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Gloria Silvia Orellana
@Diario CoLatino
El recuerdo de infancia de Fidencio Castro Alas, sobre una agricultura ecológica lo heredó de su padre al que llamó su “maestro”porque le enseñó que la tierra puede ser cosechada de forma natural sin químicos que por ahora inundan los suelos agrícolas.
“Los químicos hicieron su aparición allá por los años 70, recuerdo que comenzaron con un fungicida para deshierbar milpa -nos decían- solo había que desgreñar una tusa y regarlo para matar los montes y fue así que conocí estas sustancias”, recordó Castro.
“Y en los años ochenta -ya no se diga- fue peor, eran plaguicidas, abonos, herbicidas ¿Qué pasó?, los cangrejos y sapos de los ríos comenzaron a morir, también los montes alimenticios como la mora o el chipilín, porque nos vendieron la idea que íbamos a producir más y mejor y no era cierto, todo esto es una bomba de tiempo que nos provocará la muerte a quienes sembramos y también los que consumen los alimentos”, expresó.
En el marco del “Día Internacional de la Lucha contra los Agrotóxicos”, FECORACEN desarrolló el Conversatorio: “Problemática de Insuficiencia Renal Crónica en el Sur de La Libertad”, con el fin de que las comunidades tomen conciencia sobre el abuso de agroquímicos e identificar alternativas como la agroecología para erradicar la contaminación del medio ambiente.
La Federación de Cooperativas de la Reforma Agraria Región Central (FECORACEN), fundada en 1985, es una organización que busca contribuir al bienestar social y económico de las personas asociadas a las cooperativas así como a sus familias y comunidades.
Yanira Cortez, abogada con amplia experiencia en Derechos Humanos y Medio Ambiente, abordó el tema del envenenamiento por agrotóxicos en el país, y compartió que los altos índices de intoxicación anual por plaguicidas es abrumador y se constituye en un problema de Salud Pública.
El número de casos de la Enfermedad Renal Crónica por causas no tradicionales se vienen acumulando entre las comunidades rurales que se dedican a la agricultura o venden su fuerza de trabajo en campos del monocultivo de la caña de azúcar.
“Es como una tríada: agrotóxicos, enfermedad renal crónica y derechos humanos. Estas sustancias químicas con grado letal generan una alta toxicidad al manipularla y provoca al organismo Insuficiencia Renal Crónica, y siendo un negocio de millones de dólares al año, los derechos humanos de las comunidades afectadas por la contaminación ambiental y salud de los pobladores es relegada a segundo término”, explicó.
“No se puede hablar de existencia humana sin garantizar el derecho a un medio ambiente y desarrollo sostenible. Y esa obligación del Estado está plasmado en el artículo 117 de la Constitución, que declara de interés social la protección y conservación del medio ambiente”, acotó Cortez.
Al citar el estudio realizado sobre la industria cañera y agrotóxicos en la Cuenca Baja del río Paz, la abogada, consideró que se debía aclarar que el monocultivo de la caña de azúcar realmente no genera alimentos ni contribuye a la dieta de la población y en cambio si acaparaba el agua, el suelo y la mano de obra de las comunidades afectándolas negativamente.
“Solo para el riego de la caña extrae anualmente 80% de los recursos hídricos subterráneos disponibles, luego un 12% va a la agricultura alimentaria y solo un 8% es para uso doméstico”, dijo.
“El Estado salvadoreño debe regular, controlar y garantizar los derechos humanos y ambientales pero no lo está haciendo, porque existe su involucramiento con el sector agroindustria y los importadores de estos agrotóxicos”, sostuvo Cortez.
Sobre la situación de contaminación en la última década, presentó datos que registran que desde 2002 el Ministerio de Salud ya tenía casos en el Bajo Lempa sobre este envenenamiento al que se sumó el hallazgo de 92 barriles de Toxafeno abandonados en San Luis Talpa, La Paz, y otros en San Miguel, sustancia tóxica que utilizaron los algodoneros en el Oriente del país.
“Se ha llamado la atención al Estado para investigar, remover, reparar o remedar las violaciones a derechos humanos y ambientales de la población, por el empleo, abusivo de insecticidas, plaguicidas o germicidas. Muchas voces expertas en esta materia y organizaciones ambientalistas se han pronunciado”, dijo.
Asimismo, manifestó como un paso importante la investigación que realizó el l Ministerio de Salud, con médicos cubanos, que lograron establecer una vinculación de la Enfermedad Renal Crónica (ERC) por el uso de agrotóxicos, y otras afectaciones neurológicas o cancerígenas.
Seguidamente a esta investigación los ministros del área centroamericana reconocieron, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que esto se trataba de realmente un problema de Salud Pública, el que debería abordarse como tal.
Esto condujo también a las organizaciones ambientalistas en el año 2013, a presentar una propuesta para prohibir 53 ingredientes activos y otros compuestos en plaguicidas (reformas en decreto 473), en el país y que fue aprobado por la Asamblea Legislativa y enviado al Ejecutivo, durante la admistración del presidente Mauricio Funes.
Al final, Funes observó el decreto legislativo porque de las 42 sustancias del listado 11 no estaban prohibidas en tratados internacionales; segundo, para prohibir una sustancia debe anteceder una investigación científica y por último debían cotejar con el Comité Consultivo que eran los ministerios de Agricultura, Medio Ambiente y Salud, que plaguicidas si eran necesarios para los agricultores y con esto se perdió la oportunidad.
