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Diversos colectivos de organizaciones sociales, demandan de la Asamblea Legislativa mandar al archivo la Ley de Agentes Extranjeros por considerarla antidemocrática. Foto Diario Co Latino/Gloria Orellana.

Exigen al legislativo el retiro definitivo del proyecto de Ley de Agentes Extranjeros

Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino

“Hemos denunciado desde que conocimos este anteproyecto de Ley de Agentes de Extranjeros, su sentido antidemocrático. Y se lo han señalado organismos extranjeros al Gobierno, es por eso que esperamos que se corrija el camino y lo manden definitivamente al archivo”, expresó, Amalia López, representante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua.

La Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, la Mesa Nacional Frente a la Minería, la Mesa Permanente por la Gestión del Riesgo, la Mesa por la Soberanía Alimentaria, MODES y el Foro del Agua El Salvador se pronunciaron para exigir el “retiro definitivo” de la Ley de Agentes Extranjeros, que pretende implementar el gobierno del presidente Nayib Bukele.

Amalia López explicó que de no retirar este anteproyecto de ley, estarían en flagrante y permanente violación de los derechos humanos de la población que atienden las organizaciones sociales en el territorio. Un trabajo que lleva décadas con la protección social que el gobierno no alcanza a cubrir a nivel nacional.

“El mensaje es claro desde los organismos internacionales y gobiernos amigos que le han recomendado que no pase esa ley de Agentes Extranjeros. Y esa es nuestra exigencia que la retiren de la discusión”, señaló.

“Es penoso que el presidente de la Asamblea Legislativa (Ernesto Castro) tenga tanto desconocimiento respecto a la normativa internacional o los pactos de cooperación frente al cumplimiento de los derechos humanos”, acotó López.

Mientras, Morena Murillo, de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares, expresó que pese a la declaración del presidente Castro, sobre valorar descartar el 40% del impuesto propuesto por la Ley de Agentes Extranjeros, aún permanece los controles arbitrarios  a las oenegés que recibirán los fondos internacionales.

“Hay unas sanciones entre las que se incluye la suspensión de la personería jurídica de las organizaciones de la sociedad civil que incomoden al gobierno. Es por esto que exigimos el retiro definitivo de esa propuesta de ley que los juristas califican de ambigua, arbitraria, discrecional y desproporcionada”, dijo.

“La Asamblea Legislativa debe mandarla al archivo, porque es una ley innecesaria y mal intencionada que tendría graves consecuencias no solo para las organizaciones sociales, sino principalmente para la población beneficiada por proyectos financiados por la Cooperación Internacional”, reiteró Murillo.

Asimismo, Luis González, en representación  de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, comentó que diversos colectivos han tenido ya reuniones con agencias de cooperación, embajadas y organizaciones internacionales. Y que algunas de forma pública se han pronunciado en contra de esta normativa y otras lo han hecho en privado para plantearle al Gobierno las implicaciones negativas para la población que vive en vulnerabilidad.

“En el caso de la Embajada de Alemania, ellos recibieron presión de organizaciones sociales alemanas que les han dicho no estar de acuerdo con el 40% de cobro a fondos de ayuda al pueblo salvadoreño y mucho más, si es para reprimirlo”, acotó.

“Creo que fue un mal cálculo de este Gobierno. Porque pensaron que si USAID (EEUU) nos quita los 300 millones de dólares que nos daban anualmente al Gobierno para cooperación, a pues, pongamos un impuesto del 40% para que llegue algo de fondos a la crisis fiscal que tienen”, consideró González.

En cuanto a la cooperación europea y otros países, agregó González, es mayor a la que reciben de Estados Unidos, entonces, era lamentable que las organizaciones que han venido librando luchas sociales a través de acciones, estrategias y proyectos por los derechos de la población, porque el Estado salvadoreño ha evadido garantizarlas, y ahora tengan que librar una batalla contra la represión del Estado. “No tenemos Ley General de Aguas, tampoco el reconocimiento al Derecho Humano al Agua y la Alimentación en la Constitución, la Ley de Soberanía Alimentaria y Nutricional, las reformas a la Ley de  Protección Civil y otras más, el Estado no ha asumido esa responsabilidad. Y ahora las organizaciones que hemos apoyado esos derechos, tenemos que dedicar tiempo a defendernos de un Estado que nos criminaliza”, sostuvo González.

A esto se unió el rechazo a las últimas declaraciones del asesor jurídico de Casa Presidencial, Javier Argueta, quien asumió una postura de “fiscal y juez”, cuando anunció más allanamientos contra otras organizaciones sociales en aparición pública en un medio de comunicación.

González calificó como un “acto de persecución política” las  declaraciones del funcionario de CAPRES, que confirman el control que tiene el Ejecutivo sobre la Fiscalía General de la República, Policía Nacional Civil  y los Tribunales.

Además dejó en claro el propósito del Ejecutivo por “combatir como adversarios políticos a las organizaciones sociales”, las cuales, a través de décadas han promocionado derechos humanos, la protección ambiental, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la transparencia y rendición de cuentas, la Memoria Histórica y otros temas en donde el Estado salvadoreño ha omitido un trabajo a fondo.

Ana Cecilia Hernández, de la MSM, acotó que solo en el Movimiento de oenegés solidarias se aglutinan 56 organizaciones de la sociedad civil, que elaboran y desarrollan cada año proyectos sociales en diferentes lugares del país, por lo que cuestionó el espíritu de la Ley de Agentes Extranjeros, que parece más “revanchismo político,” ya que las organizaciones desde mucho tiempo atrás, están bajo un control y rendición de cuentas estatales.

“La MSM, la organización en la que trabajo, estamos en 17 municipios y en esos tenemos 2 ó 3 proyectos anuales. Entonces, la pérdida de fondos sería grandísima, porque quienes saldrán afectados son las mujeres y las comunidades”, manifestó.

“Las mujeres por ahora estamos desprotegidas, porque un gobierno que no cumple con la política nacional de proteger a la mujer salvadoreña, es un gobierno que incumple la garantía de los derechos humanos de las mujeres porque son 306 desaparecidas y son 178 feminicidios más, entonces, quiénes pierden realmente con esta Ley de Agentes Extranjeros”, se preguntó Hernández.

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