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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
El Salvador estará obligado a invertir al menos $500 millones a Google para la contracción de sus servicios ofrecidos, así se conoció en horas de la noche de este martes cuando la Asamblea Legislativa se prestaba a aprobar la Ley General de Modernización Digital del Estado, ley que fue aprobada con dispensa de trámite.
La ley que fue aprobada por Nuevas Ideas, GANA, PDC, PCN y ex areneros, con lo que “operativizará la alianza estratégica del Gobierno y la empresa Google”. Este acuerdo fue anunciado la semana pasada por el Gobierno; sin embargo, no es de carácter público, solamente la ley que fue colgada en el portal de la Asamblea en horas de la noche de este martes.
Entre los considerandos de la normativa menciona que la alianza con Google tiene por finalidad “impulsar la transformación digital dentro de la República, centrándose en la eficiencia de costos y en la mejora de los servicios que brinda la administración pública, aprovechando los servicios y tecnología que brinda dicha compañía”.
Con la Ley General de Modernización Digital del Estado se faculta al Órgano Ejecutivo a negociar y suscribir los compromisos, contratos, acuerdos o instrumentos que sean necesarios para crear e implementar las alianzas estratégicas necesarias para la modernización digital del Estado, así como negociar y suscribir adendas o modificaciones a las mismas.
Asimismo, quedan facultadas, dentro del ámbito de sus competencias y de conformidad con la ley, todas las instituciones del Estado, sus dependencias y organismos auxiliares; los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; las instituciones oficiales autónomas, así como las empresas estatales, inclusive la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las municipalidades, a emitir los actos administrativos y suscribir acuerdos de afiliación y cualquier otro tipo de contratos o acuerdo con el socio estratégico a fin de implementar la Alianza.
Sobre los presupuestos para realizar este tipo de suscripciones o acuerdos, la norma legal señala en su artículo 4 que las entidades deberán establecer por cada año fiscal las asignaciones presupuestarias respecto a los servicios que deseen adquirir.
Es en este mismo artículo que establece que el Estado salvadoreño debe garantizar que la totalidad de las asignaciones presupuestarias de las instituciones del Estado que suscriban acuerdos de afiliación individualizados o cualquier otro tipo de compromisos con Google “puedan ser de al menos quinientos millones de dólares, en total, durante los ejercicios fiscales”.
Según la ministra de Economía, María Luisa Hayem, cuando presentó la iniciativa, dicha alianza será por 7 años. Es así que el Estado debe invertir en esos 7 años, al menos $500 millones.
Para la contracción de los servicios que la empresa estadounidense ofrece, la ley establece que no podrá usarse la Ley de Compras Públicas ni la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado (Ley AFI), sino que se seguirá mediante un órgano de administración que será creado en el futuro.
Diputados de oposición, como Anabel Belloso, del FMLN, criticó la medida, ya que El Salvador invertirá y no menciona sí Google también lo haría. “El gobierno anunció que Google estaba interesado en El Salvador, lo que no mencionó es que era Google Cloud y que ese ´interés´ le costará a El Salvador al menos $500 millones”.
La diputada por el partido VAMOS, Claudia Ortiz, sostuvo que “el gobierno está dispuesto a comprometer dinero público de ejercicios fiscales futuros para contratar a una transnacional. Pero no está dispuesto a pagarle el fondo de pensiones a los trabajadores. O lo que les debe a los bancos nacionales, que es el dinero del ahorrante”.
Rosa Romero, de ARENA, explicó que “la ley no está hablando que la empresa viene aquí para operar en sí. Está hablando de la adquisición de un servicio. Si la empresa viniera a instalarse no necesitaría pasar por la Asamblea”. Mientras que los diputados de Nuevas Ideas centraron su discurso en los presuntos beneficios que traería dicha alianza sin mencionar sobre los $500 millones que pondrá el Estado.
