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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diversos colectivos conmemoraron este viernes la semana de las personas que por diferentes contextos y situaciones desaparecieron. En esa expresión, pidieron al Estado salvadoreño que les ayude a buscar a sus seres queridos desaparecidos así también que implemente políticas públicas a su favor.
Omar Jarquín, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), dijo que hoy por hoy, los familiares de migrantes desaparecidos siguen en la búsqueda para encontrarlos. Existen familias en este colectivo que llevan 1, 5 o incluso hasta 20 años buscando a sus familiares que dejaron su patria en busca de mejores sueños en un país ajeno.
Tal es el caso de Juliana Figueroa, una madre que busca a su hijo Orlando Antonio Rauda desde hace 20 años que emprendió su camino hacia Estados Unidos para una mejor vida. Él se fue con 7 personas más, entre amigos y conocidos la madrugada del 7 de junio de 2000. “Desde ese día supimos, de allí a los días vinieron los otros muchachos, menos él”. Según la versión que le comentaron a la madre es que Orlando decidió irse por su cuenta, ya que el grupo se iba a regresar a El Salvador.
También, María Luz Ramírez Díaz, madre de Joel Raymundo Landaverde, quien desapareció en 2012 en México, desde ese año no sabe nada de él; sin embargo, espera que el Estado agilice la ayuda a través de los consulares y cancilleres para que haya una respuesta “antes de que partamos de esta tierra”.
El principal objetivo de COFAMIDE es concientizar a las familias que piensan en migrar, ya que los riesgos a los que se enfrentarán son grandes. “Migrar es un derecho y no hacerlo también”, remarcó Jarquín. La organización tiene alianzas con organizaciones de México a fin de buscar a los salvadoreños que desaparecen en la ruta migratoria hacia Estados Unidos.
Solicitaron al Estado Salvadoreño ratifique el tratado de la convención internacional para la protección de todas las personas contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas, porque “todas las desapariciones de nuestros familiares que se están dando en México y en parte de El Salvador en la forma de desaparición forzada. Solicitamos que nuestro Gobierno trabaje la migración de raíz, que vea las causas estructurales y que se empiece a trabajar desde allí”.
María del Carmen Armero, representante del Comité de Familiares de Personas Desaparecidas por la Violencia en El Salvador (COFADEVI), también exigió que el Estado brinde respuestas en cuanto a los paraderos de los desaparecidos por la violencia.
Foto Diario Co Latino/ Samuel Amaya.
“No importa si nuestros seres queridos desaparecieron ayer o hace años; compartimos el mismo dolor ante su ausencia y tenemos necesidades similares”, destacó Armero, una de ellas es el saber qué les pasó y dónde están.
“Las desapariciones de nuestros seres queridos han tenido impacto en todos los aspectos de nuestra vida. Seguimos padeciendo de revictimización, criminalización o estigmatización de nuestros seres queridos. El Estado tiene una deuda con aquellas personas que han muerto sin saber qué ocurrió con su ser amado (pues) fallecieron sin verdad, ni justicia”, comentó Armero.
Bajo ese contexto y frente al flagelo, solicitaron al Estado impulsar en conjunto con las familias y sociedad civil marcos legales y políticas públicas de prevención; así también para la protección de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares en particular los derechos a la verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Pidieron que el Estado garantice la búsqueda eficaz, inmediata y en vida de las personas desaparecidas; asegurar el trato digno de las personas fallecidas y su pronta identificación, brindar un trato digno a los familiares de personas desaparecidas y atención integral a sus necesidades.
El director ejecutivo de Tutela Legal “María Julia Hernández”, Ovidio Mauricio, afirmó que la desaparición es un hecho que la misma Naciones Unidas ha catalogado en un hecho que trasciende, ya que no solo afecta a la familia nuclear o cercana “si no que a veces hasta las terceras generaciones; porque la gente quiere saber el paradero, por qué se desapareció, qué le pasó, qué ocurrió con él (el desaparecido)”.
Incluso, han tenido casos, en que los familiares de desaparecidos les avisan a las organizaciones que han visto a sus familiares, pero es por la misma ansiedad de que quieren encontrarlos. “Cómo se va avanzando en ese trauma. Es un hecho gravísimo la desaparición forzada”, destacó el director de Tutela Legal.
“No es lo mismo saber, encontrar los restos y poder hacer el duelo y darle cristiana sepultura. Debe de atenderse ese hecho y buscar la forma de reducir la desaparición forzada. El Estado está obligado a hacer políticas que no expulsen a los salvadoreños, hacer política que ayuden al salvadoreño a permanecer en el país”, concluyó Ovidio Mauricio.
Según la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) se han registrado 577 denuncias de desapariciones entre enero y mayo de este año, ese dato fue el último que le brindó la Policía Nacional Civil, ya que fue declarado bajo reserva hasta 2029.