“Entre esos 11 agrotóxicos no prohibidos estaba el Paracuat, Glifosato, Forato, Blindaje y otros, pero lo lamentable es que esas sustancias son activos con capacidad de filtrar los acuíferos, el suelo y no son biodegradables”.
“Solo el Paracuat puede sobrevivir 30 años en el agua y es alrededor de 1.33 libras de agrotóxicos que se utilizan por habitante anualmente. Y el Estado salvadoreño no está haciendo nada por los vínculos económicos, y a esto se debe la Enfermedad Renal Crónica No Tradicional”, reafirmó Cortez.
Mientras, Adalberto Blanco, técnico de FECORACEN, observó el proceso de la alta importación de agrotóxicos al área centroamericana que solo el año 2019 registró 639 millones de dólares en compras de fórmula y otros químicos agrícolas, y que en su mayoría vienen China (16%) del total de las importaciones, le sigue Estados Unidos (14%) y México (10%).
Descrito como un ciclo tóxico, la producción de la caña de azúcar, además, de extraer cantidades significativas de agua de los acuíferos, satura de fertilizantes y herbicidas los suelos que durante su crecimiento recibe un coctel de foliares, fertilizantes, insecticidas y madurantes como el Glifosato que es regado por avionetas o helicópteros generando mayor contaminación en agua, suelo y aire. Para el final terminar con los incendios de quema de rastrojos que deja sin nutrientes el suelo.
“El Glifosato que suelen muchos regar en la bomba de mochila, la OMS ha dicho que es un potencial cancerígeno pero preocupa que, cada vez más se esté usando en el cultivo de maíz y frijol -recordemos- es un herbicida de amplio espectro que mata todo o casi todo porque algunas cosas no mata y es la semilla transgénica o híbrida, claro porque está programada y tiene dueño que se las venden. No como la semilla criolla que usted la puede guardar y regalar”, enfatizó.
En cuanto a la producción de la caña de azúcar en el país se divide: un 26% proveniente de 66 cooperativas; el 32% está en manos de 2, 436 productores individuales y un 41.5% , está en manos de 103 empresas o corporaciones. Que es casi la mitad de toda la producción.
Adalberto Blanco advirtió que de esas 103 empresas muchas están bajo prestanombres y son las que se encuentran generando ganancias con este monocultivo, mientras se agrava la situación de salud y medio ambiente de la población.
Con un aproximado de 120 mil manzanas a nivel nacional de caña de azúcar, Blanco consideró que el nivel de estrés que recibe esta extensión de tierra bajo incendios de rastrojos, contaminación de suelo, fauna y flora silvestre por el uso de agrotóxicos y la extracción sin regulación del recurso hídrico, llevaría al país a un situación irreversible de pérdidas.
Sobre el manejo de la industria azucarera, Adalberto Blanco señaló al Ingenio de la Central de Izalco (Sonsonate) con el l 33% de la producción, de la familia Regalado Dueñas; luego el Ingenio El Ángel, (Apopa) de la familia Wright, y Sol Bang con el 22% , siguen los ingenios medianos como El Chaparra tique, La Cabaña, La Magdalena y el Jiboa.
“Con la Enfermedad Renal Crónica, les informo que los cantones El Palmar, San Alfonso y Buenos Aires, o sea, todo Tamanique en el año 2017, reportaron 32 casos. Y si sumamos los 13 casos de 2018, los 17 casos de 2019, los 6 casos 2020 y los 6 casos de 2021 6, tenemos un total de 74 casos, esto un dato alto”, argumentó.
“Y hay dos problemas en esos datos de Tamanique, porque muchos hombres no van a pasar consulta por insuficiencia renal, que quedan no identificados y, lo segundo, es que en la Unidades de Salud no tienen reactivos para dictaminar si padecen esta condición.
Esta es una realidad impactante porque los afectados con la ERC no tradicional en el país impacta en un 25% a trabajadoras de caña y el 75% a hombres, esto es grave”, sostuvo Blanco.
Otro caso relevante agregó Blanco es el cantón La Perla, en Jicalapa, del cual hay un reporte de 20 casos en 2021, que afecta a 16 hombres y 4 mujeres; pero, los trabajadores de salud presumen que existen alrededor de 100 casos sospechosos de enfermedad renal que no están recibiendo atención médica, y por falta de reactivos para las pruebas.
“La gente no se cura de insuficiencia renal crónica, esto acompaña toda la vida, solo se identifica y se dan paliativos para sobrevivir, si hubo 10 casos en 2019 y se identificaron otros 10 casos en el 2020 y otros 10 en este año, pues tendremos 30 casos, no hay casos restados todos suman”, alegó.
“Debemos tomar medidas porque estos plaguicidas se quedan en la ropa, en la vivienda y más si reutilizan los depósitos de nuevo porque es de amplio espectro y permanecen por décadas. En el caserío en Las Mesas en la zona alta del Puerto de La Libertad se hizo un análisis de agua y resultó que esa agua superficial venía de escorrentías estaban llenas de metales pesados por los agrotóxicos y es el agua que consumen todos y todas esa es la realidad”, puntualizó Blanco.
