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Redacción Nacionales
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El diputado de oposición, Francisco Lira, respaldó las recientes declaraciones de líderes religiosos, uno católico y el otro evangélico, sobre la situación política y económica de El Salvador. Lira también se refirió, en Encuentro con Julio Villagrán, a las reformas constitucionales en temas electorales impulsadas por el oficialismo.
Para Lira, las reforma que permitirá una representación legislativa a la diáspora solo buscan la concentración de poder en manos del partido de gobierno como hasta hoy.
Durante la conversación, uno de los principales temas abordados fue la reacción del oficialismo ante pronunciamientos de sectores religiosos, particularmente de pastores evangélicos y sacerdotes católicos que han expresado preocupación por la situación nacional.
Según Lira, estas voces reflejan un creciente malestar ciudadano ante el alto costo de la vida, el desempleo y la falta de respuestas concretas a problemas económicos de las mayorías de salvadoreños.
El diputado de ARENA dijo que el Gobierno “se está equivocando” al considerar que la oposición política se limita únicamente a los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Aseguró que la verdadera oposición está conformada por miles de salvadoreños que no se sienten representados por las políticas públicas actuales y que consideran que los beneficios del poder se concentran en un pequeño grupo.
En ese contexto, criticó duramente el desempeño de los diputados oficialistas, señalando que algunas comisiones legislativas habrían trabajado pocas horas durante el año. También cuestionó el aumento del costo de la canasta básica, el encarecimiento de productos alimenticios y las dificultades que enfrentan agricultores y pequeños empresarios.
Las críticas se extendieron al manejo económico del Gobierno y a la inversión en bitcoin. El diputado opositor aseguró que los recursos destinados a la compra de criptomonedas pudieron haberse utilizado en salud, educación, agricultura y vivienda. El gobierno ha invertido, en más de siete mil bitcoin, unos 700 millones de dólares.
Dijo que esos 700 millones debieron servir para atender las denuncias relacionadas con retrasos en pagos a maestros retirados y compensaciones pendientes para trabajadores del sector salud, así como para la compra de insumos y medicinas a los hospitales.
Otro de los temas fue el régimen de excepción. El entrevistado aseguró que la oposición no pretende liberar pandilleros ni delincuentes y afirmó que sí es necesario garantizar procesos judiciales justos para personas inocentes detenidas durante las capturas masivas. Reiteró que los criminales deben permanecer en prisión, pero insistió en que el sistema judicial debe contar con herramientas para revisar casos irregulares.
El debate también abordó la narrativa del oficialismo sobre “no volver al pasado”. Según el diputado, el Gobierno continúa utilizando el recuerdo de administraciones anteriores como estrategia política para evitar rendir cuentas sobre la situación actual del país.
En ese sentido, afirmó que varios funcionarios de Nuevas Ideas provienen de partidos tradicionales, envueltos en corrupción, pero ahora utilizan el discurso anticorrupción mientras mantienen privilegios similares a los del pasado.
En materia económica, señaló que más del 95 % de la población vive con ingresos insuficientes y que pequeños negocios enfrentan dificultades debido a costos operativos elevados y falta de incentivos estatales. Aseguró que muchos emprendedores se ven obligados a reducir personal o cerrar establecimientos.
También cuestionó el uso de recursos públicos en alcaldías controladas por el oficialismo. Como ejemplo, mencionó actividades festivas organizadas por una municipalidad mientras persisten problemas de infraestructura y servicios básicos en comunidades.
En la entrevista se discutió además una reciente cadena nacional del presidente Nayib Bukele en la que inauguró una escuela remodelada. El opositor reconoció que la construcción y reparación de centros escolares es positiva, pero sostuvo que la cantidad de escuelas intervenidas sigue siendo baja frente a las necesidades nacionales. Asimismo, pidió transparencia sobre los costos de las obras y denunció posibles sobreprecios en algunos proyectos.
Lira puso el ejemplo de la escuela del cantón Termópolis, de Chiltiupán, en el departamento de La Libertad, la cual solo fue pintada, pero que el Gobierno dice que invirtió más de 200 mil dólares, lo cual “no es creíble”, pues además el trabajo lo hicieron privados de libertad.
El tema del endeudamiento público también fue retomado por Lira. Según el legislador, el Gobierno ha incrementado considerablemente la deuda nacional sin que existan mejoras visibles en hospitales, escuelas y servicios públicos. Señaló que continúan las carencias de medicamentos, especialistas y atención médica oportuna.
En relación con las reformas electorales y constitucionales, el dirigente opositor afirmó que el oficialismo impulsa cambios para garantizar su permanencia en el poder, el cual es parte de un plan que viene desde 2020. En ese plan, primero redujo los municipios y diputados, de 262 a 44 los municipios, y de 84 a 60 los diputados, de ahí que la reforma para la representación de salvadoreños en el exterior es parte del mismo plan para “mantenerse en el poder”.
Aunque reconoció la importancia de que la diáspora tenga representación política, sostuvo que las reformas se están realizando de forma acelerada y sin suficiente debate. A su juicio, el objetivo del Gobierno sería modificar las reglas electorales para compensar una posible pérdida de apoyo dentro del territorio nacional.
El oficialismo ha impulsado múltiples cambios constitucionales y legales que debilitan los contrapesos institucionales y reducen la participación de la oposición. Hasta hoy, el oficialismo ha hecho 13 reformas a la Constitución.
Finalmente, hizo un llamado a la población salvadoreña a analizar críticamente las acciones del Gobierno y a exigir rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos, la deuda estatal y las reformas políticas que actualmente se discuten en el país.
