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Redacción Nacionales
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Representantes de las organizaciones sociales que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria denunciaron la “grave crisis económica” que actualmente golpea a la población de escasos recursos ante la inflación y especulación de precios de la Canasta Básica y la falta de políticas de apoyo para la producción nacional de alimentos.
Adalberto Blanco afirmó que el incremento de precios se elevó en un 2.6%, entre los meses de mayo y junio, considerado por estadísticas del Banco Central de Reserva (BCR),”como el más alto desde marzo de 2012”, superando el nivel en los últimos nueve años.
“La Defensoría del Consumidor informó del incremento de hasta un 34% en los precios de productos de la Canasta Básica Alimentaria. Y el ministro de Agricultura, David Martínez, ha dicho que ante estos incrementos de precios poco pueden hacer, pese a que tenemos una Ley de Protección al Consumidor que faculta al Gobierno a sancionar a los especuladores”, advirtió Blanco.
A la Canasta Básica Alimentaria, agregó, le sigue el incremento a los precios del gas propano, el aumento al pasaje del transporte colectivo en algunos lugares y el precio de la energía eléctrica que desde abril pasado ha elevado costos en un 6.6% y 17.3%, que consideran uno de los años más caros en la historia de país. Y sobre el aumento salarial que anunció el Gobierno, opinó que ya fue “absorbido” por el incremento a los precios en todos los productos básicos.
El tema de la pobreza refirió Blanco, es preocupante, pues al retomar los datos de la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC), se observa que la “pobreza extrema” se duplicó de 4.5% a 8.6% en 2020; con un mayor impacto en la zona rural del territorio nacional.
“Esta situación se ve agudizada no solo por el contexto del alza de precios de los alimentos, sino también en los meses más críticos de la población campesina porque sus reservas están a punto de terminarse o ya no cuentan con alimentos. Y las labores agrícolas que significa venta de mano de obra en cafetales y caña de azúcar han finalizado y en este momento”, añadió.
“Y ahora con el bitcoin, nosotros que andamos en el territorio, nos hemos dado cuenta de la confusión y molestia de la población en general de la imposición de una moneda a la cual, se tiene poco acceso a zonas rurales. En Chiltiupán, por ejemplo, el acceso al internet es casi nula en los hogares y mucho menos tienen acceso a teléfonos de media y alta gama, para generar este tipo de operaciones”, explicó Blanco.
Sobre la entrega de paquetes alimentarios, consideró que si bien son un paliativo, tienen la debilidad de no contar con una focalización prioritaria, porque se han dado a quienes no lo necesitan y pueden prescindir del paquete para que se beneficie otra familia en mayor situación de pobreza.
Y en segundo término, todos los alimentos entregados son importados de otros países y muchos de estos no tenían certificado alimentario y nutricional para ser comercializados, retomando las observaciones que hizo en su momento la Corte de Cuentas de la República, al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), cartera de Estado que incrementó en un 300% los productos importados de México. “Es lamentable esta situación porque en El Salvador, al menos una parte de la producción de maíz y frijol se puedo comprar aquí a los productores, no digamos la leche que durante la pandemia muchos de ellos tuvieron que botar la leche porque no podían salir a venderla, esa es la realidad. Y llevamos más de dos años sin que del gobierno haya salido con una política para beneficiar a nuestros agricultores”, enfatizó Blanco.
Carlos Flores, integrante de la Mesa por la Soberanía Alimentaria, comentó que se debía investigar a fondo por qué se compran a bajo precio los granos básicos a los productores y luego estos sean comercializados a precios altos al consumidor. “Este es el problema central”, que debe ser transparentado públicamente y sancionar el abuso, exigió.
“¿Cuál debe ser la política (de gobierno)?, pues controlar la especulación. El negocio especulativo de la comida es el que está haciendo su agosto, por decirlo sencillamente. No es que los productores llevan buena vida, les va mal, así como nosotros que somos los compradores, los consumidores finales de los alimentos, esto debe ser controlado”.
“¿Cuáles son las empresas que generan la especulación o suban precios?, y que no vengan a decir que el impacto de los precios del petróleo -que si lo tiene- pero no el precio elevado que tiene ahora. Deben investigar quiénes tienen guardada la comida, quiénes son los importadores y aplicarles la Mano Dura, así como tratan a los delincuentes porque estamos ante personas que hacen daño, afectan y están generando hambre en el país”, sostuvo Flores.
La Mesa por la Soberanía Alimentaria, reiteró el llamado a la Defensoría del Consumidor, a realizar las investigaciones de campo y lograr el cese de la inflación de precios de los alimentos y otros productos básicos.
“No pueden reducir el papel de las instituciones de control a simples generadores de estadísticas.
La Defensoría del Consumidor tiene un rol central en la política y el rol es controlar los precios en donde el margen de precio entre el productor y el consumidor no sea tan violento, como es este momento, o sea cumplir la ley”, subrayó Flores.
