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José M. Tojeira
Hace poco más de cuarenta años, los obispos de América Latina reunidos en Puebla, México, alertaban contra las ideologías de la Seguridad Nacional, que en aquel momento tanto habían abonado a regímenes autoritarios, golpes de estado militares, abuso de poder y violación de derechos humanos. En la actualidad en El Salvador se está proponiendo la aprobación de una ley de seguridad nacional, que en cierto modo trata rehabilitar el predominio del pensamiento militar en temas de seguridad. No es extraño que la propuesta y el apoyo a esta ley venga promovida por el general retirado Mauricio Vargas, hoy diputado en la Asamblea Legislativa y defensor de la impunidad de crímenes de guerra y lesa humanidad. Leyendo la propuesta de ley se puede advertir le modernización del lenguaje de antaño, sustituyendo la idea de guerra total, ideológica, política y policial, por frases que involucran el desarrollo y, mínimamente, los derechos humanos. Pero simultáneamente recogen términos genéricos como “amenazas, antagonismo o crisis” que puedan perjudicar Objetivos Nacionales programados a veinte años plazo. Este tipo de utilización de términos abstractos, que desde el poder podrían aplicarse incluso a una oposición o un pensamiento crítico y democrático, empalma demasiado fácilmente con una mentalidad militarista. En el Consejo de Seguridad Nacional, si bien se integra a los Presidentes de la Asamblea Legislativa y de la Corte Suprema, se les rodea de una amplia selección de funcionarios gubernamentales que más los deja como justificación de las decisiones del Ejecutivo en materia de Seguridad Nacional que como parte de los poderes de la república.
No faltaron los comentarios de diputados, algunos también exmilitares, a la propuesta del general retirado Vargas. Algunos diputados insistieron en que quienes estuvieran en el Consejo de Seguridad Nacional pasaran primero por los cursos del Colegio de Altos Estudios Estratégicos de la Fuerza Armada. La locura de que funcionarios civiles tengan que pasar por formación dirigida por militares, habla demasiado de la mentalidad antidemocrática de algunos diputados de ARENA. Pero más allá de ese tipo de retraso mental democrático, es realmente preocupante que El Salvador continúe usando conceptos de seguridad nacional que se asemejan a los de un pasado criminal.
Hemos pasado por un excesivo peso militar durante más de cincuenta años y por una guerra civil en la que la “seguridad nacional” llevó a considerar como enemigos dignos de ser reprimidos, torturados y asesinados a una buena parte de la población civil. Y ahora con una propuesta de ley que hablando de “amenazas, antagonismos o crisis” se nos quiere imponer, en definitiva, la supervisión de nuestro futuro por parte de un ejército incapaz de reconocer sus crímenes contra la población civil y que continúa obstaculizando ilegalmente procesos de justicia. Ni los militares retirados han cambiado demasiado, especialmente los que se mantienen activos en la Asamblea, ni los que están de alta dan ejemplo de civilidad. Cosa que no es tan extraña teniendo unos diputados partidarios del mundo al revés y que frente a los coroneles suelen ser obedientes y no deliberantes.
Pone al individuo al servicio ilimitado de la supuesta guerra total contra los conflictos culturales, sociales, políticos y económicos y, mediante ellos, contra la amenaza del comunismo. Frente a este peligro permanente, real o posible, se limitan, como en toda situación de emergencia, las libertades individuales y la voluntad del estado se confunde con la voluntad de la nación. El desarrollo económico y el potencial bélico se superponen a las necesidades de las masas abandonadas. Aunque necesaria a toda organización política, la Seguridad Nacional vista bajo este ángulo se presenta como un absoluto sobre las personas; en nombre de ella se institucionaliza la inseguridad de los individuos. Es urgente liberar a nuestros pueblos del ídolo del poder absolutizado para lograr una convivencia social en justicia y libertad. La llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional», que es, de hecho, más una ideología que una doctrina. Está vinculada a un determinado modelo económico-político, de características elitistas y verticalistas que suprime la participación amplia del pueblo en las decisiones políticas. Pretende incluso justificarse en ciertos países de América Latina como doctrina defensora de la civilización occidental cristiana. Desarrolla un sistema represivo, en concordancia con su concepto de «guerra permanente». En algunos casos expresa una clara intencionalidad de protagonismo geopolítico.
