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Ciudad de Panamá. De las personas emigrantes provenientes de Mesoamérica, alrededor de 12 millones son originarias de México y casi 4 millones de Guatemala, Honduras y El Salvador. La mayoría tiene como destino Estados Unidos y, en muchos casos, migran de manera irregular. Este movimiento de personas se da a través de México, conformando uno de los principales corredores migratorios del mundo.
La migración es parte de las estrategias de vida de los hogares y puede ser una opción que contribuye a promover el desarrollo y el bienestar de las personas. Sin embargo, en Centroamérica las condiciones de pobreza, la violencia, la vulnerabilidad ante las amenazas climáticas, el limitado acceso a servicios y la falta de oportunidades se constituyen, muchas veces, como los principales factores que motivan las personas a migrar. Así lo recordó la FAO en el marco del Día Internacional del Migrante, que se conmemora cada 18 de diciembre.
En relación con esto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha señalado anteriormente que estas vulnerabilidades afectan de manera particular a grupos poblacionales como mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con orientaciones sexuales diversas (LGBTI), población indígena y afrodescendiente, provocando que estos procesos migratorios profundicen las desigualdades de género, la violencia psicológica, física y sexual, así como la estigmatización y discriminación estructural que enfrentan estos grupos.
En este contexto, la Unión Europea y la FAO han decidido contribuir al Plan de Desarrollo Integral (PDI) de Naciones Unidas. El propósito de esta iniciativa es crear un espacio de desarrollo sostenible y generar oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población de El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur-sureste de México, y así permitir que la migración sea una opción y no una obligación.
Como parte de esta contribución, la Unión Europea ha decido financiar el proyecto Apoyo al Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica en el marco de la respuesta global de la Unión Europea al COVID-19. Esta iniciativa, que tiene una duración de tres años, está siendo implementada por la FAO en colaboración y coordinación con los Gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Proyecto tiene como objetivo mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 mediante la mejora de la resiliencia a largo plazo y la reducción de los flujos migratorios forzosos y/o irregulares entre la población participante de los tres países.
Esto se logrará mediante el incremento del empleo y la consolidación de los medios de vida de 5,400 hogares, organizados en 600 grupos, ubicados en los 45 municipios de los seis departamentos de intervención del proyecto.
“El proyecto fortalecerá aquellas actividades agrícolas y no agrícolas con potencial para convertirse en negocios generadores de empleo e ingresos, con un enfoque dirigido a reforzar y asegurar la participación activa de mujeres, personas jóvenes y población indígena”, explicó el Coordinador subregional de la FAO para Mesoamérica, Adoniram Sanches Peraci.
