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Alexander Pineda
@DiarioCoLatino
La representación jurídica del comisionado Mauricio Ramírez Landaverde, ex ministro de Justicia y Seguridad, y del subcomisionado Marco Tulio Lima, exdirector general de Centros Penales, presentó ayer ante la sede de la Fiscalía General de la República, en Antiguo Cuscatlán, las pruebas de descargo a favor de sus defendidos, quienes son acusados de corrupción en el manejo de fondos de las tiendas penitenciarias.
El 27 de junio pasado, Rogelio Rivas y Osiris Luna Meza, actuales titulares del ministerio de Seguridad y de la dirección de centros penales, respectivamente, presentaron un aviso ante la FGR para solicitar se investiguen las presuntas irregularidades.
Antes, en una conferencia de prensa el presidente Nayib Bukele acusó a los dos funcionarios de corruptos y ordenó fueran suspendidos sin goce de sueldo.
La acusación se originó, por el hecho de que Ramírez Landaverde, en tanto ministro de Seguridad, era el presidente de ASOCAMBIO, al igual que Lima, entidad que administraba las tiendas al interior de los centros penales, pero esto estaba autorizado por el reglamento interno, según Ramírez Landaverde.
Además, de acuerdo con los nuevos titulares de Seguridad y Justicia, la organización no podría ser fiscalizada por la Corte de Cuentas de la República al no ser un ente público, no obstante, Ramírez Landaverde en su defensa pública dijo que la asociación entró a funcionar a partir de este año, y habían dado aviso a la Corte de Cuentas.
Rivas sostuvo que ASOCAMBIO habría captado hasta 14 millones de dólares, y la administración de las tiendas le fue otorgada a la asociación violentando la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública.
Pedro Cruz, abogado designado por los exfuncionarios sancionados, detalló que ASOCAMBIO es una organización sin fines de lucro y que sus estatutos mandatan que lo percibido por esta debe ser invertido exclusivamente en la red de centros penales. “Se invirtió en el pago de salarios y prestaciones del personal de las tiendas, pago de médicos, enfermeras y en una serie de rubros destinados a la rehabilitación y reinserción de la población interna, todo se invirtió en la institucionalidad de la dirección general de centros penales”, explicó con respecto a la ejecución de los fondos manejados por la organización.
El jurista también dijo que la cifra de 14 millones de dólares es una “proyección de gastos”, realizada cuando no estaba regulado el manejo de las tiendas penitenciarias y que ASOCAMBIO nació para “sacar del limbo jurídico”, la administración de las mismas.
Asimismo, aclaró que el monto total de lo percibido por la organización es de tres millones de dólares.
