Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
En el año que está por concluir los derechos humanos, la separación de poderes, el Estado de derecho, la institucional democrática se han deteriorado significativamente, pues las decisiones que principalmente toma el Ejecutivo hacia los otros Órganos generan incertidumbre y cada vez más el rompimiento de una democracia que desde los Acuerdos de Paz se venía construyendo.
Para entender la situación en las áreas antes mencionadas, Diario Co Latino consultó a Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), para así brindar un balance, desde el punto de vista de la sociedad civil organizada.
Fino consideró que este año se cierra con tres enormes deudas: la institucionalidad, el avance democrático y el respeto a los derechos humanos.
Régimen de Excepción
“Es obvio que a partir de la vigencia del Régimen de Excepción se han venido deteriorando aceleradamente el cumplimiento de los derechos humanos”, dijo Fino, pues del 27 de marzo a la fecha, el Gobierno se ha caracterizado por restringir derechos fundamentales, por ejemplo, la libertad ambulatoria “es uno de los primeros y más evidentes que se han restringido” a pesar de no estar completado en el Régimen de Excepción. “Cuando se decreta el Estado de Excepción cercaron (militarmente) algunas comunidades de Santa Tecla, meses después Comasagua; esa es una de las libertades restringidas, el derecho a reunión y de libertad de expresión son otros que han resultado lesionados dentro del Régimen de Excepción”.
Despidos en instituciones de Gobierno
Henri Fino sostuvo que el actual Gobierno no se ha caracterizado por ser un cumplidor de los DDHH. “solo recordemos cuando él tomó posesión cierra las Secretarías de la Presidencia y ahí se fueron 3 mil personas a la calle y a lo largo del periodo han seguido despidiendo gente”, recordó.
De hecho, en la sesión plenaria de este miércoles se aprobó una compensación económica para que 144 empleados del Ministerio de Seguridad, Dirección General de Migración y Extranjería y de la Unidad Técnica Ejecutiva (UTE), que fueron retiradas forzosamente. “Ha sido una característica la violación de los DDDH de este Gobierno”, concluyó fino en este apartado.
Institucionalidad
Este elemento en el Estado “se ha deteriorado enormemente”, pues Fino aseguró que en El Salvador “no hay institucionalidad”, ya que el poder se ha concentrado en manos del presidente de la República. Recordó los días que quedarán en la historia de El Salvador, como, por ejemplo, cuando un presidente intentó dar un golpe de Estado, el 9 de febrero de 2020; cuando se dio un golpe de Estado al Órgano Judicial el 1 de mayo de 2021 y el 31 de agosto cuando retiraron a los jueces mayores de 60 años.
“Él (Bukele) es el único que decide y ordena: la institucionalidad demanda no solo separación de poderes, sino que, además, el respeto de las funciones y facultades de cada uno de las instituciones”, comentó Henri fino.
A manera de ejemplo, se refirió a la Fuerza Armada, pues efectúa tareas que no le corresponden. “Si hay que ir a matar chapulines, allá va la Fuerza Armada, si hay que repartir semillas para los agricultores, allá va la Fuerza Armada. La FAES no está instituida para eso, ya no digamos lo más grave que es lo de la seguridad pública”, añadió Fino.
Avance democrático
“Nunca hemos tenido una democracia en el país, si íbamos de a poquito, imperfecta e insipiente, pero en estas circunstancias no tenemos democracia. Se pasa de un sistema autoritario a una dictadura en el momento que el presidente dijo que se iba a lanzar a la reelección, eso sucedió el 15 de septiembre, aquí estamos en una dictadura”, planteó Fino.
Fino sostuvo que con Bukele la democracia del país “retrocedió”; “la puñalada final de la democracia fue ese anuncio (de la reelección) porque es violatorio a la Constitución de la República”. El representante de la organización social planteó que no se opone a la reelección, sino a la violación de la Carta Magna.
Según dijo, en el horizonte no se ve una situación clara que pueda generar una reversión a los tres apartados debido al estado de terror “en el que se nos ha sometido”.
Rol de las organizaciones en El Salvador
Los defensores de derechos humanos “estamos permanentemente atacados”, pues a manera de ejemplo, Bukele ataca a organizaciones de derechos humanos “porque nosotros estamos señalando las violaciones a la ley, la violación de la democracia y a los derechos humanos, eso no le gusta al presidente, a Bukele lo único que le gusta son aquellos que agachan la cabeza y hacen lo que él les dice, pero las organizaciones como FESPAD, nunca lo vamos a hacer”.
En El Salvador, los defensores de derechos humanos y las personas que defienden el derecho a defender derechos, “como nunca en la historia hemos estado en mayor riesgo, no solo por las actitudes del presidente, sino que por esa actitud se desencadenan, por ejemplo, ataques en las redes sociales”.
El llamado
Para FESPAD, el Régimen de Excepción no es necesario, ya que el país cuenta con suficientes leyes, incluso, antes del 27 de marzo, para combatir la delincuencia. “Es una obligación del Estado combatir la delincuencia (…) el estado debe tener una política criminal que implique la prevención, combate a la delincuencia y reinserción”. De igual forma, instó a las autoridades a que respeten los derechos humanos, el Estado de Derecho y la institucional democrática.