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German Rosa, s.j.
Evidentemente la pandemia del COVID-19 ha causado una crisis sanitaria, socioeconómica, política-jurídica y humanitaria en distintos contextos del mundo. Sin lugar a dudas, lo que prevalece es la incertidumbre y no tenemos respuestas acertadas ante estos grandes cuestionamientos: ¿se encontrará una cura o una vacuna en los próximos meses que pueda controlar el coronavirus o el COVID-19?, ¿se podrá volver a una cierta normalidad como la que existía antes de la pandemia?, ¿se podrá lograr una reactivación económica y disminuir el impacto de la recesión económica que está comenzando a nivel mundial? Esperemos que podamos encontrar soluciones médicas a la pandemia, pero lo más importante es crear un sistema sanitario que responda a esta y futuras pandemias, epidemias y calamidades. Además, preparémonos para el impacto de las consecuencias sociales y económicas de esta calamidad.
La única certeza posible en el presente es que viviremos en una “covid-normalidad” por mucho tiempo. Además, la normalidad en la que vivíamos antes de la pandemia era realmente tan dramática social y económicamente para grandes sectores sociales. Ya es tiempo de pensar cómo hacer posible otra normalidad que sea más humana y que ofrezca lo mejor para las presentes y futuras generaciones.
El panorama que se avizora no es alentador para nuestra región: “la CEPAL proyecta, para el conjunto de la región, una caída promedio del PIB del 9,1 % en 2020, con disminuciones del 9,4 % en América del Sur, el 8,4 % en Centroamérica y México, y el 7,9 % en el Caribe, sin incluir Guyana, cuyo fuerte crecimiento lleva el total subregional a una caída del 5,4 %” (https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/1/S2000471_es.pdf).
Hoy es muy importante acertar en las soluciones políticas para la reactivación sostenible de las economías y obtener los mejores resultados que beneficien a la inmensa mayoría que ha sufrido el impacto directo de la pandemia. Sin obviar, la importancia de tener presente la justa articulación del mercado con el medio ambiente y la seguridad ecológica dada la vulnerabilidad social que hay en nuestros países centroamericanos.
Dada esta realidad es importante resolver la crisis en el contexto inmediato y hacer una agenda con políticas de solución que tenga una perspectiva de mediano y largo plazo para afrontar la pandemia y sus consecuencias.
¿Cómo enfrentar la vulnerabilidad a la que nos ha sometido a todos la pandemia del COVID-19? Este es un tema de debate democrático amplio y que debe dar lugar al protagonismo no solamente de la sociedad política sino también de la sociedad civil. La situación es tan delicada que no se puede prescindir de todos los actores sociales y políticos para ser arquitectos de soluciones que no sean unilaterales, ni tampoco parciales que beneficien a un grupo minoritario. Se trata de dar lugar a una nueva normalidad democrática en un contexto complejo y difícil como lo es la covid-normalidad a la que estamos sometidos. Aportar soluciones a cuestiones graves nos concierne a todos, porque todos estamos afectados directamente por esta calamidad y sus consecuencias.
Debemos convencernos que ya no volveremos a la anterior “normalidad”, hay que construir una “nueva normalidad” teniendo en cuenta que el COVID-19 estará presente por mucho tiempo. Por esta razón es importante encontrar los espacios de diálogo, lograr el diseño de un plan estratégico consensuado, en la medida de lo posible, para soportar el impacto de esta pandemia y que sus consecuencias no sean tan catastróficas para el país y para la región. Hay que construir el proyecto de una “nueva normalidad”, no solamente revirtiendo el impacto negativo de esta calamidad sino que proyectando un futuro mejor para los grupos más vulnerables del país y de la región. De hecho, hay que tener acciones coordinadas regionalmente para afrontar una “segunda onda” del coronavirus o COVID-19 y futuras calamidades en nuestra querida Centroamérica. Nos damos cuenta que cerrar las fronteras no puede ser una política permanente porque afecta a nuestros pueblos, de ahí que las soluciones no sean de un país aislado de Centroamérica.
