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El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, se tomó la atribución de exigir mecanismos propios del Ministerio Público, al solicitar un compromiso a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa para depositar los 3.3 millones dólares correspondientes a la planilla del mes de marzo, para supuestamente no caer en delito, al cancelar salarios a las supuestas plazas fantasmas en el primer órgano del Estado. La Fiscalía General de la República inició, la semana pasada, una investigación que incluyó el allanamiento de la Asamblea Legislativa en la búsqueda de información que confirmara la existencia de 1,200 plazas fantasmas denunciadas por la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa.
La denuncia del sindicato fue retomada por el Ejecutivo, desde el presidente de la República, Nayib Bukele, hasta el ministro de Hacienda, entre otros. El ministro Zelaya dijo que de ser cierta la existencia de las 1,200 plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, tal como lo afirma la dirigencia del sindicato, en el Congreso se habrían desviado cerca de 75 millones de dólares, de los 150 millones de dólares que se han transferido a la Asamblea Legislativa en los casi tres años del periodo actual y que finaliza a finales de abril próximo.
Hace más de una semana, el ministro dijo, a través de las redes sociales, que no haría ninguna transferencia al órgano Legislativo, hasta que no se aclarara el tema de las supuestas plazas fantasmas. No obstante, el ministro Zelaya informó el jueves que había solicitado al Congreso las planillas de “todos los empleados que han devengado su salario en el presente mes”. Obviamente, no es función del Ministerio de Hacienda, mucho menos del ministro, exigir las planillas de las diferentes entidades del Estado, salvo las del Ministerio de Hacienda, por lo que la Asamblea no le entregó lo solicitado en las redes sociales. Zelaya, entonces, mandó un oficio a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, para que certificara que los 3.3 millones de dólares que ha solicitado para el pago de salarios del mes de marzo que han sido devengados por los empleados.
Zelaya mostró a la prensa un oficio firmado por el diputado presidente del Congreso, Mario Ponce, en el que confirma que el fondo solicitado es para cubrir los salarios devengados por los más de dos mil empleados del legislativo.
Es de lamentar que los funcionarios del Gobierno del presidente Bukele se tomen atribuciones que sus cargos no le otorgan, ya que eso solo demuestra que en aras de seguir en la campaña política electoral de forma permanente están dispuestos a transgredir la ley, con la seguridad de que una vez los nuevos diputados tomen el control del Congreso aprobarán leyes para blindarse.
Y es que de acuerdo con la Constitución, la única obligación que tiene el Ministerio de Hacienda es transferir los fondos a los tres órganos del Estado, incluidas las autónomas, pues, cada órgano presupuesta y aprueba sus recursos y Hacienda solo debe incluirlos en la Ley del Presupuesto General de la Nación, y cada mes hacer las transferencias. Si hay plazas fantasmas como afirma el Sindicado y lo comparten los del Ejecutivo, será la Fiscalía la que determine si es cierto o no, y por ende deducir responsabilidades, y no ningún funcionario del Ejecutivo.
Ojalá que la Fiscalía logre hacer la investigación total en tiempo corto, para deducir responsabilidades, si lo amerita, y terminar con un capítulo más para la propaganda y la manipulación de la ciudadanía.
