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A un año de la salida de las caravanas de migrantes de los países del Triángulo Norte, organizaciones denuncian que políticas anti migrantes de Estados Unidos fomentan el odio, al tomar medidas inhumanas.
Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
Condenamos la injerencia a la soberanía, el chantaje económico para El Salvador, Honduras y Guatemala, a través de los acuerdos migratorios firmados con el gobierno de Estados Unidos, expresó el padre Mauro Varzeletti, miembro de la Red Internacional de Migración Scalabrini que junto a la Procuraduría Para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) y Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER) presentó un balance a un año de las caravanas migrantes que salieron de los países del Triángulo Norte.
El sacerdote y referente de la población migrante de Centroamérica, aseguró que los miles de centroamericanos que migraron a Estados Unidos, rechazaban la violencia y la pobreza extrema creada por el modelo económico neoliberal ya fallido que no beneficia a la clase trabajadora, tampoco a marginados ni sectores vulnerables.
De acuerdo a los datos presentados por las organizaciones, en el año van más de 200,000 personas deportadas de Estados Unidos; 87,703 de Guatemala, 26,351 de El Salvador y 92,990 de Honduras. Este informe es hasta fines de septiembre.
“Son personas deportadas sin el debido proceso, transformar la región norte como lugar seguro es enjaular a los centroamericanos, es impedir el derecho a migrar, es una tortura contra los migrantes porque no se les escucha su voz”, dijo Varzeletti.
Varzeletti explicó que El Salvador en lo que va del 2019, tiene un 54.4 % de aumento en las deportaciones desde Estados Unidos y México. Dato que contradice lo establecido recientemente por Estados Unidos que presentó que la región ha reducido en un 84 % la migración irregular. En cuanto a las caravanas migrantes desde El Salvador, en total fueron 3,078 personas que migraron a Estados Unidos desde el 28 de octubre del 2018 al 16 de febrero de este año.
“Este grupo de migrantes al encontrarse en diferentes países, encontraron una respuesta con la presencia de la Policía y militares, con una bienvenida a la seguridad nacional y no a la seguridad humana”, explicó Beatriz Campos, procuradora adjunta para la migración y Seguridad de la PDDH.
En El Salvador es necesario retomar las políticas migratorias, hacer revisión. El tema de la inseguridad es una de las principales causas de la migración irregular. La mayoría de las personas que buscan migrar son hombres y mujeres jóvenes, que huyen del conflicto social de la inseguridad y la falta de oportunidades, explicó Campos.
El Tercer País Seguro tiene su origen en la Convención sobre Estatuto de los Refugiados de 1951, esa base legal si tiene un enfoque de derecho, ya que establece que si una persona abandona su país, puede solicitar asilo en otro y este segundo país puede negarse y enviarlo a un tercero, pero que tenga las condiciones adecuadas para ello. El Salvador firmó un acuerdo con Estados Unidos el 20 de septiembre, que no se le denomina “Tercer País Seguro” sino un “Acuerdo entre Estados Unidos y el gobierno de El Salvador, relativo a la cooperación respecto al Examen de solicitudes de Protección”, no obstante el acuerdo implica la práctica del Tercer País Seguro.
“Como país no tenemos las condiciones adecuadas para albergar a migrantes que soliciten asilo, ya que no tendríamos mecanismos de protección internacional, por lo que se podría violentar el derecho. No podemos albergarlos y garantizarles sus derecho”, explicó Campos.
Leonel Herrera de ARPAS y ALER aseguró, que es lamentable que el gobierno de El Salvador no trasparente el acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos.
“Estos convenios se han firmado de espalda a la gente. Un presidente que se jacta de colgar todo en el twitter no tiene la decencia de hacerlo público. Este convenio debería de ser conocimiento de toda la sociedad”, explicó Herrera.
