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Redacción Nacionales
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Representantes de la comunidad Santa Marta y ADES, así como de organizaciones sociales, esperan que el proceso judicial iniciado hace 3 años contra los líderes ambientalistas de Cabañas finalice de una vez por todas, luego de la resolución de la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente, quien rechazó la solicitud de la FGR para reavivar nuevamente un juicio.
En conferencia de prensa, la comunidad de Santa Marta y ADES afirmaron que “una nueva resolución judicial confirma la inocencia de los activistas ambientales de Cabañas”, ya que la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente rechazó la pretensión fiscal de revertir el fallo absolutorio del Juzgado de Sentencia de San Vicente, emitida el 24 de septiembre de 2025, quien los absolvió definitivamente.
Según informó Alfredo Leiva, directivo de ADES, en la apelación presentada el pasado 13 de febrero, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó anular el fallo absolutorio y repetir nuevamente el juicio en otro tribunal. Es decir, “la representación fiscal solicitaba realizar un tercer juicio contra los líderes comunitarios de Santa Marta”.
La resolución fue notificada el pasado 7 de mayo, la Cámara rechazó la apelación “porque no cumplió los requisitos básicos para ser admitida”, según informó Leiva, ya que la Cámara describió que la Fiscalía tenía meras “inconformidades” con el fallo absolutorio, “y no argumentos reales para pedir su anulación”.
A juicio de la Comunidad Santa Marta, la ratificación de la absolución de los ambientalistas es otra confirmación de su total inocencia. “En la práctica, confirma que la acusación falsa montada contra ellos fue una acción de persecución contra el activismo ambiental y una criminalización que buscaba desmantelar la resistencia comunitaria contra los proyectos mineros”, agregó Leiva.
Es de recordar que, a juicio de la comunidad y de las organizaciones sociales, la detención de los ambientalistas fue una represalia por denunciar las intenciones gubernamentales de revertir la prohibición de la minería metálica y reactivar esta nociva industria extractiva.
De hecho, el oficialismo aprobó a finales de 2024 la nueva Ley General de Minería Metálica, con la que se eliminó la ley que prohibía los trabajos mineros en El Salvador. La Ley de Minería fue aprobada sin debate, sin consultar a los expertos y contra la opinión de la mayoría de la población salvadoreña que se opone a la minería. Incluso, la Iglesia Católica ha presentado firmas de miles de salvadoreños que se oponen a la minería.
La comunidad Santa Marta y las organizaciones esperan que la resolución de la Cámara ponga fin “al obsesivo propósito fiscal de condenar sin pruebas y sin ninguna razón legal a nuestros compañeros”, dijo Leiva. A la vez, exigieron la derogación inmediata de Ley de Minería y la anulación del “Acuerdo de Comercio Recíproco” con Estados Unidos, que facilita la llegada de empresas mineras a El Salvador.
Luis Rivera, uno de los abogados que conoce el caso, señaló en la conferencia que, con la resolución de la Cámara, se deja claro que la Constitución “ha prevalecido y que defender derechos no es delito”.
“Esta sentencia demuestra que todavía hay jueces valientes que ponen la Constitución por encima de presiones. Y hoy ganó la independencia judicial y prevaleció el Estado democrático de derecho. Se confirma lo que siempre dijimos: los ambientalistas de Santa Marta son inocentes. La Fiscalía no buscaba justicia, sino que buscaba criminalizar la defensa de la vida y del agua”, dijo. La comunidad rechaza la condena civil ya que “si no hay delito, no hay daño”, comentó Rivera.
Milton Rivas, hijo de Pedro Antonio Rivas, uno de los líderes ambientalistas procesados, agradeció el acompañamiento de las organizaciones y celebró la absolución ya que este proceso ha sido desgastante para las familias.
“Ellos estuvieron ocho meses presos y ahora, al conocer la resolución final, nos llena de satisfacción saber que han sido declarados inocentes. Eso es una buena señal pero, a la vez, nos deja un mensaje de que este sistema que tenemos se esmera en perseguir a una persona”, agregó Milton.
Para mantener el caso, la única opción de la FGR es acudir a la Sala de lo Constitucional; pero esto “sería ilógico”, según lo consideró Peter Nataren, de Santa Marta, ya que la FGR ha perdido dos juicios.
Las familias, así como la comunidad espera que la resolución de la Cámara quedé en firme y se cierre este capítulo, ya que los procesados incluso han perdido a sus seres queridos.
Los líderes comunitarios de Santa Marta fueron detenidos el 11 de enero de 2023, por un supuesto homicidio ocurrido durante el conflicto armado de El Salvador, suceso que la Fiscalía General de la República no logró comprobar en dos juicios.
Los procesados fueron: Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes y ambientalistas de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES-Santa Marta.
Así como organizaciones nacionales mostraron su apoyo, también la comunidad internacional, entre ellas al menos dos embajadas que le dieron seguimiento al caso y les brindaron su respaldo a los cinco ambientalistas.
