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El Plan Territorial no está en peligro

Luego de que la Fiscalía General de la República presentó a la Asamblea Legislativa un requerimiento, para desaforar al viceministro de seguridad ad honórem y director general de la Policía Nacional Civil (PNC), comisionado Mauricio Arriaza Chicas, diversos funcionarios del Gobierno del presidente de la República, Nayib Bukele, incluyéndose, han manifestado que esa solicitud responde a un interés de la Fiscalía y la Asamblea, para echar abajo el plan de seguridad que ha implementado el Gobierno luego de iniciada su gestión. Hay que recordar que la acción fiscal surge luego de que el director desobedeció una solicitud de la Asamblea Legislativa de llevar con apremio al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya, después que este se negó, en tres ocasiones, a comparecer a una comisión especial legislativa, para que explicara la utilización de los fondos durante la emergencia por COVID-19.

Por cierto, con mucha arrogancia, el ministro Zelaya afirmaba que no acudiría a la Asamblea, porque allí “solo se llega a perder el tiempo”. Pero lo cierto es que la Asamblea Legislativa tiene toda la potestad constitucional para citar y hacer llegar a los funcionarios del Ejecutivo, incluso utilizando el apremio, es decir, obligarlos a llegar con el acompañamiento de la policía. Lamentablemente el director Arriaza Chicas se negó a cumplir la petición de la Asamblea de llevar con apremio al ministro Zelaya, y justificó su proceder, a pesar de que su misión es cumplir una orden, siempre y cuando no vaya en contra de la ley, algo que no es el caso de la solicitud legislativa, sino todo lo contrario.

Es necesario recordar que el director de Policía se ha comportado como un funcionario al servicio del presidente y no del Estado como debe ser, pues independientemente de que la PNC depende del Ejecutivo, no debe rendir obediencia ciega al Ejecutivo, sobre todo en aquellos aspectos que no están en las funciones de la policía, como encubrir funcionarios o ponerse en contra de otros órganos del Estado, siguiendo el guion de confrontación del Ejecutivo.

Hace unas semanas, elementos policiales, siguiendo órdenes superiores, trataron de impedir el ingreso de los agentes fiscales en el segundo día de allanamiento a las instalaciones del Ministerio de Salud. Unas semanas antes, miembros policiales se negaron a abrir paso a los camiones de basura de la alcaldía capitalina, en el lugar de disposición final de los desechos sólidos, en Nejapa, donde un grupo de sindicalistas afectos al Gobierno mantenía cerrado el paso solo a los camiones de la comuna capitalina.

A lo anterior hay que agregar el papel de la PNC en la incursión al salón azul de la Asamblea Legislativa, el 9 de febrero, y en el que participó el director Arriaza Chicas, en el que participó también el ejército y ha sido calificado como un golpe de estado al Órgano Legislativo. Es decir, el director de la PNC ha acumulado toda una serie de acciones que a simple vista están alejadas de su papel al frente de la corporación policial, de ahí que no era de extrañar que la Fiscalía solicitara el desafuero del oficial de policía.

Es de recordar que el desafuero ha sido solicitado luego de que el presidente Bukele lo nombrara viceministro de seguridad, para protegerlo de procedimientos penales. Lo más probable es que la Asamblea Legislativa le quite el fuero constitucional al comisionado Arriaza Chicas, y por eso es que, en un intento de impedirlo, el presidente y varios de sus funcionarios han difundido que el desafuero del director de la PNC es para afectar el Plan Control Territorial por el éxito que éste está teniendo. Esto, por supuesto, no es cierto y seguramente el ciudadano pensante lo tiene claro.

No es cierto, porque el Plan de seguridad del Gobierno no depende únicamente del director de Policía, sino de toda la corporación policial y todos aquellos que están trabajando en el tema de seguridad. No es cierto, porque el Plan Control Territorial seguirá vigente durante el quinquenio de gobierno del presidente Bukele, salvo que él lo cambie. O sea, el único que puede terminar con el Plan Control Territorial es el propio presidente, si decide cambiarlo por otro. Así de simple.

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