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En Centroamérica y República Dominicana se contabilizan 119,810 casos confirmados de COVID-19 y 3,043 fallecidos (datos hasta el 2 de julio). Ante este escenario, el trabajo de los institutos de Medicina legal y Ministerio Público de los países miembros del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) es clave en torno a los procedimientos y el tratamiento a las víctimas de la pandemia.
Por ello se desarrolló un encuentro virtual denominado: “Afrontando la crisis del COVID-19 desde los Institutos de Medicina Legal”, organizado por la Secretaría General del SICA (SG-SICA), a través de la Dirección de Seguridad Democrática (DSD), y la cooperación de la Unión Europea (UE) y El Reino de España.
En el encuentro se conocieron las buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre el abordaje de países como España y Costa Rica ante la crisis, desde la aplicación de los lineamientos de bioseguridad, del tratamiento de las víctimas de COVID-19 hasta la gestión de los recursos.
Rafael Bañón González -presidente del Comité Científico del Consejo Nacional Médico Forense de España- consideró que la enfermedad generó un impacto significativo en las estructuras de Medicina Legal, especialmente en los servicios de patología, que es el área que se encarga del estudio de la causa de muerte de las víctimas.
“En los seguimientos que se hacen de la evolución de las muertes naturales en los países afectados, como España, muestra que hay un exceso de la mortalidad prevista durante la pandemia, un exceso que es superior al número de muertes diagnosticadas. Es decir, que muchas muertes que tienen que ver con el COVID-19, no todas, pero algunas, no están siendo adecuadamente diagnosticadas. Y el diagnóstico de la infección se convierte en un problema importante puesto que para actuar con seguridad y rigor se necesita una buena información”, explicó Bañón González.
Por ello consideró importante tener un protocolo de actuación para solventar el problema del número de casos, así como una guía de buenas prácticas para saber qué hacer y cómo clasificar cada caso, es decir, las muertes no relacionadas con COVID-19, las sospechosas (que existe algún elemento de sospecha) y las confirmadas.
Bañón González señaló que una de las “ventajas” en medio de la crisis y que se convierte en una oportunidad, es la utilización de las nuevas tecnologías y de la digitalización en la Medicina Forense y en la administración de justicia y la investigación policial.
En el encuentro virtual participaron especialistas de los institutos de Medicina Legal, Ministerios de Salud y otras instituciones del Ministerio Público, y personas interesadas en la temática de los países miembros del SICA, y de otros como México, Argentina, Colombia, Paraguay y España.
