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La noticia recorrió todo el mundo. El 11 de septiembre, un Tribunal de Justicia del Gobierno Español sentenció a 133 años de prisión al coronel retirado Inocente Montano, al encontrarlo culpable intelectual de la conocida masacre de los sacerdotes jesuitas, ocurrida en noviembre de 1989, cuando en El Salvador se desarrollaba la más grandes ofensiva guerrillera del Frente Farabundo Martí (FMLN), que abarcó la ciudad capital.
Las organizaciones pro-derechos humanos y defensoras de la justicia han aplaudido la condena y la actuación de la justicia española, pues tras el enjuiciamiento y la condena, se logra establecer, como ya lo hemos expresado anteriormente, “la verdad judicial”. Y la verdad judicial es que el coronel Montano, siendo viceministro de defensa en la fecha que ocurrió la masacre, fue parte de la cúpula militar que ordenó el asesinato de seis sacerdotes jesuitas, entre ellos cinco de nacionalidad española, y de las dos empleadas doméstica -madre e hija-.
Y es esta verdad la que tiene peso para la historia criminal de El Salvador y para la frágil y manoseada justicia de El Salvador. Para quienes aplauden la condena, lo hacen en la dirección arriba apuntada, no por morbosidad de cuántos de los 133 años cumplirá Montano tras las rejas. Esto, para la sociedad salvadoreña debe ser intrascendente, incluso, si en algún momento llega el coronel Montano a recibir un beneficio de la justicia española.
Lo relevante es que ha quedado claro que el asesinato de los jesuitas fue planificado en el Estado Mayor conjunto y que otros pudieron impedirlo y no lo hicieron, al contrario, con el silencio cómplice lo aprobaron y con sus consejos buscaron borrar toda evidencia material, pero se les olvidó que la principal evidencia fueron los cadáveres de los asesinados y la sed de justicia de muchos en el mundo. Conocer esta verdad y hacer justicia fue porque entre los asesinados estaban cinco ciudadanos españoles: Ignacio Ellacuría S. J., rector de la Universidad José Simeón Cañas (UCA); Ignacio Martín-Baró S. J., español, vicerrector académico; Segundo Montes, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA; Juan Ramón Moreno, director de la Biblioteca de Teología, y Amado López, profesor de Filosofía.
Junto a los sacerdotes españoles murieron el también jesuita salvadoreño Joaquín López y López, fundador de la universidad, y las empleadas domésticas Elba y Celina Ramos.
Algunos, en El Salvador, han utilizado la condena políticamente, pues no ha habido un pronunciamiento serio por la justicia, ni mucho menos en sugerir qué tipo de investigación debería realizar la Fiscalía General de la República sobre el caso. Por eso es que sus comentarios han estado dirigidos sólo al diputado Rodolfo Parker, cuando debería ser para todos, principalmente, a los compañeros de armas de Montano y los que tenían el poder civil en esa fecha.
Por cierto, el fiscal general, Raúl Melara, ha anunciado que pedirá de forma oficial el expediente a la Audiencia Española para analizar qué podría hacerse en el país en términos de justicia.
Esperemos que la actuación del fiscal no sea nada más para sacarle algún provecho a ese hecho sonado, pues, si de verdad hubiera estado interesado en el caso, lo primero que hubiese hecho al llegar a la Fiscalía era abrir el expediente.
No obstante, nunca es tarde y la justicia, aunque tarde, siempre llega. Por eso España lo ha hecho después de 31 años de ocurrido el múltiple crimen. Esperemos cuanto más se tardará El Salvador.
Lástima que de parte de quienes formaron la cúpula militar de 1989 no muestran ni un gesto de arrepentimiento, pero eso no implica que después de la condena de Inocente Montano puedan conciliar el sueño tranquilamente. Nos referimos a los generales Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda, así como al coronel Francisco Elena Fuentes, entre otros.