En el contexto de la pandemia podemos observar que en El Salvado las comunidades políticas territoriales y locales municipales van asumiendo su protagonismo y se van apropiando de las posibilidades de hacer política, según sus necesidades y prioridades sociales en medio de una confrontación abierta entre los poderes del Estado. De manera inadvertida está surgiendo un cambio político desde las calles y desde los sectores más vulnerables sin poder… Este proceso tiene un alcance imprevisible hasta el momento, pero algo nuevo está surgiendo desde los grupos vulnerables que sienten esa distancia o un abismo entre el sistema político y la expresión de sus movimientos. Nuevos actores políticos van a emerger en esta crisis del COVID-19.
De alguna manera la oposición proactiva de la ciudadanía responde a una gran exigencia ética ante tantos abusos y escándalos de corrupción en la administración pública que vienen ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y no solamente en El Salvador, sino que en distintos países de Centroamérica. Es una actividad en favor de la ética en la gestión del poder desde las distintas instancias del Estado. El cansancio ante los artilugios para lucrarse y la búsqueda de la utilidad individual de los líderes políticos se hacen sentir de muchos modos en las redes sociales y en la opinión pública. Es importante crear los controles eficaces de las estructuras administrativas para una gestión política éticamente aceptable para los ciudadanos que rompa con la inercia de los abusos de poder, situación que va más allá del código penal y de la actividad coactiva o represiva. Sin ética política, las instituciones se corrompen, la sociedad es defraudada, los líderes políticos son descalificados y los administradores corruptos gozan de una flagrante impunidad y finalmente la democracia se desmorona favoreciendo un clima de ingobernabilidad. Y si no hay gobernabilidad se impondrá muy probablemente el autoritarismo.
En una situación social compleja y conflictiva en el país, necesitamos un diálogo con garantías que dé posibilidades reales a la gobernabilidad y se realice una buena gestión pública que persiga el bien común y tome en serio la situación de los sectores más vulnerables y los ciudadanos de a pie que son una gran mayoría. Se requiere una auténtica cultura política democrática para afrontar la pandemia y sus graves consecuencias que afectará a todo el país, pero obviamente, afectará mucho más a la inmensa mayoría de los ciudadanos de a pie. Cuando las instituciones políticas ya no representan la sociedad civil, entonces entramos en una ruptura social y nos encaminamos a una crisis de gobernabilidad permanente… El diálogo auténtico con garantías es el camino más corto para afrontar la recesión económica y sus graves consecuencias sociales causadas por el COVID-19, porque si no se afrontan y se buscan soluciones pueden llevar a una prolongada ingobernabilidad (Ver https://www.diariocolatino.com/conflicto-democracia-y-dialogo/).
El debate y el diálogo auténticos nos recuerdan que la democracia no es una especie de libre mercado regulado por la oferta y la demanda, cuyos electores se convierten en compradores que adquieren con sus votos cuotas de poder y los programas considerados como mercancías que ofrecen los partidos políticos, en lugar de ser verdaderamente proyectos a realizar para lograr el bien común.
La pandemia afectará fuertemente a El Salvador y los demás países de Centroamérica. No podemos ignorar que existen grandes y graves problemas políticos en Centroamérica. Ni tampoco podemos olvidar que cada país tiene sus retos particulares de cara a la democracia y las grandes mayorías empobrecidas. En esta coyuntura apremiante es un imperativo converger en algunos puntos fundamentales como región para afrontar la apremiante emergencia y las graves consecuencias del coronavirus, cuyo impacto directo lo sufrirán las grandes mayorías. Evidentemente, no se puede lograr una agenda común sin tener en cuenta que esto implica una cierta unidad en la diversidad histórica y las diferencias en los procesos democráticos en sus distintas fases de los países de la región. El reto nacional y regional es construir una nueva normalidad que responda a las grandes necesidades y ofrezca las mejores posibilidades para nuestros pueblos y su futuro histórico.
