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Kathia Linares
Diario Co Latino
El Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA) y miembros del Movimiento de Mujeres de Santo Tomás, for sale cialis denunciaron la destrucción de 80 manzanas de bosque y fuentes de agua, salve así como amenazas en contra de habitantes del Cantón Las Casitas, viagra del municipio de Santo Tomás, por parte del personal de Grupo Roble, que se mantienen en la lotificación El Paraíso.
El Presidente de CESTA, Ricardo Navarro, dijo que esto es considerado un crimen, dada la realidad ambiental que se tiene el país donde existen altos niveles de vulnerabilidad cuando aparecen las fuertes lluvias y sequías debido al cambio climático, y donde hay incontables pérdidas y damnificados.
Asimismo, manifestó que existe inoperancia por parte de las organizaciones del Estado ante el tema y que el Ministerio de Medio Ambiente debería estar dando seguimiento a este proceso, apoyando de manera efectiva a la comunidad.
La Presidenta del movimiento de Mujeres de Santo Tomás, Sonia Sánchez, dijo que la tala indiscriminada de 40 manzanas de árboles comenzó en el año 2003, y que ahora la empresa ha comprado las fincas aledañas a ese proyecto donde tienen proyectado talar otras 40 manzanas de bosque para la construcción de viviendas. Estos terrenos eran utilizados para la plantación de café, maíz, frijol y güisquil, por lo que muchos pobladores se encuentran preocupados debido a que no tienen terreno donde sembrar sus cosechas.
De igual manera, Sánchez expresó que el Grupo Roble ha demandado a 5 representantes de la comunidad por detener la destrucción del ecosistema, alegando que están impidiendo la realización de proyecto y que el Juez de Paz de Santo Tomás, Carlos Valiente, ha establecido medidas en las que se les coarta el derecho a la libre expresión y a la libre organización.
Los habitantes del lugar han realizado acciones de presión como el cierre de accesos que la maquinaria de Grupo Roble utilizaba para movilizar tierra de un lugar a otro y disponerse a talar más árboles. Ante esto Sánchez dijo que según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), aún no se le ha otorgado el permiso a la empresa para esta nueva etapa, solamente han adquirido una ampliación.
Debido a dichas acciones, algunos habitantes han sufrido amenazas de muerte y violencia psicológica por parte de guardias de seguridad y empleados de Grupo Roble que se mantienen en el área. Con respecto a esto Sánchez recalcó, que aunque la labor que realizan es agotadora, pero que no piensan detenerse porque esas medidas no van acorde con un pueblo con conciencia. Los daños se hacen cada vez más evidentes en la comunidad, ya que, los 24 pozos de los cuales se abastecen 56 familias han bajado de nivel. También el impacto ambiental amenaza con desaparecer el río Tiguapa que alimenta la zona de Olocuilta.
Sánchez también dijo que el Juzgado Ambiental dictó algunas medidas como la realización de un nuevo estudio técnico ambiental por parte del MARN para determinar si el proyecto es viable o no y que Grupo Roble plante 100,000 árboles de la mano de la comunidad pero que hasta la fecha no se ha tenido respuesta.
