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Carolina Amaya integrante del Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida! presenta la incidencia de la población civil en el espacio “Sociedad Civil en la Agenda Climática”. Foto Diario Co Latino/Silvia Quinteros

Estados fuertes y ciudadanía participativa ante cambio climático

Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino

“La Sociedad Civil en la Agenda Climática” fue uno de los temas más relevantes en la jornada de trabajo de las delegaciones gubernamentales y la sociedad civil organizada, al compartir experiencias del trabajo territorial y avances de incidencia política de las comunidades en materia ambiental.

La agenda forma parte de las reuniones de la Pre COP que se desarrollan en Costa Rica y donde participó Carolina Amaya, activista de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) que integra el Foro Centroamérica Vulnerable ¡Unida por la Vida!

Para ella, el fortalecimiento del liderazgo desde las comunidades puede ser la diferencia para incidir en la políticas de gobierno.

La ambientalista salvadoreña participó del Panel de Experiencias de Participación Ciudadana en las Decisiones Climáticas en Latinoamérica, así como la agenda climática internacional y las experiencias de las ONGs de la región de la Pre COP.

“Si bien estamos a nivel de estas conferencias (PreCOP), el Foro Centroamérica Vulnerable tiene trabajo en el ámbito local, porque la primera acción para enfrentar el cambio climático -para nosotros- es la defensa del territorio”, dijo Amaya.

Amaya consideró, que si bien la defensa del territorio permite articular acciones de protección comunitaria a bosques y la tierra, esto irá trascendiendo a nivel local; luego se tiene que construir la incidencia social en materia de derechos, y de políticas públicas de la que el Foro Centroamérica Vulnerable acumula una amplia experiencia, afirmó.

“La política regional para la gestión de riesgo ha sido una de las plataformas más dinámicas en el Foro Centroamérica Vulnerable. Queríamos visibilizar a estos niveles a la región como altamente vulnerable. Y tenemos, también, capacidad de propuesta y que tal vez no se reconoció como nosotros queremos, pero se coloca el debate al nivel de los Estados, las expresiones sociales a nivel del Acuerdo de París”, agregó.

No obstante estos espacios de intercambio internacional, para la ambientalista no significarán cambios sustanciales en materia ambiental, mientras se fortalezca el tema de la empresa privada en estos espacios.

“Es importante mencionar que el gobierno de Costa Rica ha tenido bastante apertura en términos de expresiones sociales, como las que integramos al Foro Centroamérica Vulnerable, es importante reconocer eso. Sin embargo, continúan propuestas enfocadas más en los mercados; es decir, como estas alternativas del mercado en términos de infraestructura climática, que obviamente son necesarias, pero preocupa que sean las que más van caminando, las que más avanzan en esta reunión”, explicó.

Sobre estos foros de intercambio internacional, Amaya consideró que en la mayoría de las presentaciones se mencionó esta tendencia a comercializar ecosistemas, que incluso se habla de mercados de carbono; es decir, bosques para adsorber CO2, que convierte esta alternativa en una “visión mercantilista de dimensionar la naturaleza”, al adjudicar a la naturaleza la responsabilidad para frenar una inminente catástrofe climática.

“Es desesperanzador que pese a toda la evidencia científica, con toda la realidad que se esta viviendo en las diferentes regiones como el Corredor Seco, con el tema de la sequía, los Estados que son parte de la Convención de la Conferencia de las Partes (COP), no asuman compromisos reales o compromisos acordes a la magnitud del problema. Si bien es cierto que el rol nuestro como sociedad civil, como expresión social, es dar seguimiento y ver que compromisos se asumen los Estados, es importante buscar respuestas adecuadas porque se pasan llevando la vida de la gente”, expresó.

Otro de los  desafíos para la sociedad civil, indicó Amaya, es trasladar toda esta información de manera menos codificada del lenguaje técnico, económico y científico a los pueblos de la región; para que ellos, a su vez, tomen decisiones que definirán su vida, su entorno y sus derechos humanos.

“Es por esto que al volver a El Salvador vamos a hacer una evaluación, y por supuesto un análisis de lo que ha pasado y hacia dónde ir con los diferentes liderazgos de la región centroamericana, para generar información y la gente sepa que aquí se esta negociando con su vida, con sus derechos, con su agua, con su bosque y, al final con la existencia de esta ciudad humana que habita el planeta”, opinó.

En cuanto a la participación de la empresa privada en estos espacios de convergencia, Carolina Amaya sostuvo que era obvia su participación a partir de que muchos empresarios son responsables en términos de contaminación al ambiente.

“En El Salvador, la empresa privada tiene que participar porque con sus desechos contaminan las aguas de los ríos y quebradas. Y tienen que participar porque construyen obras irrespetando la institucionalidad; entonces tienen que participar pero que no sea la empresa privada la que tome las decisiones, tienen que haber estados fuertes que desde la política pública obliguen a estas empresas a dejar de contaminar, a dejar de emitir gases de efecto invernadero, a que sus procesos de producción sean más eficientes en términos ecológicos. Y lo principal, la empresa privada no puede tomar decisiones que solo le competen al Estado y a ciudadanos y ciudadanas”, puntualizó.

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