negaron los métodos anticonceptivos para las mujeres, porque los promotores de salud decían que la prioridad era atender la pandemia del coronavirus, lógicamente estando los esposos en la casa con las mujeres aumentaba la actividad sexual y eran más propensas a un embarazo”, detalló la lideresa comunal.
Durante la cuarentena por pandemia del COVID-19 en El Salvador, así como en otros países de la región, se incrementaron los feminicidios, muertes violentas de mujeres, llamadas a los servicios de auxilio, denuncias de violencia sexual, embarazos en niñas y adolescentes; además de limitaciones en los servicios de salud sexual y reproductiva para este grupo de la población.
Asimismo, recalcó que durante la cuarentena obligatoria se incrementó la violencia de las parejas contra las mujeres, con la ayuda de organizaciones feministas se difundió en las redes sociales imágenes con los números de teléfono, donde podían denunciar o acudir en caso de presentar síntomas de covid, videos con información, monitorearon vía telefónica cómo estaban las comunidades, y atendieron las consultas, denuncias y cómo manejar la violencia que las mujeres vivieron en ese momento.
Posterior a la cuarentena, en coordinación con APROCSAL se desarrolló durante cinco sesiones el seminario de estrategia de contraloría ciudadana en política pública con enfoque de género, se empoderó a cuarenta mujeres jóvenes y adultas de Ciudad Arce, acerca de sus derechos, los diferentes tipos de violencia, cómo defenderse y se les enseñaron acciones de autoestima.
“Muchas de estas mujeres han llorado y dicen que no conocían de la violencia, ahora que lo saben se dan cuenta que son más que violentadas y lo han sido durante este tiempo. Ahora ellas son de ayuda a las demás compañeras que están siendo violentadas, porque ya no son analfabetas en sus derechos y pueden defenderse”, sostuvo Ortiz.
Entre tanto, Silvia Juárez -coordinadora del programa hacia una vida libre de violencia para las mujeres de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA)- señaló que el manejo de la pandemia ha sido por agentes uniformados y políticos, con poca intervención de personal sanitario y las mujeres organizadas, que son quienes conocen mejor las situaciones en las comunidades.
“La cuarentena paralizó la vida cotidiana, pero la violencia contra las mujeres continuó, existe una pandemia histórica que no desaparece, y es precisamente la pandemia de la violencia; las mujeres no están seguras en la calle ni en la casa, volver a la normalidad no puede significar regresar a esos índices de violencia hacia las mujeres”, afirmó Juárez.
Sostuvo que las mujeres principalmente enfrentaron la violencia física, pues los agresores se mantuvieron mayor tiempo con las víctimas, y bajo el imaginario que no iba a haber vigilancia porque todas las entidades estarían volcadas a la atención de la pandemia; asimismo, la violencia económica, muchas mujeres se vieron limitadas en sus ingresos al ser despedidas o dependían económicamente de sus parejas y estas las dejaron desprotegidas.
En la cuarentena las mujeres enfrentaron obstáculos para denunciar, debido a que buscaban ayuda cuando el agresor no estaba en casa, y estando ambos confinados se volvió difícil acceder al sistema de administración de justicia, sin embargo, ORMUSA, al igual que otras organizaciones activaron los liderazgos territoriales enfocados a la salud, permitiendo mantener vivas las líneas de asistencia y adaptar los servicios de manera remota.
También se monitoreó los horarios de atención de las instituciones y los juzgados, para trasladar esa información a las mujeres, pues no había una fuente oficial que diera cuenta de estos servicios.
“Se llevó a las comunidades kit de bioseguridad, canastas alimenticias por la situación laboral que muchas quedaron sin empleo, pero también información de la violencia, dados los índices que se agudizaron durante la pandemia, porque las mujeres pasaron más tiempo conviviendo con sus agresores”, comentó la representante de ORMUSA.
Según informes del Ministerio de Seguridad Pública, desde enero hasta agosto de 2020, un total de 71 mujeres fueron asesinadas, el Sistema Nacional de Datos publicó que en el país se registraron 12,310 hechos de violencia contra las mujeres, de los cuales el 4 % fueron condenados, pues solo el 6 % de mujeres que enfrentan violencia buscan ayuda o acuden a la Red de Atención de la Violencia.
De acuerdo a los datos oficiales del Gobierno, en 2020 se dio una disminución del 43.9 % de muertes violentas de mujeres en todo el país, en comparación con 2019, esto como resultado del Plan Control Territorial, los departamentos donde según el registro policial se logró la mayor baja de los crímenes de mujeres están La Libertad, San Salvador, Morazán, San Miguel y Sonsonate. Morazán es el departamento donde no se registró el asesinato de mujeres.
Como una forma de prevención y protección a los sectores vulnerables durante el confinamiento, se lanzó la campaña comunicacional “todas las personas nos protegemos de la violencia y el COVID-19”, que contó con la cooperación de la Unión Europea (UE).
La campaña consiste en piezas gráficas y audiovisuales compartidas en redes sociales, radios comunitarias, televisión página web emergenciasinviolencia.org, como un apoyo para la denuncia y atención de las mujeres y niñas víctimas e invisibilizadas en la pandemia.
El embajador de la UE en El Salvador, Andreu Bassols destacó el importante trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, por lo cual, están adaptando los proyectos para ayudar a mitigar algunos efectos provocados por la crisis sanitaria, ya que el enfoque principal de la cooperación es atender las necesidades de la más vulnerable.
“En El Salvador hemos estado trabajando de una forma muy intensa para tener una agenda de lucha contra la violencia que sufren las mujeres, con el confinamiento nos dimos cuenta que el problema era más urgente, desgraciadamente ha habido un aumento de la violencia contra las mujeres, así como de embarazos en niñas y adolescentes. Tenemos que trabajar en conjunto y sensibilizarnos todos porque esto es una prioridad”, recalcó Bassols.
Externó que para mitigar la desigualdad y violencia de género, a finales de 2017 la UE formó una alianza con Naciones e implementó la iniciativa Spotlight, cuyo aporte global fue de 500 millones de euros, de los cuales, 8 millones fueron destinados a El Salvador, donde se trabaja coordinadamente con ONU Mujeres, UNICEF, PNUD y UNFPA, para atender las víctimas.
Según las cifras de 2017, era el país con más feminicidios por cada cien mil habitantes de América Latina, más muertes de mujeres por el hecho de ser mujeres y era un país prioritario desde cualquier punto de vista.
El embajador de la UE agregó que de darse una segunda cuarentena domiciliar las instituciones y organizaciones deben tener una perspectiva de género en las políticas públicas, para proteger a las mujeres no solo en la calle, sino también en la casa, así como tener en cuenta las necesidades y vulnerabilidades de este grupo poblacional, pues el confinamiento afecta de distintas maneras a los sectores de la sociedad.
